Esta es una recopilación de las 4 entradas (y media) que publiqué entre los días 11 y 19 de enero.
Pueden aceder a los originales (incluidos los comentarios) en los siguientes enlaces:
Su entrada en vigor el día de Nochebuena ha puesto en evidencia que no se trataba ya de solucionar un problema de alegalidad y esas milongas que nos contaban, sino de extender un tablero sobre el cual se pudiera dirimir quién la tenía más larga (sí, porque este es un juego exclusivo de varones). Y esa conjura de los necios ha generado un problema de tal calibre que solo puede desenredarse ordenando volver a la casilla de salida. ¿Una segunda oportunidad? Sí, pero solo si se convoca a nuevos jugadores (y si estos comparecen), porque quienes han provocado esta degeneración de la responsabilidad pública en un juego de gónadas están moralmente descalificados para asumir la responsabilidad de intentar arreglarlo.
El pecado original que acabó trayendo el maleficio del Real Decreto 954/2015 está en la nefasta respuesta que, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y entre el alborozo de las burocracias enfermeras corporativa y sindical, dio la Ley del Medicamento (perdón por abreviar el título) al problema: ignorar deliberadamente que, por su propia esencia profesional y definición competencial legal, las enfermeras mantienen una relación directa e inmediata, no solo ‒que también, claro‒ mediada por los médicos, con los medicamentos y los productos sanitarios. Y que esa relación debía ser regulada para mejorar la ordenación, coordinación y seguridad asistenciales y no para dirimir otros temas que deberían haberse solventado en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias de 2003 (aprobada también, por cierto, por consenso de los grupos del Congreso).
Si el proceso de aprobación de la reforma de la Ley del Medicamento entre 2006 y 2009 tuvo muchos rasgos de sainete, lo del Real Decreto ya es de traca.
No voy a insistir en la degradación de la calidad democrática que supuso, por parte del ministro de Sanidad del Partido Popular ‒y del presidente del Gobierno y de su partido que se lo consintió‒, tener congelada la publicación del RD en el boletín oficial, por motivos puramente partidistas, durante dos meses tras haber sido aprobada, después además de andar burreando al respetable durante año y medio.
Ni en la terrible doblez que supuso la inclusión, totalmente a escondidas, del famoso inciso del artículo 3.2 que rescataba la presencia ubicua del más rancio poder médico y su interesada concepción de la enfermería como ocupación subordinada, vaciada de las capacidades facultativas que le son inherentes.
Ni siquiera en lo que hay de innoble e injusto en confundir la parte (el usurpador que representa por imperativo legal a una profesión que nunca ha ejercido) con el todo (la enfermería asistencial, docente e investigadora que es un pilar básico en el sostenimiento del sistema sanitario) y tomar a esta como saco de golpes para responder a las bravuconadas, exabruptos y amenazas de aquel. La profesión no tiene la culpa, al menos no en este plano, de que sus representantes legales se hayan convertido, por méritos propios sin duda, en los apestados políticos, con los que nadie quiere tener nada que ver, que son hoy en día.
No: lo que resulta increíble es la absoluta incompetencia de un equipo ministerial y del lobby médico que le embaucó, responsables en comandita de la redacción de una norma de desarrollo que es un completo desatino, sin siquiera previsiones transitorias que al menos hubieran paliado la transición hacia ninguna parte que realmente supone. Y que no solo está generando ya problemas graves que afectan a las relaciones humanas que sostienen y articulan las actividades sanitarias en el día a día, sino que hace imposible el desarrollo y la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en el propio decreto. Como a día de hoy ya saben de sobra, no sé si lo reconocen, sus perpetradores el real decreto implosionó en el mismo momento de su entrada en vigor.
No me digan que en el pecado no va la penitencia: esta gran negligencia nos devuelve necesariamente a la casilla de salida, justo lo que todos ellos querían evitar, que es la revisión, no ya del decreto, sino del artículo 79 del Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Nos devuelve... si se confirma que hay vida inteligente dentro de la enfermería, que debería ser capaz de exigirlo e imponerlo. Y eso abriría, como decía al principio, nuevas oportunidades que de otra forma no habrían existido en largos años.
Como es sabido, dentro de este debate jurídico-político hay dos corrientes dentro de la enfermería:
- La de quienes quieren poner a la profesión a la altura de los tiempos, dotándola de los medios y competencias requeridas para poder ejercer hasta el límite de sus competencias legales atribuidas. Proponen una reforma de la ley, es decir de la regulación legal, algo que un decreto de desarrollo no puede suplir.
- Y la de quienes a todo lo que aspiran es a "legalizar" lo que ya vienen haciendo las enfermeras sin cobertura legal, aunque también sin problemas relevantes hasta que se aprobó el decreto, en sus centros de trabajo. Naturalmente, previa realización de un fantasmal curso de acreditación estatal que nutra sus arcas y tape sus vergüenzas. Proponen una reforma del real decreto, es decir de la reglamentación, dando por buena, tácita o expresamente, la regulación legal.
Lo que sucede es que es esta ala conservadora la que ostenta la capacidad de representación del colectivo en su conjunto. El resto de la profesión, como bien se han encargado de asegurar estos burócratas ‒a diferencia, por cierto, de la conservadora profesión médica, que se ha dotado de un Foro de la Profesión inclusivo‒, es mantenida férreamente al margen de cualquier mesa, foro, ámbito, acuerdo, pacto, comité, comisión, mesa camilla o tresillo en los que se negocien decisiones políticas que puedan marcar el futuro de la profesión.
Es decir, la visión y las propuestas de la enfermería, digamos, progresista no han estado representadas en el debate político, de ahí que difícilmente podrían haber sido siquiera planteadas como material de trabajo. Ha sido precisamente la incompetencia que han mostrado tanto los negociadores enfermeros como sus contrapartes político-administrativos lo que va a forzar, con total seguridad y con el carácter todo lo inmediato que permita la volátil situación política actual, la suspensión o modificación provisional del real decreto: es decir, la reapertura de un debate que ya no podrá ser como el mantenido hasta ahora, ni por parte del regulador ni por parte de una representación formal de la enfermería que ha quedado herida de muerte en su liderazgo interno y relegada como un walking dead político.
Eso representa una oportunidad para los liderazgos enfermeros emergentes... si ellos quieren. Porque a veces parece que no pierden la oportunidad de perder la oportunidad.
Cuando el viernes 23 de octubre el ministro Alonso anunciaba junto a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que el Consejo de Ministros había aprobado el Real Decreto 954/2015, con la inclusión sin aviso previo del artículo 3.2 de marras, Máximo Il Dottore González tuvo que pasar el peor de los 10.256 días que llevaba como presidente del Consejo General de Enfermería de España. Y miren que los ha tenido malos, cada vez que los medios de comunicación o la propia policía ‒UDEF‒ le han implicado en tantas corrupciones, corruptelas y conspiraciones que estadísticamente alguna tendrá finalmente que concretarse en sede judicial.
Ninguna de las 1.465 que llevaba en el cargo, como la semana que cerraba el mes de octubre, Il Dottore había estado tan débil, deprimido y vulnerable, después de pasar el fin de semana como Prometeo desatado, desbarrando, amenazando, insultando, mostrando su frustración y perdiendo la compostura: dejando patente, en fin, ante todas las enfermeras y enfermeros de España que, pese a su arrogancia, su prepotencia, sus abrigos tan apañaos y su férrea mano contra los débiles, era un don nadie absoluto para los fuertes de verdad: esos que no necesitan decir lo fuertes que son para que se sepa que lo son. Y para demostrarlo cuando hace falta sin necesidad siquiera de levantar la voz.
Lo sorprendente es que la oposición enfermera no entendiera que las estrellas estaban por fin alineadas, que era el momento esperado y propicio para asestar el golpe definitivo al dinosaurio. Que era necesario agrupar en una sola voz a toda la profesión partiendo del conglomerado de colegios, sociedades, asociaciones, sindicatos y líderes de opinión que abominan del impuesto e ilegal liderazgo de Il Dottore. Que había que abandonar el síndrome de cabeza de ratón y conjurarse mezclando el poder legal y mediático del brazo institucional con la fuerza agitadora de las bases profesionales en pleno proceso de organización. Con visión, generosidad y unidad.
Eso se llama política. Y las cosas solo se cambian con política.
Pero no, no ocurrió: una vez más no se supo hacer política.
Por eso, cuando despertaron el dinosaurio aún seguía allí.
Conforme fueron transcurriendo las semanas desde la aprobación del Real Decreto 954/2015 sin que este fuera publicado en el boletín oficial, dentro de la enfermería fue calando la convicción de que jamás entraría en vigor lo que el consejo de ministros había bendecido. Se había estado abonando el terreno gracias a los 'bolos' por provincias, con la necesaria amplificación de los medios sanitarios afines, de los representantes de la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, que habían recorrido el país de sur a norte recabando posicionamientos políticos de los gobiernos autonómicos y partidos políticos en plena campaña electoral. Las declaraciones acumulativas de los responsables políticos, afirmando que anularían el real decreto en cuanto llegaran al poder, se interpretaron, en plena campaña electoral, como un toque de atención al Gobierno de la Nación, que jamás se atrevería a culminar el desatino y lo solucionaría haciendo como si nunca lo hubiera aprobado. Se atrevió.
Probablemente por eso, la publicación del decreto el día 23 de diciembre pareció pillar descolocada a la profesión, comenzando por sus líderes: habiendo tenido dos largos meses para prevenir el tsunami que se produciría en caso de que, como finalmente sucedió, la inconsciencia negligente del ministro de Sanidad liberara su particular kraken, parecía haberse vivido en un estado de ensoñación o simplemente fue que los focos mediáticos no tenían más objetivo que una campaña electoral que amenazaba con dejar una España que "no la reconocería ni la madre que la parió" (Alfonso Guerra, 1982). Como así fue... más o menos.
Y el día 23 de diciembre se desató una cierta locura. Desde las instituciones enfermeras, empezando por ‒pero no acabando en‒ la Mesa Estatal, se transmitió la noción de que la publicación del decreto suponía hacer tábula rasa, desde el mismo minuto cero, con todos los protocolos, guías, acuerdos, instrucciones y convenciones; explícitas e implícitas; estatales, autonómicas o cantonales; escritas, orales o mediopensionistas, en base a las cuales se venía funcionando en los centros sanitarios, soslayando la alegalidad ‒transmutada ahora en ilegalidad‒ que se derivaba de una legislación aprobada hace ya unos añitos pero no desarrollada hasta la fecha: a partir de ese minuto cero, cualquier medicamento o producto sanitario que usara o indicara una enfermera sin-orden-por-escrito-del-médico-justificada-en-base-a-un-protocolo-validado-en-los-términos-previstos-en-el-real-decreto suponía incurrir en un hecho delictivo contenido en el código penal (véase el fino estilismo bondage del póster de Satse), denominado intrusismo:Art. 403.1. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.Pero, ah, desde otros ámbitos y por otros expertos se nos advertía adustamente de que hacer caso a lo anterior podría conllevar un alto riesgo de incurrir en otro supuesto delictivo contenido asimismo en el código penal, denominado omisión del deber de socorro:
Art. 196. El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.
Es decir, perdón por lo chusco de la expresión: "ojito si sí; y ojito si no". Las enfermeras/os, ¿qué opinan al respecto? (pinchar para ampliar).
A diferencia del juego de las siete y media, parece que se perciben más riesgos en no llegar que en pasarse.
2. Nudo.
Ya ha habido antes que yo quien, desde una sólida visión jurídica, ha tratado de poner algo de racionalidad en el debate y de mesura en la expresión de las opiniones, todas respetables desde un punto de vista democrático, pero no en cuanto a su consistencia técnica. Mi punto de vista, que trata de ser complementario, es bastante más pragmático: tiene que ver con la realidad laboral de la mayoría de las enfermeras y enfermeros, que tienen un empleo asalariado en empresas o entidades públicas o privadas; tienen, por tanto, un empleador que les indica cuáles son, dentro del marco legal profesional y laboral, las funciones, actividades y tareas concretas a desarrollar en sus puestos y se hace (o le hacen) responsable por las consecuencias de los actos de sus empleados hasta el punto en que estos hayan respondido a aquellas indicaciones.
Un empleado que se ve potencialmente afectado por un cambio en la reglamentación general no es responsable directo de adaptar, respondiendo a su propio criterio interpretativo subjetivo, que además no tendría por qué coincidir con el de los otros empleados, sus actividades a la nueva legislación, sino que debe ser informado por su empleador sobre el alcance real de la norma y además serle explicitado de manera detallada cómo debe adaptar sus funciones y actividades a las nuevas exigencias legales o reglamentarias. Otra cosa es lo que haga un profesional liberal en su consulta propia, dado que él es su propio empleador.
Imaginen que la legislación sobre transporte por carretera modifica los descansos obligatorios que debe realizar el personal para, además de mejorar su protección como trabajadores, garantizar la seguridad vial, es decir, para proteger derechos tan fundamentales del resto de los ciudadanos como son su integridad física y su vida. ¿Piensan de verdad que es cada conductor (asalariado) quien debe conocer, estudiar y decidir por su cuenta y riesgo cómo interpretar y trasladar dichos cambios legales a su praxis conductora o reprogramar por su cuenta el tacógrafo del autocar o camión? Claro que no, es la empresa quien tiene la responsabilidad de comunicar pormenorizadamente a cada uno de sus empleados los cambios a introducir, desde cuándo y de qué manera exacta hacerlo, asegurándose de que las nuevas instrucciones han sido debidamente entendidas. Otra cosa es el camionero autónomo en su camión propio, dado que él es su propio empleador.
En el caso del personal estatutario, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud reconoce en su artículo 17.1 que el personal estatutario de los servicios de salud ostenta el derecho...
j) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos.Y, complementariamente, el artículo 19.d determina que viene obligado a...
d) Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con las funciones propias de su nombramiento, y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo.
Aun así, la Mesa Estatal envía una carta al cuarto de millón de colegiados en la que les "informa" de que:
Como consecuencia de la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto, a partir de este momento:No solo se amenaza, si no se siguen las instrucciones ordenadas por la Mesa, con la comisión de un delito, cuya tipificación depende de circunstancias que ni por asomo se producen ni pueden producirse (salvo extravagancias) en este contexto, sino que se amenaza con que el seguro de responsabilidad civil, que en la mayoría de los casos sí está suscrito a través de las corporaciones colegiales, dejará indefenso al insumiso si finalmente es denunciado por intrusismo.
- NO PODRÁN REALIZARSE [mayúsculas, en el original; las negritas posteriores son mías] actuaciones que habitualmente veníamos realizando con medicamentos sujetos a prescripción médica, si no contamos con una prescripción específica del médico para cada paciente, como por ejemplo para:
· vacunar bajo un calendario o protocolo de vacunación,
· utilizar o indicar determinadas pomadas para la realización de curas de heridas o úlceras por presión (ej. Colagenasas),
· la utilización de todo tipo de heparinas para el mantenimiento de vías periféricas o centrales,
y tantas y tantas actuaciones que en el día a día veníamos realizando de forma autónoma o en aplicación directa de protocolos, que a partir de hoy dejan de tener vigencia, en tanto en cuanto no cumplan con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto.
- Ninguna enfermera/o debe usar ni indicar a ningún paciente/usuario medicamentos sujetos a prescripción médica si no está prescrito por el médico y por tanto escrito así en la historia clínica del paciente o en otros documentos sanitarios que tengan validez legal.
- No debemos aceptar órdenes verbales, y muy especialmente en lo relativo al uso de medicamentos sujetos a prescripción médica.
- Si las enfermeras/os no dejamos de realizar las actuaciones, hasta ahora habituales, que desarrollábamos en relación a dichos medicamentos podremos incurrir en intrusismo profesional con las graves consecuencias que ello puede tener.
- Es importante que tengamos en cuenta estas consideraciones ya que todas las actuaciones que puedan incluirse en lo descrito anteriormente, de realizarse de forma autónoma por la enfermera, estarán excluidas de la cobertura de nuestro seguro de responsabilidad civil y por tanto, nos encontraremos en total inseguridad jurídica ante posibles denuncias que conlleven la imputación de los profesionales por un delito de intrusismo profesional por realizar actuaciones que invaden las competencias de otra profesión y que la normativa expresamente no nos habilita para realizar.
Para más inri, en el escrito se dice:
En todo caso, desde la Mesa de la Profesión Enfermera tenemos preparados unos escritos que podrás dirigir tanto al Gerente como a la Dirección de Enfermería de tu centro, con el fin de que tengas la total seguridad y garantía jurídica en el ejercicio de tu actividad profesional.Y sin embargo dichos escritos nunca han sido, no sé si preparados como dice la carta, pero desde luego no enviados ni difundidos. Se inducen conductas socialmente reprochables, administrativamente sancionables y hasta penalmente imputables y después... se abandona a su suerte al profesional para que se busque la vida. El Consejo y Satse tiran la piedra y esconden la mano.
Lo que hace esta gente, sobre todo porque lo hacen desde la posición de superioridad que les concede ostentar la máxima representación de las dos organizaciones enfermeras más poderosas, no es ni justo ni necesario y tiene un punto de vileza: desvían la responsabilidad sobre el conflicto político que no han sabido resolver y, tratando de utilizarlas como punta de lanza, intentan depositar la carga sobre los hombros de cada enfermera que sea tan insensata como para confiar en que dichas organizaciones responderán solidariamente de las posibles consecuencias administrativas, civiles o penales de los actos que están induciendo.
Lo que se hace, en fin, es convocar de manera difusa y confusa una huelga competencial. ¿Hay quien les escucha? Lo cierto es que a día de hoy, martes 12 de enero, tras unas largas vacaciones navideñas la Mesa está missing, suponemos que no de vacaciones prolongadas, sino cabildeando (como es su obligación) para tratar de paliar el desastre, así que a día de hoy no se ha seguido caldeando el ambiente.
3. Desenlace.
Aunque no tiene, ni creo que lo vaya a tener, carácter de epidemia, sí se han descrito casos en los que enfermeras particulares han seguido las indicaciones de la Mesa, o quizás su propia forma de entender las cosas, y sin encomendarse ni a dios ni al diablo han puesto en práctica la huelga competencial. Lo cuentan ellos mismos y se difunden los casos a través de las redes sociales, chats, whatsapp...
No seré yo quien condene moralmente estas acciones ‒aunque sí políticamente‒, ya que supongo que son producto de la frustración, de actuar tal vez con más corazón que cabeza; de hecho, cuando se comentan no se alardea de ello (al menos en los casos que he podido seguir de primera mano), sino que normalmente se lamenta haberse visto en la tesitura de tener que llegar a esa situación.
Hay que distinguir, además, entre acciones que suponen una advertencia a los médicos o a la dirección de que no se van a seguir asumiendo determinadas actuaciones, dando ocasión a estos para que preparen medidas alternativas correctoras; y acciones que directamente comportan la denegación de servicio a pacientes, ciudadanos protegidos en derecho por el sistema sanitario público (resulta altísimamente improbable que pudieran haber tenido lugar en centros privados sin que el protagonista lo cuente desde la calle, aunque por supuesto el real decreto afecta al sector privado exactamente igual que al público).
En el primer caso, supongo que se habrán calibrado los riesgos y, dado que no pueden existir lesiones de derechos particulares, todo queda en la extraña derivación de un conflicto político hacia un problema de régimen interior de un centro o unidad.
Pero en el segundo caso y desde un punto de vista práctico ‒y sin introducir consideraciones de orden moral, deontológico o ético para las que no soy quien‒ me parece mucho más arriesgado para la seguridad jurídica y laboral de los protagonistas incurrir en estas denegaciones de servicio que continuar aplicando el protocolo habitual, ya que en ningún momento se le ha indicado por parte de su centro o unidad que debe dejar de hacerlo. Si es una posición reivindicativa, pretendidamente ejemplarizadora para el sistema, no creo que estas acciones de francotirador conduzcan a ningún lado, ni que sea el nivel del sistema en que sea efectivo plantearla, salvo que se persiga una reacción por parte del paciente, el servicio de salud o ambos que obligue a abrir un debate que está siendo sumergido (a veces las cosas necesitan de mártires para avanzar). Finalmente, produce molestias o sufrimientos innecesarios a pacientes a los que, de alguna manera, se ha tomado como rehenes en una guerra que no es la suya. Son acciones totalmente contraproducentes a corto y medio plazo para la profesión, en mi modesto punto de vista (y aportaré más adelante algún otro argumento).
Pero lo peor es constatar lo desestabilizador para la vida interna de los centros y peligroso para las relaciones profesional-paciente que puede resultar este silencio inexcusable de los responsables de los servicios de salud. Repaso esto el día 11 de enero, a las 18.00 horas, y excepto al parecer Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ‒aunque he sido incapaz de encontrar la circular en su web‒ y únicamente para el caso concreto de la vacunación, ni el Ministerio de Sanidad ni ningún servicio autonómico de salud ha dado, 20 días después ya de su entrada en vigor y más de 80 desde el anuncio de su aprobación por el consejo de ministros, instrucciones a sus profesionales de enfermería sobre el alcance del Real Decreto 954/2015 y sobre la posible necesidad de adaptación de sus actividades al mismo. O, sencillamente, de que no es preciso introducir ningún tipo de cambio en los protocolos y actividades desarrolladas, que las cosas siguen como antes y que el real decreto es papel mojado. Pero deben ser las estructuras políticas de dirección de los servicios de salud quienes asuman las responsabilidades por el posible incumplimiento de la normativa y no los propios profesionales. Igual deberían piar menos en la prensa contra el decreto y trabajar más en su casa para neutralizar sus efectos. Ni siquiera, fíjense, creo que deban ser las estructuras directivas asistenciales quienes lo hagan, debiendo limitarse estas a trasladar a los profesionales las decisiones de los responsables políticos.
[Actualización 13/01/2016, 11.30 h: Me acaba de pasar @sendoaBP la carta completa del consejero vasco de Sanidad, accesible pinchando aquí. Es mucho más explícita y completa de lo que suponía y abunda en lo aquí expuesto sobre que "la vida sigue igual"]
Resumiendo, me parece más interesante otra forma de actuar, que se está produciendo tanto de manera auto-organizada en algunos grupos o foros enfermeros (en nuestro grupo de facebook pueden encontrar un ejemplo) como por parte de asociaciones "de base", por ejemplo esta de la Asociación Madrileña de Enfermería. La iniciativa consiste en solicitar a las direcciones de los centros y servicios de salud "instrucciones detalladas sobre el modo de proceder ante los aparentes cambios que supone la aplicación del RD, así como los canales de comunicación y difusión idóneos a través de las direcciones asistenciales, supervisores y responsables de enfermería".
También algunos colegios de enfermería opositores (los balantes solo hacen de voceros del amo) están actuando, no solo con comunicados, sino con jornadas de reflexión y debate que permiten difundir entre los profesionales una visión alternativa de la "oficial" e ir generando masa crítica profesional, como por ejemplo en Baleares el pasado 7 de enero o la Comunidad Valenciana, hoy mismo; también anuncian peticiones de explicaciones a sus respectivos servicios de salud. Creo que es el buen camino... aunque aún hacen falta sin duda muchas sinergias.
4. Un 'mundo de cosas'.
He escogido para encabezar esta entrada una frase de Luigi Pirandello, en su obra Seis personajes en busca de autor, para ilustrar lo complicado que es ponernos de acuerdo en cosas que verdaderamente nos importan, porque todos llevamos dentro nuestro propio 'mundo de cosas' que utilizamos para codificar y descodificar la información en función de nuestros valores, actitudes y conductas. Vemos la realidad de diferentes maneras, la interpretamos según nuestro 'mundo de cosas'... y nos desesperamos porque los otros vean la realidad y la interpreten según su propio 'mundo de cosas'.
A mí, que quedo fuera en mi vida profesional de las posibles consecuencias de este embrollo chapucero, incluso de la vivencia en primera persona del agravio y falta de consideración, lo que me parece en mi 'mundo de cosas' mucho más grave es que las consecuencias que todo esto pueda tener sobre aspectos estratégicamente mucho más importantes para el avance de la profesión (la respuesta afectiva de los pacientes; la visibilidad de los cuidados de enfermería; la imagen de la enfermería como profesión facultativa; el desprestigio de las élites enfermeras y su efecto-contagio sobre la profesión como agente social y sanitario) no parecen estar siendo calibrados ni, en muchas ocasiones al menos, incluidos en el análisis como variables dependientes.
Quiero reproducir aquí, porque creo que no es mejorable (por mí mismo, me refiero) un texto que ya utilicé hace dos semanas:
Hasta aquí, mi análisis de los hechos y de su contexto, que espero que les haya servido de material complementario para el suyo propio. Mañana trataré de explicar algunas ideas que yo vislumbro como necesidades/posibilidades para la superación, no solo de esta situación concreta (no se preocupen, quedará en nada tras una moratoria o "suspensión transitoria" del real decreto ‒que será vendida por la mesa-de-dos-patas como una victoria, cosas más estrambóticas se han visto‒ y volverá todo a la casilla de salida), sino del contexto general empobrecido, frustrante y subordinado al que unos liderazgos inadecuados y tóxicos han conducido, tras 30 años de autocracia con apariencia democrática, a una profesión fundamental. No porque yo lo diga ni por prodigar esas satisfacciones emocionales que justificadamente esperan muchas enfermeras y enfermeros, sino porque sin una enfermería avanzada, renovada y exigida no será posible afrontar algunos graves retos de futuro que se están planteando y que no pueden atenderse con garantías solo desde el convencional 'mundo de cosas' médico y político.
Las dos organizaciones que componen la Mesa Estatal de la Profesión de Enfermería, Consejo General de Enfermería y Sindicato de Enfermería-Satse, tras unos días de merecido descanso navideño (nuestro, me refiero) vuelven a la carga contra el Real Decreto 954/2015, con una intensa y dura campaña (especialmente por parte de Satse en lo icónico y en las redes sociales). Muy dura, tanto que el personal, excepto los acólitos que siempre jalean y piden más sangre, está alucinando en colores.
Como pasa con todo en la vida, para entender qué hacen y cómo lo están haciendo es fundamental identificar bien por qué lo hacen; y para ello, conocer y entender el contexto histórico recientees esencial.
El señuelo era firmar sendos acuerdos con las mesas
profesionales de médicos y enfermeros. En el caso de enfermería, que es el que ahora nos
compete, no se trataba de un acuerdo cualquiera, sino de un acuerdo "histórico" que contemplaba...
"compromisos tan relevantes como la profesionalización de la gestión clínica en base a méritos, conocimientos y competencias; el desarrollo definitivo tanto de las especialidades como de la prescripción enfermera, la gestión optima de los recursos humanos en base a las necesidades de los pacientes (...) fomento de políticas activas de promoción de empleo enfermero en nuevos ámbitos de actuación; las bases para el desarrollo conjunto del futuro Registro Estatal de Profesiones Sanitarias, y el compromiso de implantar en toda España la Directiva Europea 2010/32/UE, de 10 de mayo, del Consejo Europeo, por la que los países comunitarios están obligados al establecimiento de medidas de bioseguridad que minimicen la exposición a enfermedades de transmisión sérica"El único punto que se ha cumplido ha sido este último... y sabe Dios que bien, ya que se aprobó exactamente el mismo día de la foto en La Moncloa (por cierto, no por parte del Ministerio de Sanidad, sino por el de Trabajo). Claro que había una directiva europea ya incumplida en los plazos, que apremiaba.
Y pasó el tiempo, hasta que Gürtel se llevó por delante a la ministra, que fue sucedida por Alfonso Alonso, hombre de la máxima confianza de Rajoy.
AL cabo de unas semanas de llegar al Ministerio, en diciembre de 2014, Alonso se reunió con la Mesa. Confidencia por confidencia, el ministro les confió que "no entendía muy bien porque no se ha[bía] desarrollado el pacto todavía" y los interlocutores le respondieron "con toda la educación del mundo, pero también con toda la crudeza porque llevamos un año y medio de retraso y ya no caben más retrasos". Dicho y hecho (pero aún tendrían que transcurrir casi tres meses más): el Ministerio envió un borrador de real decreto al Consejo Interterritorial (marzo 2015), que lo aprobó por aclamación popular, y luego al Consejo de Estado para el preceptivo informe, quien también lo aprobó finalizando julio de 2015.
A la vuelta del verano, el Ministro anuncia que, una vez cumplidos los trámites de rigor, el decreto será enviado al Consejo de Ministros para su inminente aprobación... pero cada jueves, tras celebrarse el miércoles el consejillo de Subsecretarios, la prensa sanitaria lo tiene fácil para titular la información: "La prescripción enfermera tampoco se aprobará este viernes".
Así, dos meses, debido a "problemas técnicos formales" encontrados por los subsecretarios... pero que en realidad escondían unas negociaciones secretas con la Organización Médica Colegial, quien sin levantar la voz, sin proferir amenazas ni insultos, sin apoyo siquiera de la jurisprudencia (el Tribunal Supremo había refrendado en mayo de 2013, frente al recurso de la OMC, la capacidad prescriptora de personal sanitario distinto de los médicos), demostró que cabildear es un verbo que se conjuga mejor con discreción, con estrategia y con prestigio, que con alharacas, improvisación y fondos de reptiles.
Para entender la reacción actual del Consejo General y el Sindicato Satse es fundamental recordar que una condición que impuso el Ministerio para acceder a firmar los Acuerdos fue que el Consejo General sumara al mismo a otras organizaciones, al igual que ya había hecho dos años antes la Organización Médica Colegial.
Ello forzó a Máximo González y Víctor Aznar a retomar, siquiera simular públicamente, las relaciones personales y políticas −pero sobre todo personales− que habían roto 22 años antes, en 1991, y que desde entonces se habían caracterizado por el odio visceral, el rencor y el mutuo desprecio. De hecho, la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera se creó exactamente mes y medio antes de la firma de los acuerdos. Ad hoc.
Ese apretón público de manos tuvo que ser uno de los peores tragos de todas sus vidas y desde luego supuso un enorme sacrificio personal para ambos, especialmente para Máximo González creo, cuya personalidad y condiciones son ya bien conocidas y publicitadas. Si lo hicieron, vamos a concedérselo, fue porque se trataba de unos contenidos importantes para la enfermería en los que ellos, cada uno en su casa y Dios en la de todos, no habían conseguido avanzar ni un poquito en 20 años. Porque ese era el tiempo que algunos desarrollos llevaban negociándose. Alguno (especialidades), casi 30. Y también, por qué negarlo, porque existían ciertos intereses comunes relacionados con cursos de formación prescriptora, acreditación de profesionales, etc. Pero eso sin duda eran bagatelas, para nada el leit motiv principal, que era el desarrollo de la profesión.
Que luego no solo no se desarrollara ni un solo aspecto de los acordados; que finalmente el único avance sobre el que parecía haber acuerdo y donde se habían dado pasos que auguraban un buen desenlace se truncara entre una enorme risotada de los enemigos que se habían ido creando, dejando en un ridículo postentoso a los negociadores y amenazando de hecho, porque es así, unos inveterados e incuestionados liderazgos internos que descansan (¿descansaban?) en su condición de superhéroes; que además la escenografía, la música y el libreto hubieran sido tan deliberadamente crueles y agónicos es algo que ni Máximo González ni Víctor Aznar podrán olvidar el resto de sus días.
Este es el contexto de la situación actual tratando de meterse en el pellejo de algunos de sus principales protagonistas, tal como yo lo percibo. Saquen ustedes mismos las conclusiones (y pautas de actuación).
En las dos y media entradas anteriores (Cuando despertaron, Mundo de cosas y Fallen, que por cierto aclaro para quienes no entendieron el título que no se trata de una declinación del verbo fallar sino el nombre genérico dado a Azazel, el ángel caído, transmutado en demonio; ¿lo cogen ahora?) he tratado de contextualizar y dar mi versión/visión/opinión sobre el infaustamente famoso Real Decreto 945/2015.
Mi punto de vista sintético, antes de empezar: sin cuestionar que sea necesario regular de alguna manera este tema, como tantos otros, este decreto es un verdadero embrollo que no sirve a nada ni a nadie: SNS, pacientes, enfermeras, médicos, farmacéuticos o gestores; que no solo no soluciona los problemas que se supone que iba a subsanar, sino que en vez de ello crea problemas que no existían; que es una humillación gratuita que persigue deliberadamente echar leña al fuego de unos profesionales, enfermeras y enfermeros, ya suficientemente machacados, ninguneados y cabreados. Que, por cierto, hasta el momento se están comportando con una madurez admirable frente a los impresentables que dentro y fuera de la profesión están tratando de arrastrarlos a un precipicio, tratando de azuzar sus instintos más primarios.
Que es, en definitiva, una victoria pírrica para unas élites médicas que deberían abandonar su obsoleta concepcion geocentrista y salir al exterior, leer, vivir, mezclarse, abrirse más a las nuevas realidades. Analizar cómo se están solucionando en otros sitios los mismos problemas que aquí tenemos y comprender que tradicionalmente la Medicina-Institución ha sido políticamente irrelevante como agente de adaptación evolutiva (por favor, no se me tome la parte por el todo: hablo estrictamente de esa dimensión) de los servicios sanitarios modernos, empezando por la manera en que ha dado neciamente la espalda a la atención primaria y ha funcionado como lobby hospitalario (y de paso de la industria, pero esa es otra): los lobbies médicos convirtieron en usual la política de contención, poner barreras al progreso que no consiguieron sino retrasar cinco, diez, veinte años lo que era inevitable y al final acabaron aceptando como necesidad. No voy a decir "aquí y en Lima" porque lo desconozco todo sobre la sanidad peruana, así que diré "Es España o en Canadá, en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, en Australia...".
Más, por cierto, allí donde existen los colegios (órdenes, cámaras, asociaciones) médicos obligatorios, con sus prerrogativas decimonónicas que incomprensiblemente subsisten en pleno siglo XXI. Poco a poco y en algunos países −¡pero no en la Vieja Europa de la que formamos parte!− están atravesando un proceso de adaptación a las nuevas realidades sociales y sanitarias. Afortunadamente.
La "prescripción enfermera", de una u otra manera, con mayor o menor desarrollo, pero en ningún caso con la obcecación burocrática que aquí se ha intentado, es una realidad en casi todos los países con sistemas sanitarios avanzados, especialmente en Estados Unidos y Canadá (más irregularmente, dependiendo de la provincia), en la Europa Anglonórdica o en los países de la Commonwealth de Oceanía. Y no ha pasado nada, los médicos están encantados, las enfermeras deciden hasta qué nivel desean acreditarse como parte de su carrera profesional y la seguridad y calidad asistenciales, en el peor de los casos, no ha empeorado.
Por cierto, en Andalucía, España, llevan casi siete años con un desarrollo razonable de la "indicación, uso y autorización de dispensación" de medicamentos y productos sanitarios, incluso en algunos programas con fármacos de receta médica; y ¿ha oído usted los lamentos e imprecaciones de los médicos andaluces? Yo tampoco.
Ahora bien, si alguien desea amenazar con el apocalipsis, simplemente porque cree que le roban la cartera competencial de-toda-la-vida-de-dios, por lo menos que no dé mucha lata. Y sobre todo que no utilice el nombre del paciente en vano, que es pecado deontológico grave.
En lo que sigue, me voy a centrar en el aspecto que está dando lugar a la disputa actual: al uso, utilización, administración (llámelo equis)... de medicamentos de prescripción médica obligatoria y productos sanitarios por parte de las enfermeras/os. Yo pregunto a los profesionales de la medicina, también −pero no solo− a sus ilustres representantes corporativos. Estimado doctor:
- P1. Dígame algo, una sola cosa, en la que estemos ahora mejor que el pasado 23 de diciembre, día anterior al que entró en vigor el real decreto. Y no me conteste en abstracto ni con la retórica a las que somos todos tan aficionados cuando hablamos de estas cosas: no me diga "gana la seguridad de los pacientes", sino "en qué gana, en concreto, la seguridad de los pacientes", qué problemas había el día 23 de diciembre que ahora, con la coalición Ministerio de Sanidad del PP − Mesa de la Profesión Médica, se van a solucionar de manera satisfactoria.
- P2. ¿Hay algo en la realidad de los centros y unidades asistenciales que antes pasaba que, desde su punto de vista, debía ser radicalmente subsanado en relación con el uso de medicamentos por parte de las enfermeras/os?
- P3. ¿Existían problemas reales de calidad y seguridad en los cuidados y tratamientos que venían prestando las enfermeras, siempre hombro con hombro y cabeza con cabeza con los médicos, relacionados con la indicación o uso de medicamentos y productos sanitarios? Si es así, ¿dónde? ¿En las plantas de hospitalización, quirófanos, UCIs y unidades coronarias, puertas y boxes de urgencias, unidades diagnósticas hospitalarias? ¿En salas de diálisis, hospitales de día oncológicos, unidades del dolor o cuidados paliativos? ¿Tal vez en centros de salud, consultorios locales, dipositivos de salud mental comunitaria, puntos de atención continuada o centros de atención a drogodependientes? ¿Dispositivos de emergencias y transporte sanitario? ¿Residencias asistidas, geriátricos, unidades de media y larga estancia, centros de día, comunidades terapéuticas? ¿Centros de transfusiones? ¿Servicios comunitarios, de salud mental o paliativos domiciliarios? ¿Escuelas, prisiones, empresas, balnearios, polideportivos, ONGs?
- P4. ¿Cree de verdad factible gestionar el día a día en unos centros sanitarios donde las enfermeras (suficientemente experimentadas) no tengan determinados grados de libertad a la hora de usar e indicar medicamentos y productos sanitarios, todo lo tasados y evaluables que se desee, pero siempre en función de las necesidades reales del servicio a los pacientes y no de lo que a cada uno de los médicos en cada uno de los centros y en cada uno de los momentos (por no añadir en cada una de las guardias) les venga mal o bien?
- P5. ¿Cree, por el contrario, que lo que puedan o no puedan hacer las enfermeras deberá ser indicado expresamente en cada caso particular y según su libre albedrío por el médico responsable de la asistencia médica de la unidad o centro, esté o no esté recogido en los reglamentos o protocolos?
- P6. ¿Cree que todas las enfermeras de su unidad o centro (de usted) deberían, desde este exacto momento, cumplir sin excepciones y literalmente lo que establece el artículo 3.2, párrafo segundo, del Real Decreto 954/2015...
En todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones contempladas en este artículo ["indicar, usar y autorizar la dispensación"] respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir, validado conforme a lo establecido en el artículo 6. Será en el marco de dicha guía o protocolo en el que deberán realizarse aquellas actuaciones, las cuales serán objeto de seguimiento por parte del profesional sanitario que lo haya determinado a los efectos de su adecuación al mismo, así como de la seguridad del proceso y de la efectividad conseguida por el tratamiento.
...es decir, esperar, primero, a estar convenientemente acreditados y después esperar a que se apruebe cada uno de los cientos de protocolos, con el procedimiento (no precisamente "abreviado") que prevé el propio Real Decreto para poder "usar" cualquier fármaco o producto que no sea de libre dispensación?
1. La elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial se efectuará en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
2. A los efectos de la elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, se garantizará la representación tanto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como de las comunidades autónomas, las mutualidades de funcionarios, el Ministerio de Defensa y los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de Enfermeros y de Médicos.
- P7. ¿Cree que según la literalidad del Real Decreto todos los protocolos o guías clínicas que se siguen en su unidad o centro quedan decaídos, en lo que se refiere a la actuación del personal de enfermería implicado, desde el mismo momento en que entra en vigor la norma, ya que no cumplen los requisitos de elaboración que acabamos de ver, de manera que deberán abstenerse de participar en ellos?
- P8. En caso afirmativo, ¿cree que su unidad o centro podrán seguir funcionando eficientemente como hasta ahora (o mejor) durante los al menos dos años que podría tardar en disponer en su unidad o centro de al menos una enfermera acreditada y de al menos un protocolo aprobado?
- P9. ¿Está usted dispuesto a asumir sin problemas, y a ser posible con una franca sonrisa, las tareas que a causa del Real Decreto deban abstenerse de realizar las enfermeras de su unidad o centro?
- P10. ¿De verdad no cree que hay algunas cosas que implican administrar medicamentos y utilizar productos y complementos sanitarios especiales que hacen mejor las enfermeras y que deberían seguir haciéndolo ellas sin necesidad de decretos, acreditaciones, protocolos y otras gaitas?
- P11. Por lo que respecta a su propia experiencia, ¿tenía disputas competenciales, en lo que respecta al uso o indicación de medicamentos y productos sanitarios, con las enfermeras/os de su unidad o centro? ¿Diarias? ¿Habituales? ¿Esporádicas? ¿Nunca?
- P12. ¿Está usted dispuesto a denunciar por intrusismo a las enfermeras de su unidad o centro si continùan realizando las tareas que venían realizando, en cuanto puedan suponer un incumplimiento del Real Decreto de marras?
- P13. ¿Qué cree usted que intenta primariamente solucionar esta norma: problemas reales de carácter asistencial o relacional en los centros sanitarios o luchas competenciales entre profesiones o representaciones profesionales?
Esta competencia de la profesión y la capacitación de los profesionales sobre la que descansa se han ido desarrollando de manera acumulativa, bastante armónica y sin conflictos manifiestos en los centros de trabajo o en los tribunales... hasta que se ha abordado la tarea de intentar adaptar la regulación formal a esta nueva realidad. Una realidad que se plasma cada día en cada entorno asistencial de los muchos en que desempeñan sus competencias las enfermeras, competencias que no describe el Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios [más mentado como Ley del Medicamento, LM] sino, como es lógico, la Ley 44/2003 de Ordenaciónde las Profesiones Sanitarias [LOPS]. Mal, pero lo hace. Y sin embargo, en el amplisimo texto de la LM no aparece citada, ni siquiera en el preámbulo, la LOPS (aprobada tres años antes). Ni siquiera cuando se refiere a las "competencias respectivas" de médicos, odontólogos o podólogos.
El gran error del regulador, a mi juicio, fue abordar la regulación de la prescripción farmacéutica dentro de la legislación sobre medicamentos y no de la legislación sobre profesiones sanitarias. En la LM, ya que sí era preciso hacer referencia a ello lógicamente, creo que hubiera bastado con un brevísimo artículo que dijera algo así:
La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de aquellos profesionales sanitarios que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con el alcance y limitaciones que establezca la regulación específica de cada profesión, estén facultados para indicar y usar medicamentos sujetos a prescripción médica y ordenar su dispensación.
Es un verdadero embrollo que no sirve a nada ni a nadie (...) que no solo no soluciona los problemas que se supone que iba a subsanar, sino que en vez de ello crea problemas que no existían.A pesar de este juicio sumarísimo, también dije, esta vez en la primera entrada, que debía ser el único (no médico) que se alegraba de esta inmensa chapuza. Lo escribí porque estoy convencido de que a poco que se jugaran bien las cartas se podría convencer al gobierno de turno de que era mucho más práctico y sano volver a la casilla de salida, que no es revisar simplemente la regulación que realiza el decreto de marras, sino la propia definición del campo, los jugadores y las reglas de juego que se realiza en la Ley.
Para salir de este inmenso embrollo y aprovechar el impasse que supone la nueva situación política, con un gobierno en funciones que tal vez funciona pero no gobierna, disponemos de algunos pocos meses para sentar algunas bases que fuercen la reapertura del debate sobre la prescripción (no solo enfermera) en términos racionales y constructivos. Lamentablemente, para ello harían falta capacidades que no tienen los actuales representantes fácticos de la enfermería española.
Por ejemplo, como consecuencia de esa inclinación malsana, el Consejo aceptó en 2009 la exclusión de las enfermeras/os como prescriptores junto a médicos, odontólogos y podólogos, porque iba a "por lo suyo": los cursos de (re)acreditación obligatoria de todos los profesionales, incluso para usar o prescribir linitules o paracetamoles. Y seis años después Gobierno y Organización Médica Colegial, ya lo creo que le han dado lo suyo. En la magullada espalda de la enfermería de paso, eso sí.
Desde mi punto de vista, ya lo comenté en la entrada 2½ del Cuarteto, todo esto ha convertido a la Mesa Estatal Enfermera en un walking dead −parece que andan pero están muertos (¡y no lo saben!)− político. Después de tanto insulto, amenaza y cartelería, ya no es posible imaginarlos susurrando al oído de sus necesarios interlocutores en la materia −el ministro cambiará pero la Organización Médica Colegial, con quien rompieron de manera grosera y altanera hace meses, no− aquello de olvidemos el pasado y volvamos al amor.
Reiniciar las negociaciones para revisar el propio desarrollo legal de la prescripción, no solo su reglamentación, no va a ser fácil. Es preciso, en primer lugar, convencer a una representación médica que ha alcanzado todos sus objetivos en la negociación de que eso no es lo mejor: ni para el sistema de salud, ni para una atención coordinada y continuada a los pacientes... ni para los propios médicos. Que hay formas de solucionar mediante una estrategia ganador-ganador los problemas reales, no los inventados o de terceros, que ocasiona una mala regulación de esa compleja relación triangular entre enfermeras-medicamentos-médicos. Y, sinceramente, es impensable que esa tarea tan complicada, que requiere ante todo transmitir confianza y credibilidad... pues pueda ser ni siquiera intentada por los actuales representantes de la profesión de enfermería.
Y en segundo lugar, resta el problema de fondo de que dicha representación, de ninguna de las maneras va a tratar de retomar las negociaciones desde el principio si ello implica renunciar a la tabla de salvación que supone la (re)acreditación obligatoria, frente a las consecuencias de sus claros excesos comerciales: las dos terceras partes de las enfermeras encuestadas, o sea al menos 150.000 en todo el país, han realizado los cursos de prescripción del Consejo/Colegios (43%) y de Satse/Fuden (25%) bajo la garantía de que dichos cursos serían homologados y sus asistentes, ipso facto acreditados. Y si en el caso de Satse/Fuden dichos cursos han sido financiados con cuotas voluntarias de los propios afiliados, en el caso del Consejo General lo han sido con la cuotas obligatorias que administran (pero no poseen) los colegios provinciales que participaron en la fantasía onírica prescriptora (si digo estafa, que es lo que a mí quizás pudiera parecerme, ya sabemos lo que pasa). Al menos, cinco millones de euros.
En definitiva, es imposible contar con la representación formal para reiniciar unas negociaciones: ni quieren (se conforman con quitar el segundo párrafo del artículo 3.2 del decreto para salvar la cara) ni aunque quisieran podrían porque ya se han convertido en verdaderos parias políticos.
El problema se agrava si revisamos las alternativas, porque La Mesa supone la representación legal, pero nada impide que el nuevo Gobierno y menos aún la representación médica entablen conversaciones con quien consideren oportuno dentro de la profesión, al margen de aquélla. Y digo que se agrava porque, para qué engañarnos, fuera de la Mesa Estatal solo existe el vacío, al menos desde el punto de vista político.
Los colegios y asociaciones opositores, que sin ser muchos tampoco son pocos y tienen ahorrado un −pequeño pero importante− capital de credibilidad, no han sido capaces de olvidar los localismos y la contención institucional, unificar programas de mínimos y dar un paso al frente, articulando una alternativa real, estable y creíble a esas viejas élites enfermeras que están ya más pallá que pacá, débiles y aisladas. Y que mostraran al resto de actores que no es apropiado ni justo confundir la parte (estos nefastos representantes que hace mil años que no desempeñan la profesión, si es que alguna vez lo han hecho) con el todo (una profesión digna, competente y responsable que mantiene día a día, hombro a hombro con el resto de profesionales, los centros y servicios sanitarios).
Esta sería una condición fundamental para poder volver, como propongo, a la casilla de salida. Pero no hay visos de que ello pueda suceder en un corto plazo que ya es perentorio. ¿O todavía hay esperanzas para miles de enfermeras que buscan desesperadamente un liderazgo, no solo decente sino también comprometido, creíble e inteligente?
El decreto es inaplicable y en cuanto haya un gobierno estable, si no antes, será derogado y/o establecida una moratoria en su aplicación. Si no fuera así, no me cabe duda de que alguno de los recursos que se están presentando −alguno habrá bueno técnicamente− prosperará y tampoco de que cuando el Sr. Alonso se apee, o sea apeado, de su enorme soberbia ministerial comprenderá que no ha sido sino una pieza −estúpida pieza− en un ecosistema cruzado por corporativismos; que el ministerio que ha interinado no ha sido capaz de generar políticas consensuadas de desarrollo profesional y lleva años, por ello, frenando los modestos intentos de modernización de unos mapas profesionales sanitarios que se han quedado francamente obsoletos.
Esta situación de impasse sería idónea para comenzar a generar, sin prisas y sin expectativas absurdas, ese diálogo interprofesional hoy en día bloqueado pero que el Sistema Nacional de Salud precisa con angustiosa urgencia. Pero, lo digo claramente, he llegado hace tiempo a la conclusión de que ni desde la política ni desde las principales profesiones sanitarias se van a dar pasos en esa dirección, quizás porque no se aprecie bien su necesidad dentro de las confortables murallas de sus respectivas burocracias. Menos aún ahora que hemos entrado en una época de inestabilidad política estructural donde la pequeña política (que cambia la vida de los partidos) quizás no deje mucho paso a la Política (que cambia la vida de las personas).
En este escenario postapocalíptico, ¿cómo se articula esto?
Creo que es necesario dotarse de algún instrumento que permita reabrir el debate desde bases todo lo racionales que estos entornos, donde predomina un corporativismo legítimo pero un tanto miope y reactivo, permita. Llevo pensando algunos meses en algo que esta peculiar coyuntura sin aparente salida convierte, paradójicamente, en más factible de lo que pensaba: aprovechar estos meses que inevitablemente pasarán hasta que haya un equipo ministerial en condiciones de dialogar sobre los problemas que se habrán ido acumulando, entre los cuales estará sin duda el que aquí nos trae, para editar el Libro Blanco de la Prescripción Enfermera, un documento técnico, extenso y comprehensivo, con vocación de trascendencia política y social, en el que se encuentren y contrasten de manera inclusiva todas las miradas y todas las voces de todos los agentes profesionales (y del entorno próximo) implicados: los personajes en busca de autor que dan título a esta entrada. Y que sirva al regulador para intentar articular esos consensos de mínimos que dotarían de estabilidad al sistema y expulsarían del debate las posiciones corporativistas más maximalistas, elitistas o ventajistas.
Después de darle bastantes vueltas desde todos los puntos de vista posibles he llegado a la conclusión de que estoy en una magnífica posición profesional y personal para postularme como el autor que dirija la obra para que todos esos personajes cobren voz. Debe ser un proyecto ideado, diseñado y ejecutado como un producto políticamente neutral de base puramente técnica, sin conclusiones preconstruidas y liderado desde una radical independencia personal.
Naturalmente, el proyecto no es un entretenimiento ni una obra académica, sino un trabajo comprometido y exigente en lo técnico que requerirá una gran concentración y dedicación y que necesita complicidades, colaboraciones externas y una financiación sin la cual no resultaría viable. Y en esa tarea de encontrar productor para poder dirigir la obra estaré en las próximas semanas. Me consta que las principales fuentes de financiación, esas a las que estas necesidades parecerían calderilla, están cegadas. Es el precio de la independencia, pero espero encontrar alternativas sin tener que vender mi alma a ningún diablo.
¡Gracias por seguir este extenso Cuarteto 954 que aquí finaliza!
Nota. Para asegurarme más o menos de que quien-yo-me-sé no va a apropiarse de la idea o del título como ya ha hecho otras veces he protegido el proyecto con una licencia no comercial.
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