miércoles, 11 de octubre de 2017

La Gran Mentira



 He estado dudando entre utilizar el sustantivo "mentira" u otro mucho más contundente, con connotaciones no solo morales sino también penales. Les cuento la historia, a ver si consigo que se enteren los más ajenos a estos líos.
(I)
Al año de tomar posesión del cargo de presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado firma (16-12-1988) un Convenio de cooperación sobre formación postgrado y formación continuada en Enfermería con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), representada por su Rector Magnífico y Excelentísimo, distinguido miembro de los Legionarios de Cristo, Gustavo Villapalos Salas.
Entre otros objetivos más genéricos, dicho Convenio prevé  cláusula quinta, apartado c el «Proyecto de creación de un Instituto adscrito a la U.C.M., que desarrollará la Formación Postgrado, Formación Continuada y la Investigación en Enfermería».
Para el desarrollo del Convenio, se nombrarán un director, Juan Vicente Beneit Montesinos, y un coordinador, Jesús Sánchez Martos. El CGE desembolsará 2.860.000 ptas. y, según indican las Disposiciones Adicionales, proporcionará a la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad ciertos servicios, dotaciones y contratos de personal. Total, entre 3.670.000 y 4.610.000 ptas. (29.000 – 36.000 euros a precios de hoy).
Para la plasmación del Convenio en lo relativo al “Instituto adscrito” a la UCM el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid, por un lado, y Máximo González Jurado, Pilar Fernández Fernández y Luis Ricardo Rodríguez Díaz  Presidente, Vicepresidenta Primera y Secretario General del CGE, estos tres a título estrictamente privado o personal, por otro lado, constituyen el 27 de julio de 1989 la Fundación Enfermería y Sociedad, la cual es inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas mediante Orden de 18 de julio de 1990 (BOE de 19 de septiembre).
La dotación de la Fundación es de 15.030.000 pesetas, que son aportados por los patronos con el siguiente detalle:
  • Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España: 10 millones ptas.
  • Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid: 5 millones ptas.
  • Máximo Antonio González Jurado: 10.000 ptas.
  • Pilar Fernández Fernández: 10.000ptas.
  • Luis Ricardo Rodríguez Díaz: 10.000 ptas.
Es decir, que el 99,8% del capital fundacional fue aportado por las corporaciones colegiales y solo el 0,2%, por las personas físicas, que son en realidad quienes toman las decisiones en nombre del Patronato de la Fundación, ya que en el acto de constitución de la Fundación se producen los siguientes nombramientos:
  • Presidente: Máximo Antonio González Jurado.
  • Secretario: Luis Ricardo Rodríguez Díaz.
A raíz de su constitución, la Fundación Enfermería y Sociedad (FES) propone a la UCM la adscripción a dicha universidad de una Escuela de Especialización Profesional en Ciencias de la Salud, propuesta que es admitida y sancionada administrativamente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la UCM de fecha 28 de noviembre de 1989.
Voy a dar un salto en el tiempo a pesar de que ello conlleva dejar de narrar los pufos, irregularidades, falsificaciones, falsedades, denuncias… que empiezan a tener lugar en relación con la Escuela y la Fundación y sus cursos y diplomas de unos seis años.

(II)
El día 6 de febrero de 1995, en sustitución de la anterior fundación, se constituye la Fundación Salud y Sociedad (FSS), con domicilio social en la calle Buen Suceso 6 de Madrid, cuyos patronos fundadores son los siguientes:
  • Máximo Antonio González Jurado  (a título personal), Presidente vitalicio con derecho a nombrar a su sucesor.
  • Pilar Fernández Fernández (a título personal), Vicepresidenta vitalicia con derecho a nombrar a su sucesor.
  • Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfermería de España, Vocal (representado en aquello momento por Mª Teresa Monzón Casas, vicepresidente III y más adelante por Florentino Pérez Raya, vicepresidente II).
Como Apoderado, interviene y toma posesión Julio Manuel González Jurado, hermano de Máximo.
Salud y Sociedad queda inscrita como fundación «de beneficencia particular de carácter asistencial» en el Registro de Fundaciones, según Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 15 de marzo de 1995 (BOE del 21 de abril).
El capital fundacional fue 30 millones de pesetas, de los cuales 25 millones (83% del total) son aportados por el CGE, mientras que solo el 17% restante (cinco millones de pesetas) son aportados a partes iguales por Máximo GONZÁLEZ y Pilar FERNÁNDEZ. Extremo que, de manera muy conveniente, no consta en los Estatutos de la Fundación, aunque sí en las cuentas del CGE.
En la ficha del Protectorado y Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad constan como actividades en cumplimiento de fines:
  • Escuela de Ciencias de la Salud (ECS).
  • Enfermeras Para el Mundo (EPM).
  • Actividad mercantil: Arrendamiento.
La jugosa descripción detallada de la “actividad mercantil”, la voy a dejar para otro momento. Baste decir ahora que sobre un solar de 6.563 m2, cuyo anterior propietario era Miguel de Oriol e Ybarra  insigne miembro también de los Legionarios de Cristo; fue, nada menos, quien trajo a España al mexicano Padre Marcial Maciel, fundador de la “Orden” , se construyó un gran edificio de cuatro plantas, con una superficie construida total de 3.232,63 m2, obra nueva financiada mediante un préstamo con garantía hipotecaria con un principal de 1.575MP (9,5M€ a precios de entonces; unos 17M€ a precios actualizados), escriturado el 6 de octubre de 1997.
En 1997, este edificio, propiedad exclusiva de la FSS, es alquilado como sede al Consejo General de Enfermería y al resto de sociedades creadas por el Consejo. La Fundación obtiene casi 1,5 millones de euros al año por los arbitrarios alquileres cobrados: el presidente de la FSS (González Jurado) pacta con el presidente del Consejo General de Enfermería (González Jurado) y los presidentes del resto de fundaciones y empresas del lobby (González Jurado, en todos y cada uno de los casos) cobrarles un alquiler un 300% por encima del precio de mercado de la zona Aravaca-Pozuelo. Un claro caso de auto-contratación prohibido por la ley, me confirma un asesor jurídico.
De esta manera, además del latrocinio soportado por las cuotas de los colegiados, el CGE es el único de los consejos generales de colegios, al menos de los importantes, que carece de una sede propia, viviendo de alquiler. Una jugosa renta que va a parar a las arcas de una Fundación privada. Aquí lo dejo (de momento).

(III)
A partir de la creación de la FSS, el CGE comienza a referirse a la ECS como «la Escuela del Consejo General»; a los cursos de la ECS, como «los cursos del CGE»; a las jornadas organizadas por la ECS, como «jornada convocada por la ECS del CGE»; a EPM, como «la ONG del Consejo General»; y a los convenios de cooperación de EPM como «la cooperación solidaria del CGE».
 Pues bien, atención a la jugada: en una reunión del Patronato de la Fundación Salud y Sociedad celebrada el 27 de abril de 2015, se aprueban dos modificaciones de los Estatutos de la Fundación:
  • El cambio de nombre, pasando a denominarse Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud FICSSALUD. Esta modificación estatutaria no se anuncia, pero poco a poco empieza a introducirse el nuevo nombre y hoy en día es más o menos conocido (a pesar de que la FSS siempre se ha escondido en su publicidad institucional tras la marca «Fundación del CGE»).
 




  • La segunda decisión es absolutamente clandestina, hasta que he podido obtener el escrito que ahora hago público, donde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la acepta y ordena su inscripción: se acepta la renuncia del Consejo General de Enfermería, que abandona la fundación y es sustituido como vocal por un viejo mentor y compinche de González Jurado, Juan Vicente Beneit Montesinos (rebobine el lector hasta el cuarto párrafo de este artículo, si no retuvo el nombre).
 

Naturalmente, puesto que no se encuentra reflejado como ingreso en las cuentas de 2016, el CGE abandona la fundación sin recuperar los 150.000 euros que aportaron los forzosos colegiados a su capital fundacional.
El anuncio de la “dimisión” de González Jurado como presidente del CGE, que ha tenido lugar el pasado 6 de octubre, lo presenta como una decisión “en caliente”, motivada por el estado de salud de su esposa. En primer lugar, quiero transmitir, no puedo decir mi afecto a alguien que quiere meterme en prisión y arruinarme de por vida por denunciar sus tejemanejes, pero sí mi empatía con la familia González Fernández y desear una pronta recuperación de la paciente. Y en segundo lugar decir también que, a pesar de este infortunado suceso, la gravedad de los hechos impide “aparcar” su denuncia esperando momentos más propicios. Ya ha empezado el diario El País a hacerlo, como es bien sabido, ya que la noticia han tenido un amplio seguimiento, dentro y fuera de la profesión. Le seguirán otras si el diario no se arruga, porque material me consta que tiene.
Pero los hechos demuestran que lo que se está produciendo es una salida ordenada y lo más impune ya que “digna”, no posible, planificada desde hace al menos dos años.
Desde luego, ya no se podrá hablar de «la Escuela del CGE», «los cursos del CGE», las «jornadas del CGE», «la ONG del CGE» o «la cooperación solidaria del CGE»… aunque se siguen relacionando ambas entidades por si cuela (que cuela; yo mismo ni me había dado cuenta hasta ahora).


Por otro lado, se empezará a cerrar el despendolado entramado empresarial, excepto en aquello que siga resultando necesario (E-NETWORK SALUD SAU, dirigida por el hijo del candidato a sucesor de González Jurado, Florentino Pérez López; y SERPROCOL SA, la empresa de servicios al colegiado; poco más). Posiblemente, incluso, la propia FICSSALUD, cuyo inmueble de Aravaca puede estar tasado en más de 20 millones de euros. Goloso...
Las delirantes  pero muy lucrativas a título personal, supongo, de otra manera no se explican  inversiones inmobiliarias realizadas a través de dos sociedades del holding, ENFERMUNDI SA y COFUNSALUD SA, rescatada ya la primera a costa de seis millones de euros abonados por el CGE (cuotas colegiales mediante); a punto de serlo la segunda, que ha tenido pérdidas de otros seis millones en los dos últimos ejercicios conocidos, que habrán de ser también asumidas por el CGE, tienen que pasar factura, tanto en el sentido financiero como en el judicial.
En fin, la relación CGE-FSS es a día de hoy simplemente inexistente, excepto la relación arrendador-inquilino, que se supone prevalente. Excepto que se hayan firmado convenios, que muy probablemente se haya hecho para que la salida sea ordenada. Pero incluso eso podría tener un horizonte temporal: en enero de 2016, el Consejo compró (y pagó al contado 1.057.322 €) una parcela de 2.951 m2 con una edificabilidad de 1.305 m2, en la urbanización La Florida, muy cerca de la sede actual de Fuente del Rey 2. Para algo será…


Finalmente, (tratar de) nombrar sucesor a Florentino Pérez Raya, una apuesta delirante (¿se lo imaginan negociando con autoridades y lobbies competidores? Yo tampoco, claro: surrealismo del bueno) que parecía segura pero que igual no le sale tan rotunda como creía, muestra a las claras que la salida ordenada a la que me he referido nada tiene que ver con circunstancias familiares sino con un propósito de escapar al largo brazo de la Justicia. No lo conseguirán, ni él ni sus colaboradores necesarios. Empezando por el candidato a la sucesión.
La Escuela de Ciencias de la Salud nunca fue "de" la Organización Colegial de Enfermería, siempre fue de una fundación privada: solo se vendió así para hacer caja. Esa fue la Gran Mentira de Máximo Antonio González Jurado. Como anunció en primicia El País, todos estos hechos y muchos más están denunciados ante la Fiscalía, solo queda esperar a que sus investigaciones fructifiquen.


martes, 4 de julio de 2017

Las trampas de Alonso que Montserrat encubre (2ª parte)

Comenté la semana pasada que me he empeñado en saber quién en concreto tomó la decisión de esconder en un cajón el Real Decreto 954/2015, conocido como "de prescripción enfermera", durante dos meses, hasta que pasaron las elecciones generales del 20D.

Estoy empeñado porque, de ser así, estaríamos ante un hecho de corrupción cualitativamente equiparable a la financiación ilícita de un partido y en el Popular (el partido, quiero decir), con permiso de algún otro también de chapeau, han elevado este oficio a la categoría de arte: todo ello va destinado a favorecer de manera ilícita su posición electoral, bien teniendo más fondos para impacto sociomediático (lo que ahora se llama competir "dopado", es un buen símil), bien no enemistando más de lo posible a colectivos como el de enfermeras, con más de un cuarto de millón de votantes potenciales. Aunque dudo mucho de que les mereciera la pena arriesgarse a que les pillaran haciendo trampas, en mi experiencia no se trata, más allá de sus sectores más lúcidos, de un colectivo especialmente corporativista o sensible a los insultos (que es en realidad lo que estaba haciendo el ministro Alonso y parece que ahora quiera seguir haciendo la ministra Dolors Montserrat encubriéndole: insultar a su inteligencia, si es que no más).

Insisto, de ser así, como todo indica que lo es, no resultaría injurioso hablar de desviación de poder o prevaricación, es decir, de hechos delictivos y de corrupción política.

Ya sabemos que la causa (principal) estuvo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se embargó durante 46 días una norma que había sido aprobada por el Consejo de Ministros (tampoco es que en el BOE estuvieran muy diligentes, la verdad).

Así que, como ya conté, quise preguntar al Ministerio de Sanidad si era normal esta demora, si existían antecedentes. El Secretario General del Ministerio, Sr. Carvajal Álvarez, muy transparente él, me inadmite la pregunta, primero por la «indeterminación absoluta del período temporal»; eso es tan cierto como que el Sr. Carvajal o alguno de su administrativos podrían haberme pedido que delimitara ese período en vez de agarrarse a esta «indeterminación temporal» como lapas.

Por otro lado, la inadmite también por exigir «una acción previa de reelaboración» por parte del Ministerio  –y aquí se agarra al artículo 18.1.e) de la ley de transparencia y a una sentencia de la Audiencia Nacional, como suelo decir, como un borracho a una farola: no para iluminarse, sino para no caerse–.

Así las cosas, de manera tan transparente por parte del Ministerio que dirige Dolors Montserrat, y antes de presentar Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (cosa que ayer mismo dejé hecha y ya tengo el acuse de recibo), decidí acometer con mis pobres medios esta «acción previa de reelaboración», acotando el período a los cuatro años que llevaba este Ministerio en manos del Partido Popular hasta la publicación del RD de marras: es decir, desde el 21 de diciembre de 2011 (a efectos prácticos, 1 de enero de 2012).

La ardua «acción previa de elaboración» que los servicios de documentación del susodicho Ministerio no pudieron acometer me llevó exactamente 48 minutos usando el buscador del BOE y un poquitín de Excel®. Véase la extremada complicación:



En estos cuatro años se publicaron 38 normas con rango de Real Decreto (exceptuando en su caso nombramientos de altos cargos), que son estas de aquí (CM = Consejo de Ministros):





Como pueder verse, los dos siguientes RD que más se demoraron (34 y 26 días) en su publicación en el BOE desde la aprobación por el Consejo de Ministros lo fueron en agosto, lo cual puede parecer razonable estar toda la administración a ralentí.

De manera que como se ve en la tabla el siguiente equiparable en sus condicionantes tardó 25 días, es decir, que el RD 954/2015 se demoró un 144% más que el siguiente en tiempo de demora. Y dado que el tiempo medio (excluido del cálculo el propio RD 954/2015) es de 10,2 días, este se demoró un 498% sobre la demora "habitual". Por cierto, la "moda" estadística (el valor más frecuente), es 1 día.

Es evidente que desde el Ministerio de Sanidad se guardó el RD en un cajón. Solo nos resta saber quién o quiénes, exactamente, fue o fueron. Porque detrás de las decisiones administrativas están la ley y el derecho, pero detrás de las decisiones políticas hay personas: personas concretas con nombre y apellidos.

Bueno, ahora a esperar los tres meses (ojalá sean menos como acostumbran) que tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para responder a mi Reclamación. Tal como está regulado en España, buscar la transparencia de unas administraciones públicas con inercia hacia el lado oscuro es sobre todo un ejercicio de muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha paciencia.



PS.- Si no ha descargado libre y gratuitamente aún mi última publicación sobre el tema, "La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur", aún pude hacerlo. Creo que merece la pena.


viernes, 30 de junio de 2017

La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur

Tengo el placer de presentar mi nuevo libro, que lleva el mismo título que esta entrada del blog.

Está publicado bajo una licencia Creative Commons no comercial, que permite su descarga y distribución siempre que no medie ánimo directo o indirecto de lucro.

Son 170 páginas en las que recopilo las publicaciones sobre el tema de la prescripción de medicamentos por enfermeras que han pasado el control de calidad, mío y de la editora. Hay información, opinión, mucha documentación y sobre todo, investigación de tipo "periodístico" (por llamarla de alguna manera). Se desvelan papeles "secretos" u ocultos y se proporciona, no solo descripción, sino también análisis e interpretación de los hechos y de las posiciones de los agentes implicados, profesionales y políticos.

También hay un extenso prólogo, redactado para la ocasión; salvo una pequeña parte que publiqué ayer en este blog, el resto es material inédito.

Todos los enlaces han sido reviados y, en su caso, actualizados (excepto los decaídos, es decir eliminados de la web o medio originales).

Es una edición profesional, maquetada y revisada, con enlaces de accso rápido. Lista para imprimir en papel, aunque siempre pensándolo dos veces antes de hacerlo por motivos medioambientales.

Este es el índice:

Prólogo (texto inédito). 3
El caso de la prescripción enfermera. 15
Prescripción de medicamentos por enfermeras: Un panorama actualizado. 19
El rincón del demagogo: Máximo González Jurado. 21
Sobre la 'prescripción enfermera' 25
Líbrame de mis amigos... 29
Proscripción enfermera. 35
El botín. 41
No me toques los sintrones... 51
Lo que siempre quiso saber sobre prescripción enfermera (Pero nunca se atrevió a preguntar) 59
Prescripción enfermera para ‘dummies’ 67
Cuarteto 954 (1): Cuando despertaron. 75
Cuarteto 954: (2) Mundo de cosas. 81
Cuarteto 954: (2½) Fallen. 93
Cuarteto 954: (3) Yo pregunto a los presentes. 99
Cuarteto 954: (4) Personajes en busca de autor. 105
Ficciones y realidades. 113
¿Reflejos franquistas en la Administración? Prescriba transparencia. 119
#PrescripciónEnfermera: la música y la letra. 125
El informe que ocultó el ministro Alonso (y algo más). 131
Cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. 141
De informes secretos, truhanes y caballos de Troya. 143
Aterr(or)iza como puedas. 153
Prescripción enfermera por Javier Rey. 161
#PrescripciónEnfermera: derogar el decreto, cambiar la ley. 163


Espero que les guste y les sea útil, especialmente por la escasa producción intelectual sobre un tema simbólica y políticamente tan importante, que fue lo que me motivó a emplear mi tiempo y mi atención para intentar rellenar un poco ese espacio casi vacío.

En todo caso, muchas gracias por su atención.

Juan F. Hernández Yáñez




 . 163

jueves, 29 de junio de 2017

Las trampas de Alonso que Montserrat encubre



Mañana estreno libro, La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur, que es básicamente una recopilación, ordenación y revisión de todo lo que he escrito en blogs, artículos y libros sobre el tema que da origen al título. Incluye un largo prólogo recién sacado del horno, en el que explico con bastante detalle mi visión, o más bien mi interpretación, sobre este espinoso tema que ha vuelto a resucitar en los pasados días (si es que alguna vez murió).
Con 170 páginas y una cuidada edición profesional en pdf, lista para impresión en papel si se desea, se publicará bajo una licencia Creative Commons, es decir que será de descarga y distribución libre y gratuita (naturalmente, solo para uso no comercial).

Esta entrada forma parte de dicho prólogo, pero dado que en el libro, además de opinión y documentación, hay mucho de investigación "periodística", me ha parecido oportuno sacar este fragmento como entrada en el blog a modo de anticipo o "gancho". Que disfruten con...

Las trampas de Alonso...



Hay un hecho incuestionable que no entiendo que no haya tenido consecuencias políticas o judiciales de ningún tipo. Me refiero a los dos meses justos que se retardó la publicación del Real Decreto 954/2015, hasta justo tres días después de las elecciones generales de diciembre de 2015. No me puedo creer que nadie viera indicios fortísimos de prevaricación, ya que nada de carácter administrativo o jurídico justificaba esa demora, ni creo que hayan existido precedentes.
El Real decreto 954/2015, comúnmente denominado 'de prescripción enfermera', fue aprobado en el Consejo de Ministros del día 23 de octubre; en el mismo, se aprobaron además otros 10 reales decretos. Seis de esos diez se publicaron en el BOE del día siguiente, sábado 24 de octubre; otros dos tardaron 3-4 días (naturales) en ser publicados y solo dos se demoraron algo más: aun así, no pasaron de 12-14 días.
Era evidente para mí que habían existido instrucciones explícitas por parte del ministro de Sanidad o su entorno para no publicar un decreto que había despertado al Kraken del lobby enfermero y había causado un tremendo malestar y humillación en la mayor parte del colectivo (al menos de los que se interesaron por el asunto, que no estoy muy seguro de que fuera una mayoría).
No obstante, me pareció prudente preguntar a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado si habían existido causas “técnicas” que justificaran tan insólita demora. Lo hice, amparándome en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y recibí cumplida  –si bien, bastante fuera del plazo reglamentario–  respuesta. Dicen los responsables del Boletín que:
En el caso que nos ocupa, el día 2 de noviembre de 2015 la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales remitió al Ministerio de Sanidad el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, al objeto de recabar el refrendo del señor Ministro.
El real decreto de referencia se recibió refrendado por el Ministro de Sanidad el día 18 de diciembre de 2015. A continuación, el Real Decreto 954/2015 fue remitido a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre, procediéndose a su publicación el día 23 de diciembre de 2015.
Es decir, que de los 61 días que tardó en ser publicada la norma, 14 (que no son pocos ni probablemente casuales, por cierto) son achacables al Ministerio de la Presidencia y uno solo, al Boletín Oficial. Pero los 46 días restantes (75%) el texto legal estuvo a buen recaudo en algún cajón o caja fuerte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Preguntemos, pues, al Ministerio de Sanidad, dos cosas. Por un lado:
Si han existido precedentes en el Ministerio de Sanidad de la demora de 46 días entre la recepción de un Real Decreto, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, y su devolución refrendada para su publicación en el B.O.E.
Por otro,
Quién, dentro del Ministerio de Sanidad, adoptó la decisión de demorar de manera tan extraordinaria la publicación del citado Real Decreto 954/2015 y cuáles fueron las razones para hacerlo [y que] en el caso de que hubiera existido cualquier tipo de orden, presión o sugerencia de demorar la publicación de la norma en el BOE por parte de algún órgano del Gobierno, que se me indique cuál fue ese órgano y cuáles fueron las razones aducidas. Y de haber sido realizada por escrito, se me facilite copia del documento.

... que Montserrat encubre.

 
La respuesta del Ministerio de Sanidad fue la siguiente.
Respecto a la primera pregunta…
Debe ser inadmitida a trámite al amparo de las causas establecidas en el artículo 18.1.c] y e] de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El motivo de esta inadmisión se basa no solo en la indeterminación absoluta del período temporal al que debe extenderse el análisis requerido, que hace inviable dar cumplimiento a lo solicitado, sobrepasando de forma manifiesta los límites normales del ejercicio del derecho de acceso, sino también en que dicho análisis requiere de una acción previa de reelaboración por este departamento, al no existir un registro sobre el particular ni disponerse, en consecuencia, de herramientas específicas para la búsqueda de tales precedentes.
Eso significa que en pleno siglo diecinue… perdón... ¡veintiuno! el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no mantiene ninguna base de datos electrónica sobre la normativa que elabora, en la cual consten los órganos implicados, los informes de otros departamentos o de los trámites de audiencia, las fechas clave del procedimiento de tramitación, aprobación y publicación... Prefiero no creérmelo porque hacerlo sería más desazonante. ¿Llevarán manguitos y visera en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad? Investigue, señora ministra.
Por lo que respecta a la segunda…
Si bien la normativa vigente no establece ningún plazo máximo para la publicación en el BOE de los reales decretos desde su aprobación en Consejo de Ministros, en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no se ha recibido orden o sugerencia de ningún órgano para demorar dicha publicación, habiéndose remitido el texto del real decreto, tan pronto se ha recibido, a los distintos órganos que intervienen en la fase de publicación en el BOE, sin que conste en los archivos de la Secretaría General Técnica documentación alguna acreditativa de lo que solicita don Juan Francisco Hernández Yáñez.
Ello significaría  –de ser tan imbécil como para creérmelo–  que una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado una norma; que el Ministerio de la Presidencia ha validado y certificado dicha aprobación; que le es reenviada al Ministerio emisor para que compruebe si a algún miembro ocioso de Presidencia (o a la propia Sáenz de Santamaría, por qué no) les ha dado por alterar a escondidas su contenido, jijiji; y que dentro de dicho Ministerio, el de Sanidad en este caso, antes de devolverlo validado, el documento va (como la falsa monea, que de mano en mano va… y ninguno se la quea, que diría Imperio Argentina) por los «distintos órganos que intervienen en la fase de publicación en el BOE», antes de volver a enviarla a Presidencia, quien a su vez lo envía a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

 
En la imagen, los "distintos órganos" del Mº Sanidad que intervienen en la fase de publicación en el BOE, en acción (fotograma de Brazil, de Terry Gilliam).

Naturalmente, sin dar detalle sobre esos misteriosos «órganos» que supuestamente intervienen antes de devolverlo a Presidencia repletito de sellos de «Revisado y Conforme».
En todo caso, el artículo 19.2 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», establece que la facultad de ordenar la inserción de los reales decretos corresponde «al Ministro que los refrende o, por su delegación, a los demás órganos superiores del departamento correspondiente». Así que...
¿Me están contando que los ministerios responsables de los reales decretos que se publicaron el día siguiente en el BOE  –«por el que se modifica el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales», Ministerio de la Presidencia; «por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos», Ministerio de Hacienda; «por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones», Ministerio del Interior; además de varios nombramientos de altos cargos y la concesión de una medalla, de tres ministerios diferentes– fueron capaces de hacer todo eso en unas horas, incluyendo la gestión de sus «distintos órganos que intervienen en la fase de publicación en el BOE»?

Es una tomadura de pelo total. Así que nada, estoy preparando la oportuna Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, les mantendré informados.

Aunque, digo yo, ¿la ministra Dolors Montserrat no tendría nada que decir acerca de la respuesta anti-transparencia de su subordinado, el Sr. Carvajal Álvarez, que a todas luces y para vergüenza del Ministerio que ella dirige solo trata de encubrir al antiguo ministro, supongo que de su misma filiación política? Pues si tiene algo que decir, que lo diga ahora; y si no, que calle para siempre... salvo que a alguien le dé por hurgar judicialmente con este tema tan feo-feo y creo  –más bien espero–  que sin precedentes.

Les dejo, en primer lugar, con la Resolución del Ministerio de la Presidencia donde se explican los plazos...




 ... y ahora con la del Ministerio de Sanidad donde se me trata de tomar el pelo: