miércoles, 18 de octubre de 2017

La Gran Mentira, segunda parte



(I)
Como dije de pasada en la primera entrega de esta entrada, y amplío ahora la información, desde el CGE se fue forjando un holding societario; en ocasiones participa directamente como accionista; en otras, lo hace indirectamente, como accionista de alguna de las otras sociedades que sí participan
Como algunas de sus piezas se fueron quedando en el camino, a día de hoy este holding está  compuesto por dos fundaciones (Salud y Sociedad, 1995; ISICS, 1999) y cinco sociedades mercantiles (Cofunsalud SA, 1995; Enfermundi SA, E-Network Salud SAU y Redvya SL, todas ellas en el año 2000; y Serprocol, 2008). Hasta su despedida el pasado día 16 de octubre, Máximo Antonio González Jurado era el presidente, además del CGE, de todas y cada una de las fundaciones y sociedades.
Todas estas entidades, a excepción de Enfermundi SA, que trasladó en 2007 su sede social a Córdoba, comparten  sede. Sede que, como ya les conté en la primera parte, no es propiedad del CGE, sino de la antigua Fundación Salud y Sociedad (hoy denominada Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, FICSSALUD), una fundación perfectamente privada de la que el CGE (representado por el actual presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya) formó parte como Vocal hasta que salió del Patronato, en abril de 2015. El secretario (no patrono) de FICSSALUD es Julio Manuel González Jurado, hermano de Máximo.
Ya, desde la primera Memoria Económica que hemos podido obtener (2005) queda constancia de que la FSS tiene arrendado el 64,77% de la superficie del edificio y anexos. En aquel entonces, solo tenía una sede. Hasta aquí parece estar claro, pero resulta que en estos entornos las cosas nunca fueron muy sencillas.
Porque en 2008 “aparece” una nueva “sede”, denominada “Edificio Majadahonda”, como contraposición a la sede principal, referida indistintamente como “Edificio Aravaca” o “Edificio Fuente del Rey”. Dicha “sede” de Majadahonda fue construida sobre un solar de 1.000 m2, con una superficie habitable de 295 m2, más otros 36 m2 del garaje. La inversión de la Fundación fue de 1.748.030,73 €. 
Diremos, para no extender más la descripción de los hechos, que el “Edificio de Majadahonda”, ubicado en la calle Homero nº 1 de dicha localidad, no era la adusta “sede” que se imaginan, sino un chalé de lujo con piscina. Comprado y reformado con fondos de la Fundación «del CGE». Y que sus usuarios tampoco eran serios y formales empleados y empleadas, sino que se construyó y reformó para convertirse en el domicilio familiar del secretario y gerente de la FSS, cuyos apellidos probablemente les suenen: Julio González Jurado.
En fin, a partir de 2008, las memorias económicas explican que ambas “sedes” están arrendadas, en las siguientes proporciones:


(II)
Nos olvidamos de la “sede” de Majadahonda y nos centramos en el edificio de Fuente del Rey. De la primera parte de esta entrada pudo haberse deducido que el CGE era la entidad que, con sus pagos en concepto de arrendamiento, sostenía la actividad mercantil de la Fundación (y por tanto “pagaba las hipotecas”), pero ello dista mucho de ser cierto. Analizamos las cuentas de FSS-FICSSALUD para cada año disponible (2004-2015) y comprobamos que los ingresos declarados por arrendamientos son mucho mayores de lo pensado (o más bien, intuido); en los últimos 12 años disponibles, ascienden a 13,6M€, un promedio de 1,13M€ al año, con un máximo histórico de 1,5M€ en 2014. En 2015 se produce una caída considerable que trataremos de investigar.
Como disponemos de los pagos declarados por el CGE, podemos suponer que la diferencia la abonan estas terceras partes. Pues bien, del total de los ingresos declarados en concepto de arrendamientos por la Fundación, como promedio de estos últimos 12 años el CGE ha abonado menos de una tercera parte (31,3%):



El resto de los ingresos, por tanto, son abonados por el resto del holding societario. Aunque es imposible detallar las cantidades y superficies arrendadas que corresponden a cada una de las entidades de este entramado societario, porque en las cuentas depositadas quedan englobadas bajo “Otros gastos de explotación” o “Servicios exteriores”, no existe ningún género de duda de que la fundación privada FSS-FICSSALUD viene cobrando en concepto de arrendamiento de sus oficinas, no solo los más de 400.000 euros que le abona el CGE, sino también en torno a un millón de euros más al año que le abonan las empresas participadas por el entramado societario del CGE.
Al analizar las series temporales, hubo algo que nos llamó poderosamente la atención: durante el año 2010 los ingresos por arrendamiento se incrementan de una manera totalmente desligada de las lógicas de mercado, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y hundimiento de las rentas. Los ingresos totales de la Fundación por este concepto se incrementan nada menos que en 450.000 € (cifra sospechosamente redonda), o sea, un 41% en un solo año; las rentas que abona el CGE se incrementan en 89.000 €, un 27%; y las que abonan el resto de sociedades, en un 55%. La FSS lo explica de la siguiente manera en la Memoria de las cuentas de 2009:


Así, nos enteramos de que el contrato de alquiler es por un período… ¡de 12 años! Ello quiere decir que el CGE, así como el resto de compañías participadas, tiene comprometidos los costes de arrendamiento de su sede hasta 2021.
Pero además, cruzando informaciones, descubrimos que las «nuevas obligaciones por hipoteca» no son otra cosa que la ampliación en 10,2 millones de euros del capital social de una de las empresas del holding, COFUNSALUD SA (de la que FSS-FICSSALUD posee, y tiene que aportar por tanto, el 75% del capital, o sea, 7,6M€), para financiar una fallida y ruinosa operación especulativa que cuando sea pertinente será desvelada, y que fue financiada mediante una re-hipoteca de la sede de Fuente del Rey. Como el 25% restante del capital lo poseía el CGE, ya tienen una pista para saber quién aportó los otros 2,6 millones que faltan. Volveremos sobre ello.
A partir de lo expuesto, se entiende perfectamente que los supuestos contratos de arrendamiento inmobiliario no serían realmente contratos mercantiles entre partes independientes con capacidad de negociación sino una simulación jurídica muy lucrativa para la fundación privada, que implica a la corporación de derecho público CGE.
(III)
Hemos dicho con bastante relajo que los cobros por los alquileres están “desligados de las lógicas de mercado” y que por tanto son una presunta “simulación jurídica”. Podemos asegurarlo (y documentarlo).
Para el último año disponible en el momento de realizar los cálculos (2013; las cuentas de 2014 y 2015 las hemos obtenido hace solo unos días, tras solucionar las pegas que les había puesto el Patronato de Fundaciones), la FSS declaró unos ingresos de 1.443.588,03 € en concepto de arrendamientos. Restando a precios de mercado (10 €/m2 x 295 m2 = 2.950 € x 12 meses = 35.400€/año) la renta que se pudiera percibir, en todo caso, del arrendamiento del 100% del chalé de Majadahonda, obtendríamos unas rentas por el arrendamiento de Fuente del Rey 2 de 1.408.188 € anuales. Si dividimos esta cantidad entre los 2.094 m2 que corresponden a la parte arrendada de Fuente del Rey, el 64,77% de 3.233 m2, dividiendo luego el resultado entre 12 mensualidades, obtenemos una renta mensual conjunta de 56 €/m2.
En la zona de Aravaca-Pozuelo, donde está ubicado el edificio, la renta mensual normal viene a situarse entre 7 y 12 €/m2; no hemos encontrado ninguna oferta de alquiler de oficinas de alto standing que supere los 18 euros por metro cuadrado y mes (y eso en 2016, que fue cuando se realizaron los cálculos y tasaciones, con un encarecimiento medio de un 15% en el alquiler de oficinas en Madrid con respecto a 2013, según la firma especializada Savills Research Global). Incluso a día de hoy (literalmente: 18 de octubre de 2017), no llegan a 20 €/m2 .

Es decir, que:

a) Las rentas de alquiler impuestas estarían hinchadas en torno a un 300%, con respecto a lo que pagarían a un arrendador independiente, guiadas ambas partes únicamente por lógicas empresariales; teniendo en cuenta que en estos 12 años el CGE ha abonado 4,2M€, eso hubiera supuesto un ahorro total de 2,8 millones de euros.

b) Si los dirigentes del CGE de 1997no hubieran antepuesto sus intereses personales a los colectivos, hubieran impulsado desde la titularidad del CGE la compra o construcción de la nueva sede, no impuesto esta suerte de ingeniería contable depredadora.


c) Y por tanto no tendría, como desvelé el miércoles pasado y el propio González Jurado no tuvo más remedio que “anunciar” antes de ayer para salvar la cara, que comprar una parcela y edificar sobre ella su sede, ahora, en 2017: un pastón que… ¿adivinan quiénes lo van a pagar de seguir las cosas así?
Efectivamente.
Por cierto, habría que saber, aunque fuera a efectos meramente documentales, en qué Asamblea General se aprobó dicha inversión y en qué Presupuestos anuales aprobadosse autorizó la liberación de los fondos para financiar la compra de la parcela de Sierra de Pajarejo 13, en la zona residencial más cara de Madrid, La Florida, en el distrito de Aravaca (que si no estoy confundido ha costado 1.057.322 euros).

PS.- Aunque en el blog suelo utilizar la primera persona del singular, el lector atento observará que cuando me refiero a informaciones o documentos siempre lo hago en primera persona del plural ("hemos conseguido", por ejemplo). Aunque de momento se ha considerado más seguro que no se sepa quiénes son, hay un equipo de seis personas detrás de este trabajo. Si bien la única identidad conocida en este momento es la de un servidor, cuando sea posible saldrán a la luz las otras, para que podamos todos agradecerles personalmente el esfuerzo y eficacia empeñados en esta necesaria tarea de denuncia.


miércoles, 11 de octubre de 2017

La Gran Mentira



 He estado dudando entre utilizar el sustantivo "mentira" u otro mucho más contundente, con connotaciones no solo morales sino también penales. Les cuento la historia, a ver si consigo que se enteren los más ajenos a estos líos.
(I)
Al año de tomar posesión del cargo de presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado firma (16-12-1988) un Convenio de cooperación sobre formación postgrado y formación continuada en Enfermería con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), representada por su Rector Magnífico y Excelentísimo, distinguido miembro de los Legionarios de Cristo, Gustavo Villapalos Salas.
Entre otros objetivos más genéricos, dicho Convenio prevé  cláusula quinta, apartado c el «Proyecto de creación de un Instituto adscrito a la U.C.M., que desarrollará la Formación Postgrado, Formación Continuada y la Investigación en Enfermería».
Para el desarrollo del Convenio, se nombrarán un director, Juan Vicente Beneit Montesinos, y un coordinador, Jesús Sánchez Martos. El CGE desembolsará 2.860.000 ptas. y, según indican las Disposiciones Adicionales, proporcionará a la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad ciertos servicios, dotaciones y contratos de personal. Total, entre 3.670.000 y 4.610.000 ptas. (29.000 – 36.000 euros a precios de hoy).
Para la plasmación del Convenio en lo relativo al “Instituto adscrito” a la UCM el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid, por un lado, y Máximo González Jurado, Pilar Fernández Fernández y Luis Ricardo Rodríguez Díaz  Presidente, Vicepresidenta Primera y Secretario General del CGE, estos tres a título estrictamente privado o personal, por otro lado, constituyen el 27 de julio de 1989 la Fundación Enfermería y Sociedad, la cual es inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas mediante Orden de 18 de julio de 1990 (BOE de 19 de septiembre).
La dotación de la Fundación es de 15.030.000 pesetas, que son aportados por los patronos con el siguiente detalle:
  • Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España: 10 millones ptas.
  • Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid: 5 millones ptas.
  • Máximo Antonio González Jurado: 10.000 ptas.
  • Pilar Fernández Fernández: 10.000ptas.
  • Luis Ricardo Rodríguez Díaz: 10.000 ptas.
Es decir, que el 99,8% del capital fundacional fue aportado por las corporaciones colegiales y solo el 0,2%, por las personas físicas, que son en realidad quienes toman las decisiones en nombre del Patronato de la Fundación, ya que en el acto de constitución de la Fundación se producen los siguientes nombramientos:
  • Presidente: Máximo Antonio González Jurado.
  • Secretario: Luis Ricardo Rodríguez Díaz.
A raíz de su constitución, la Fundación Enfermería y Sociedad (FES) propone a la UCM la adscripción a dicha universidad de una Escuela de Especialización Profesional en Ciencias de la Salud, propuesta que es admitida y sancionada administrativamente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la UCM de fecha 28 de noviembre de 1989.
Voy a dar un salto en el tiempo a pesar de que ello conlleva dejar de narrar los pufos, irregularidades, falsificaciones, falsedades, denuncias… que empiezan a tener lugar en relación con la Escuela y la Fundación y sus cursos y diplomas de unos seis años.

(II)
El día 6 de febrero de 1995, en sustitución de la anterior fundación, se constituye la Fundación Salud y Sociedad (FSS), con domicilio social en la calle Buen Suceso 6 de Madrid, cuyos patronos fundadores son los siguientes:
  • Máximo Antonio González Jurado  (a título personal), Presidente vitalicio con derecho a nombrar a su sucesor.
  • Pilar Fernández Fernández (a título personal), Vicepresidenta vitalicia con derecho a nombrar a su sucesor.
  • Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfermería de España, Vocal (representado en aquello momento por Mª Teresa Monzón Casas, vicepresidente III y más adelante por Florentino Pérez Raya, vicepresidente II).
Como Apoderado, interviene y toma posesión Julio Manuel González Jurado, hermano de Máximo.
Salud y Sociedad queda inscrita como fundación «de beneficencia particular de carácter asistencial» en el Registro de Fundaciones, según Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 15 de marzo de 1995 (BOE del 21 de abril).
El capital fundacional fue 30 millones de pesetas, de los cuales 25 millones (83% del total) son aportados por el CGE, mientras que solo el 17% restante (cinco millones de pesetas) son aportados a partes iguales por Máximo GONZÁLEZ y Pilar FERNÁNDEZ. Extremo que, de manera muy conveniente, no consta en los Estatutos de la Fundación, aunque sí en las cuentas del CGE.
En la ficha del Protectorado y Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad constan como actividades en cumplimiento de fines:
  • Escuela de Ciencias de la Salud (ECS).
  • Enfermeras Para el Mundo (EPM).
  • Actividad mercantil: Arrendamiento.
La jugosa descripción detallada de la “actividad mercantil”, la voy a dejar para otro momento. Baste decir ahora que sobre un solar de 6.563 m2, cuyo anterior propietario era Miguel de Oriol e Ybarra  insigne miembro también de los Legionarios de Cristo; fue, nada menos, quien trajo a España al mexicano Padre Marcial Maciel, fundador de la “Orden” , se construyó un gran edificio de cuatro plantas, con una superficie construida total de 3.232,63 m2, obra nueva financiada mediante un préstamo con garantía hipotecaria con un principal de 1.575MP (9,5M€ a precios de entonces; unos 17M€ a precios actualizados), escriturado el 6 de octubre de 1997.
En 1997, este edificio, propiedad exclusiva de la FSS, es alquilado como sede al Consejo General de Enfermería y al resto de sociedades creadas por el Consejo. La Fundación obtiene casi 1,5 millones de euros al año por los arbitrarios alquileres cobrados: el presidente de la FSS (González Jurado) pacta con el presidente del Consejo General de Enfermería (González Jurado) y los presidentes del resto de fundaciones y empresas del lobby (González Jurado, en todos y cada uno de los casos) cobrarles un alquiler un 300% por encima del precio de mercado de la zona Aravaca-Pozuelo. Un claro caso de auto-contratación prohibido por la ley, me confirma un asesor jurídico.
De esta manera, además del latrocinio soportado por las cuotas de los colegiados, el CGE es el único de los consejos generales de colegios, al menos de los importantes, que carece de una sede propia, viviendo de alquiler. Una jugosa renta que va a parar a las arcas de una Fundación privada. Aquí lo dejo (de momento).

(III)
A partir de la creación de la FSS, el CGE comienza a referirse a la ECS como «la Escuela del Consejo General»; a los cursos de la ECS, como «los cursos del CGE»; a las jornadas organizadas por la ECS, como «jornada convocada por la ECS del CGE»; a EPM, como «la ONG del Consejo General»; y a los convenios de cooperación de EPM como «la cooperación solidaria del CGE».
 Pues bien, atención a la jugada: en una reunión del Patronato de la Fundación Salud y Sociedad celebrada el 27 de abril de 2015, se aprueban dos modificaciones de los Estatutos de la Fundación:
  • El cambio de nombre, pasando a denominarse Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud FICSSALUD. Esta modificación estatutaria no se anuncia, pero poco a poco empieza a introducirse el nuevo nombre y hoy en día es más o menos conocido (a pesar de que la FSS siempre se ha escondido en su publicidad institucional tras la marca «Fundación del CGE»).
 




  • La segunda decisión es absolutamente clandestina, hasta que he podido obtener el escrito que ahora hago público, donde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la acepta y ordena su inscripción: se acepta la renuncia del Consejo General de Enfermería, que abandona la fundación y es sustituido como vocal por un viejo mentor y compinche de González Jurado, Juan Vicente Beneit Montesinos (rebobine el lector hasta el cuarto párrafo de este artículo, si no retuvo el nombre).
 

Naturalmente, puesto que no se encuentra reflejado como ingreso en las cuentas de 2016, el CGE abandona la fundación sin recuperar los 150.000 euros que aportaron los forzosos colegiados a su capital fundacional.
El anuncio de la “dimisión” de González Jurado como presidente del CGE, que ha tenido lugar el pasado 6 de octubre, lo presenta como una decisión “en caliente”, motivada por el estado de salud de su esposa. En primer lugar, quiero transmitir, no puedo decir mi afecto a alguien que quiere meterme en prisión y arruinarme de por vida por denunciar sus tejemanejes, pero sí mi empatía con la familia González Fernández y desear una pronta recuperación de la paciente. Y en segundo lugar decir también que, a pesar de este infortunado suceso, la gravedad de los hechos impide “aparcar” su denuncia esperando momentos más propicios. Ya ha empezado el diario El País a hacerlo, como es bien sabido, ya que la noticia han tenido un amplio seguimiento, dentro y fuera de la profesión. Le seguirán otras si el diario no se arruga, porque material me consta que tiene.
Pero los hechos demuestran que lo que se está produciendo es una salida ordenada y lo más impune ya que “digna”, no posible, planificada desde hace al menos dos años.
Desde luego, ya no se podrá hablar de «la Escuela del CGE», «los cursos del CGE», las «jornadas del CGE», «la ONG del CGE» o «la cooperación solidaria del CGE»… aunque se siguen relacionando ambas entidades por si cuela (que cuela; yo mismo ni me había dado cuenta hasta ahora).


Por otro lado, se empezará a cerrar el despendolado entramado empresarial, excepto en aquello que siga resultando necesario (E-NETWORK SALUD SAU, dirigida por el hijo del candidato a sucesor de González Jurado, Florentino Pérez López; y SERPROCOL SA, la empresa de servicios al colegiado; poco más). Posiblemente, incluso, la propia FICSSALUD, cuyo inmueble de Aravaca puede estar tasado en más de 20 millones de euros. Goloso...
Las delirantes  pero muy lucrativas a título personal, supongo, de otra manera no se explican  inversiones inmobiliarias realizadas a través de dos sociedades del holding, ENFERMUNDI SA y COFUNSALUD SA, rescatada ya la primera a costa de seis millones de euros abonados por el CGE (cuotas colegiales mediante); a punto de serlo la segunda, que ha tenido pérdidas de otros seis millones en los dos últimos ejercicios conocidos, que habrán de ser también asumidas por el CGE, tienen que pasar factura, tanto en el sentido financiero como en el judicial.
En fin, la relación CGE-FSS es a día de hoy simplemente inexistente, excepto la relación arrendador-inquilino, que se supone prevalente. Excepto que se hayan firmado convenios, que muy probablemente se haya hecho para que la salida sea ordenada. Pero incluso eso podría tener un horizonte temporal: en enero de 2016, el Consejo compró (y pagó al contado 1.057.322 €) una parcela de 2.951 m2 con una edificabilidad de 1.305 m2, en la urbanización La Florida, muy cerca de la sede actual de Fuente del Rey 2. Para algo será…


Finalmente, (tratar de) nombrar sucesor a Florentino Pérez Raya, una apuesta delirante (¿se lo imaginan negociando con autoridades y lobbies competidores? Yo tampoco, claro: surrealismo del bueno) que parecía segura pero que igual no le sale tan rotunda como creía, muestra a las claras que la salida ordenada a la que me he referido nada tiene que ver con circunstancias familiares sino con un propósito de escapar al largo brazo de la Justicia. No lo conseguirán, ni él ni sus colaboradores necesarios. Empezando por el candidato a la sucesión.
La Escuela de Ciencias de la Salud nunca fue "de" la Organización Colegial de Enfermería, siempre fue de una fundación privada: solo se vendió así para hacer caja. Esa fue la Gran Mentira de Máximo Antonio González Jurado. Como anunció en primicia El País, todos estos hechos y muchos más están denunciados ante la Fiscalía, solo queda esperar a que sus investigaciones fructifiquen.


martes, 4 de julio de 2017

Las trampas de Alonso que Montserrat encubre (2ª parte)

Comenté la semana pasada que me he empeñado en saber quién en concreto tomó la decisión de esconder en un cajón el Real Decreto 954/2015, conocido como "de prescripción enfermera", durante dos meses, hasta que pasaron las elecciones generales del 20D.

Estoy empeñado porque, de ser así, estaríamos ante un hecho de corrupción cualitativamente equiparable a la financiación ilícita de un partido y en el Popular (el partido, quiero decir), con permiso de algún otro también de chapeau, han elevado este oficio a la categoría de arte: todo ello va destinado a favorecer de manera ilícita su posición electoral, bien teniendo más fondos para impacto sociomediático (lo que ahora se llama competir "dopado", es un buen símil), bien no enemistando más de lo posible a colectivos como el de enfermeras, con más de un cuarto de millón de votantes potenciales. Aunque dudo mucho de que les mereciera la pena arriesgarse a que les pillaran haciendo trampas, en mi experiencia no se trata, más allá de sus sectores más lúcidos, de un colectivo especialmente corporativista o sensible a los insultos (que es en realidad lo que estaba haciendo el ministro Alonso y parece que ahora quiera seguir haciendo la ministra Dolors Montserrat encubriéndole: insultar a su inteligencia, si es que no más).

Insisto, de ser así, como todo indica que lo es, no resultaría injurioso hablar de desviación de poder o prevaricación, es decir, de hechos delictivos y de corrupción política.

Ya sabemos que la causa (principal) estuvo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se embargó durante 46 días una norma que había sido aprobada por el Consejo de Ministros (tampoco es que en el BOE estuvieran muy diligentes, la verdad).

Así que, como ya conté, quise preguntar al Ministerio de Sanidad si era normal esta demora, si existían antecedentes. El Secretario General del Ministerio, Sr. Carvajal Álvarez, muy transparente él, me inadmite la pregunta, primero por la «indeterminación absoluta del período temporal»; eso es tan cierto como que el Sr. Carvajal o alguno de su administrativos podrían haberme pedido que delimitara ese período en vez de agarrarse a esta «indeterminación temporal» como lapas.

Por otro lado, la inadmite también por exigir «una acción previa de reelaboración» por parte del Ministerio  –y aquí se agarra al artículo 18.1.e) de la ley de transparencia y a una sentencia de la Audiencia Nacional, como suelo decir, como un borracho a una farola: no para iluminarse, sino para no caerse–.

Así las cosas, de manera tan transparente por parte del Ministerio que dirige Dolors Montserrat, y antes de presentar Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (cosa que ayer mismo dejé hecha y ya tengo el acuse de recibo), decidí acometer con mis pobres medios esta «acción previa de reelaboración», acotando el período a los cuatro años que llevaba este Ministerio en manos del Partido Popular hasta la publicación del RD de marras: es decir, desde el 21 de diciembre de 2011 (a efectos prácticos, 1 de enero de 2012).

La ardua «acción previa de elaboración» que los servicios de documentación del susodicho Ministerio no pudieron acometer me llevó exactamente 48 minutos usando el buscador del BOE y un poquitín de Excel®. Véase la extremada complicación:



En estos cuatro años se publicaron 38 normas con rango de Real Decreto (exceptuando en su caso nombramientos de altos cargos), que son estas de aquí (CM = Consejo de Ministros):





Como pueder verse, los dos siguientes RD que más se demoraron (34 y 26 días) en su publicación en el BOE desde la aprobación por el Consejo de Ministros lo fueron en agosto, lo cual puede parecer razonable estar toda la administración a ralentí.

De manera que como se ve en la tabla el siguiente equiparable en sus condicionantes tardó 25 días, es decir, que el RD 954/2015 se demoró un 144% más que el siguiente en tiempo de demora. Y dado que el tiempo medio (excluido del cálculo el propio RD 954/2015) es de 10,2 días, este se demoró un 498% sobre la demora "habitual". Por cierto, la "moda" estadística (el valor más frecuente), es 1 día.

Es evidente que desde el Ministerio de Sanidad se guardó el RD en un cajón. Solo nos resta saber quién o quiénes, exactamente, fue o fueron. Porque detrás de las decisiones administrativas están la ley y el derecho, pero detrás de las decisiones políticas hay personas: personas concretas con nombre y apellidos.

Bueno, ahora a esperar los tres meses (ojalá sean menos como acostumbran) que tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para responder a mi Reclamación. Tal como está regulado en España, buscar la transparencia de unas administraciones públicas con inercia hacia el lado oscuro es sobre todo un ejercicio de muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha paciencia.



PS.- Si no ha descargado libre y gratuitamente aún mi última publicación sobre el tema, "La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur", aún pude hacerlo. Creo que merece la pena.