Esta es la segunda de tres entradas sobre las elecciones al Pleno del Consejo General de Enfermería que, por primera vez desde su creación en 2001, se celebran el sábado 12 de junio. Puede acceder a la primera pinchando aquí.
(II) ¿DÓNDE ESTAMOS?
El 27 de
septiembre de 2017, Máximo González (presidente del CGE), Pilar Fernández (vicepresidenta
I) y Florentino Pérez Raya (vicepresidente II) fueron citados, junto con el tesorero del Consejo General de Enfermería (CGE), a declarar ante
la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Se les
exigió también documentación con respecto a la Denuncia que presentamos ante esa Fiscalía: un documento de 190
páginas y una documental con 215 pruebas que había estado preparando durante
año y medio con el apoyo de un grupo muy reducido (tres) de directivas
colegiales de Enfermería.
Apenas 8
días después, el 5 de octubre , la Ejecutiva del CGE convocó elecciones
anticipadas a la Presidencia, anunciando que González Jurado renunciaba a
presentarse, aludiendo a 'problemas personales'.
La
verdadera razón, según me han explicado fuentes del propio Consejo General, fue
que gran parte de las peores corrupciones denunciadas en el documento eran
absolutamente desconocidas para Pilar y Florentino, razón por la cual le exigieron dimitir y que se comiera el marrón él solito; el propio Florentino, en la asamblea
extraordinaria de presidentes del 3 de marzo de 2021, en Madrid, reconoció, tras estudiar la documentación disponible ─mucha había sido destruida o robada,
sacándola en cajas por una ventana de Fuente del Rey, describió con una puesta en escena dramática─, que teníamos razón en muchos de los hechos más oscuros relatados en la denuncia ante la Fiscalía.
A partir de
aquella dimisión, y al parecer tras intentar Pérez Raya durante un año y medio más o menos, mostrar un poquito de por favor con Il Dottore, la ruptura
fue inevitable. Y devino la monumental bronca, con denuncias cruzadas en los
ámbitos penal, civil y social con los hermanos González Jurado (el hermano
mayor, Julio, era gerente del conglomerado societario, con control y poderes plenos; en versión de Florentino, estos trasuntos de los hermanos Dalton hacían y deshacían por su cuenta como
si no hubiera un mañana).
Ello
incluía el tema crucial: la disputa sobre la propiedad de la Fundación Iberoamericana
de Ciencias Sociales y de la Salud, FICSSALUD ─originariamente, desde 1995
y hasta abril de 2015 cuando cambia de denominación, Fundación Salud y Sociedad─, sobre todo porque, entre otros activos societarios, esta era la
propietaria de las instalaciones de Fuente del Rey 2, propiedad que vale, según las fuentes, entre 9 y 12
millones de euros.
Recientemente
(el pasado 4 de mayo) el Registro de Fundaciones ha dictado una Resolución
cesando a los hermanos González (Julio como apoderado y secretario y Máximo
como asesor, ya que se había anulado previamente su autonombramiento como
presidente y se inventó un contrato laboral), así como a los tres viejos
compinches con los que había okupado la fundación, incluida la presidencia
(Juan Vicente Beneit Montesinos).
Hay que recordar que cuando se crea la Fundación Salud y Sociedad, 20 de los 25 millones de pesetas del capital fundacional fueron aportados por el CGE y apenas 2,5 millones de pesetas lo fueron por cada uno de los otros dos patronos fundadores, Máximo González y Pilar Fernández. Un chollo, vamos.
(Si alguien
quiere más información, puede encontrarla en estas dos entradas del blog: La gran
mentira y La
gran mentira, segunda parte.)
En 2015, el CGE tuvo que acudir al rescate de una
de las sociedades del grupo, Enfermundi SA, lo que costó a las arcas del Consejo unos 9 millones de euros. A cambio, recibió en dación una filial de
Enfermundi (E-Network Salud SAU) y las dos parcelas de Getafe–Los Molinos que mencioné
en la entrada de ayer.
Por estos hechos,
Florentino Pérez, Pilar Fernández y Máximo y Julio González Jurado están siendo
investigados, por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, en el Juzgado de
Instrucción nº 14 de Madrid. Pérez Raya ya ha prestado declaración y los otros
tres investigados están citados para hacerlo a primeros de septiembre.
El actual
presidente del CGE, Pérez Raya, no hace sino proclamar que toda su actuación al
frente del Consejo está dirigida a limpiar la porquería que las anteriores
ejecutivas, de las que él mismo forma parte desde 1998 (Pilar Fernández, desde
1988) fue acumulando debajo de las alfombras y dentro de las cajas fuertes.
Resulta extraordinariamente raro que pretenda hacerlo con el protagonismo y complicidad de dos directivos (no electos) que ayudaron a Máximo González en muchos de sus trapicheos, como tengo abundantemente documentado Me refiero al Director de los Servicios Jurídicos, Francisco Corpas, y al Director Financiero, José Antonio Becerra. De hecho, fueron los encargados de explicar a los presidentes colegiales que asistieron a la Asamblea extraordinaria del pasado 3 de marzo los pormenores de la situación judicial y financiera del Consejo General y su entramado. Sin duda, los conocen bien.
Así, nos
enteramos de que la sociedad E-Network Salud SAU, contratada por el CGE para
realizar diversas tareas ─ comunicación, diseño, servicios informáticos (dirigidos,
por cierto, por el hijo de Florentino) y ciertos servicios administrativos─ le
clavaba al Consejo General una comisión del 12% sobre los costes del personal
incurridos para realizar los trabajos contratados. Comisión que no es difícil
imaginar a dónde iba a parar. Afirmó Pérez Raya que se acababa de enterar hacía
solo unos días, porque se lo contó... el director financiero que, naturalmente
estaba al tanto, como el director jurídico, de todos ─o, al menos, buena parte─
de los oscuros tejemanejes de los hermanos González.
Cierto que se
ha desmantelado el entramado societario, incorporando al personal subcontratado
en la nómina del Consejo; que se ha mejorado la comunicación con los colegios;
que los presupuestos son más participativos y contemplan subvenciones directas
a colegios y colegiados, así como la cesión de la cuota de ingreso de los
nuevos colegiados; que se han denunciado ante los tribunales a los hermanos
González Jurado, por presuntos graves delitos recogidos en varios capítulos del
Código Penal; incluso que Pérez Raya ha cedido la presidencia del Consejo Andaluz
de Enfermería.
Parafraseando a Monty Phyton...
Vamos... No es menos cierto el escándalo que ha supuesto conocer los sueldos estratosféricos del presidente y de otros tres miembros de la Comisión Ejecutiva, que suponen entre cuatro y seis veces lo que gana de promedio una enfermera veterana atendiendo en la UCI a enfermos con covid-19, pateando domicilios, vacunando horas interminables y en festivos o haciéndose cargo por las noches de 200 residentes en una residencia asistida.
O el nepotismo institucionalizado durante largos años, con decenas de familiares enchufados en el CGE y su entramado, al tiempo que decenas de miles de enfermeras y enfermeros se desesperaban en el desemprecariado. O que se montó un sarao en Extremo Oriente, al que acudieron por la patilla decenas de cargos de la Organización Colegial aprovechando un Congreso al que solo asistió ─si descartamos la inauguración─ uno de ellos; sea o no legal, lo pagara quien lo pagara ─que ya se lo cobrará─, es simplemente indecente y en una organización con códigos de responsabilidad corporativa debería haber llevado a la dimisión de todos ellos.
Me voy a centrar ahora en la actuación más representativa de la catadura moral de la Ejecutiva del CGE. Porque es administrativa y deontológicamente ─si es que no penalmente─ reprochable, que la actual ejecutiva, que arremetió contra la Junta de Gobierno del Colegio de Murcia (Coemur) hasta conseguir destituirla, mantenga después de dos años y ocho meses una Junta de Edad que no solo no ha convocado elecciones, sino que ni siquiera ha convocado las preceptivas asambleas anuales de colegiados, instaurando de facto un estado de excepción que ha suprimido todos y cada uno de los derechos de los colegiados; solo sus deberes, como abonar las cuotas, siguen plenamente en vigor.
Es reprochable, pero comprensible, que un incompetente afectado por el síndrome de Dunning-Kruger se crea un líder carismático, reparta medallas a amigos y familiares, vote en las asambleas de presidentes, proponga candidaturas, todo ello sin legitimidad democrática, y maneje el colegio como si fuera su rancho. Y que se resista a abandonar un cargo importante que jamás hubiera soñado en alcanzar de no ser por el dedazo del abuelo Máximo, menos aún en mantenerlo gracias al de papá Florentino. Inmoral, pero humano.
Pero la Comisión Ejecutiva del CGE tiene la obligación de «adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo General dictadas en materia de su competencia» (art. 24.6 de los Estatutos Generales). Y la Resolución 4/2017, en la que se nombra a los miembros de la (mal) llamada Junta de Edad, dice en su artículo segundo: «La Junta provisional así constituida ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elecciones, que se celebrarán conforme a las disposiciones estatutarias aplicables».
¿Cuáles son esas «disposiciones estatutarias aplicables»? ¿Qué dicen los Estatutos del Coemur?
El artículo 40, apartado cuarto, establece lo siguiente (el énfasis es mío):
«En el
caso de que las vacantes afecten al menos a la mitad más uno de los miembros de
la Junta de Gobierno, se convocarán elecciones de
inmediato, para cubrir los cargos vacantes, conforme a lo previsto en
estos Estatutos.»
La Resolución 6/2016 de la Comisión Ejecutiva del CGE declaró nula la convocatoria de elecciones del 21 de marzo de 2016, retrotrayendo las actuaciones al día anterior, declarando «vacantes todos y cada uno de los cargos colegiales» y solicitando el censo de colegiados «al objeto de que sea designada la Junta de Edad , que deberá proceder a convocar elecciones». Es decir, que se cumple plenamente la causalidad prevista en los estatutos ─vacante más de la mitad, de hecho la totalidad, de los cargos colegiales─ para convocar de inmediato elecciones.
Atención, pregunta, señor Diego Ayuso Murillo, secretario general del CGE: ¿32 meses entran dentro de lo que puede considerarse de inmediato? Porque entra dentro de lo razonable ─y hasta de lo lógico─ que alguien pueda pensar que la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería está prevaricando en este asunto, con el único objetivo de impedir que los colegiados murcianos repongan democráticamente a Amelia Corominas y su equipo. Que es lo que sucedería y probablemente suceda antes de fin de año (esta carta me la voy a guardar de momento, para no dar pistas).
En cualquier país normal, donde las autoridades velan por el cumplimiento de las leyes y por la salvaguarda de los derechos democráticos ─la propia Constitución Española, en su artículo 36, dispone que «la estructura y el funcionamiento de los colegios profesionales deberán ser democráticos»─, declarar un estado de excepción, anular todos los derechos de los colegiados y manejar fondos públicos sin ningún tipo de control de sus contribuyentes, todo ello con el beneplácito cómplice de la Comisión Ejecutiva del CGE, sería un escándalo de proporciones estratosféricas.
Es evidente que las promesas de Pérez y sus mariachis de la ejecutiva de democratizar la organización colegial no son creíbles, se trata solo de salvar la cara. Porque es un asunto que, de no ser uno un simple demagogo y querer de verdad respetar la legalidad, hubiera podido solucionarlo recordando al incompetente su deber de convocar elecciones y, si no lo hace, cesando a una Junta de Edad en rebeldía y nombrando otra. Lo que están haciendo es lo mismito que han estado haciendo durante 30 años; pero, claro, ahora resulta que estamos en otra época...
Solo que la correlación de fuerzas ha cambiado (y más que va a cambiar), como demuestra el hecho de que en el CGE se vayan a celebrar las primeras elecciones democráticas
He compartido ayer mi reflexión sobre dónde venimos y hoy, sobre dónde estamos. Mañana, lo más importante: a dónde va la organización colegial. Puede acceder ya, pinchando aquí.
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