lunes, 11 de enero de 2016

Cuarteto 954: (1) Cuando despertaron

Si exceptuamos a la sempiterna caverna médica y a quienes, en su frivolidad extrema, todo lo que querían era darle una patada en los egos al Gran Narciso, debo ser el único profesional del sector que está contento con la publicación del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.


Su entrada en vigor el día de Nochebuena ha puesto en evidencia que no se trataba ya de solucionar un problema de alegalidad y esas milongas que nos contaban, sino de extender un tablero sobre el cual se pudiera dirimir quién la tenía más larga (sí, porque este es un juego exclusivo de varones). Y esa conjura de los necios ha generado un problema de tal calibre que solo puede desenredarse ordenando volver a la casilla de salida. ¿Una segunda oportunidad? Sí, pero solo si se convoca a nuevos jugadores (y si estos comparecen), porque quienes han provocado esta degeneración de la responsabilidad pública en un juego de gónadas están moralmente descalificados para asumir la responsabilidad de intentar arreglarlo.

El pecado original que acabó trayendo el maleficio del Real Decreto 954/2015 está en la nefasta respuesta que, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y entre el alborozo de las burocracias enfermeras corporativa y sindical, dio la Ley del Medicamento (perdón por abreviar el título) al problema: ignorar deliberadamente que, por su propia esencia profesional y definición competencial legal, las enfermeras mantienen una relación directa e inmediata, no solo  ‒que también, claro‒  mediada por los médicos, con los medicamentos y los productos sanitarios. Y que esa relación debía ser regulada para mejorar la ordenación, coordinación y seguridad asistenciales y no para dirimir otros temas que deberían haberse solventado en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias de 2003 (aprobada también, por cierto, por consenso de los grupos del Congreso).

Si el proceso de aprobación de la reforma de la Ley del Medicamento entre 2006 y 2009 tuvo muchos rasgos de sainete, lo del Real Decreto ya es de traca.

No voy a insistir en la degradación de la calidad democrática que supuso, por parte del ministro de Sanidad del Partido Popular ‒y del presidente del Gobierno y de su partido que se lo consintió‒, tener congelada la publicación del RD en el boletín oficial, por motivos puramente partidistas, durante dos meses tras haber sido aprobada, después además de andar burreando al respetable durante año y medio.

Ni en la terrible doblez que supuso la inclusión, totalmente a escondidas, del famoso inciso del artículo 3.2 que rescataba la presencia ubicua del más rancio poder médico y su interesada concepción de la enfermería como ocupación subordinada, vaciada de las capacidades facultativas que le son inherentes.

Ni siquiera en lo que hay de innoble e injusto en confundir la parte (el usurpador que representa por imperativo legal a una profesión que nunca ha ejercido) con el todo (la enfermería asistencial, docente e investigadora que es un pilar básico en el sostenimiento del sistema sanitario) y tomar a esta como saco de golpes para responder a las bravuconadas, exabruptos y amenazas de aquel. La profesión no tiene la culpa, al menos no en este plano, de que sus representantes legales se hayan convertido, por méritos propios sin duda, en los apestados políticos, con los que nadie quiere tener nada que ver, que son hoy en día.

No: lo que resulta increíble es la absoluta incompetencia de un equipo ministerial y del lobby médico que le embaucó, responsables en comandita de la redacción de una norma de desarrollo que es un completo desatino, sin siquiera previsiones transitorias que al menos hubieran paliado la transición hacia ninguna parte que realmente supone. Y que no solo está generando ya problemas graves que afectan a las relaciones humanas que sostienen y articulan las actividades sanitarias en el día a día, sino que hace imposible el desarrollo y la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en el propio decreto. Como a día de hoy ya saben de sobra, no sé si lo reconocen, sus perpetradores el real decreto implosionó en el mismo momento de su entrada en vigor.

No me digan que en el pecado no va la penitencia: esta gran negligencia nos devuelve necesariamente a la casilla de salida, justo lo que todos ellos querían evitar, que es la revisión, no ya del decreto, sino del artículo 79 del Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Nos devuelve... si se confirma que hay vida inteligente dentro de la enfermería, que debería ser capaz de exigirlo e imponerlo. Y eso abriría, como decía al principio, nuevas oportunidades que de otra forma no habrían existido en largos años.

Como es sabido, dentro de este debate jurídico-político hay dos corrientes dentro de la enfermería:
  • La de quienes quieren poner a la profesión a la altura de los tiempos, dotándola de los medios y competencias requeridas para poder ejercer hasta el límite de sus competencias legales atribuidas. Proponen una reforma de la ley, es decir de la regulación legal, algo que un decreto de desarrollo no puede suplir.
  • Y la de quienes a todo lo que aspiran es a "legalizar" lo que ya vienen haciendo las enfermeras sin cobertura legal, aunque también sin problemas relevantes hasta que se aprobó el decreto, en sus centros de trabajo. Naturalmente, previa realización de un fantasmal curso de acreditación estatal que nutra sus arcas y tape sus vergüenzas. Proponen una reforma del real decreto, es decir de la reglamentación, dando por buena, tácita o expresamente, la regulación legal.
No explican estos últimos, la enfermería conservadora que representa el Consejo General de Enfermería (y desde hace poco también su adláter sindical, que al parecer ha renunciado a la ambigüedad calculada que siempre le caracterizó), cuáles son las razones por las cuales alguien debe formarse y acreditarse... para seguir realizando legalmente lo que ya venía haciendo materialmente desde hace años, ya que esa es su justificación de la regulación que proponen. Porque se han metido la indicación y uso, que no a otra cosa me estoy refiriendo en este párrafo, en el mismo saco que la capacidad presciptora  ‒el eufemismo de la autorización de dispensación‒.

Lo que sucede es que es esta ala conservadora la que ostenta la capacidad de representación del colectivo en su conjunto. El resto de la profesión, como bien se han encargado de asegurar estos burócratas ‒a diferencia, por cierto, de la conservadora profesión médica, que se ha dotado de un Foro de la Profesión inclusivo‒, es mantenida férreamente al margen de cualquier mesa, foro, ámbito, acuerdo, pacto, comité, comisión, mesa camilla o tresillo en los que se negocien decisiones políticas que puedan marcar el futuro de la profesión.

Es decir, la visión y las propuestas de la enfermería, digamos, progresista no han estado representadas en el debate político, de ahí que difícilmente podrían haber sido siquiera planteadas como material de trabajo. Ha sido precisamente la incompetencia que han mostrado tanto los negociadores enfermeros como sus contrapartes político-administrativos lo que va a forzar, con total seguridad y con el carácter todo lo inmediato que permita la volátil situación política actual, la suspensión o modificación provisional del real decreto: es decir, la reapertura de un debate que ya no podrá ser como el mantenido hasta ahora, ni por parte del regulador ni por parte de una representación formal de la enfermería que ha quedado herida de muerte en su liderazgo interno y relegada como un walking dead político.

Eso representa una oportunidad para los liderazgos enfermeros emergentes... si ellos quieren. Porque a veces parece que no pierden la oportunidad de perder la oportunidad.

Cuando el viernes 23 de octubre el ministro Alonso anunciaba junto a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que el Consejo de Ministros había aprobado el Real Decreto 954/2015, con la inclusión sin aviso previo del artículo 3.2 de marras, Máximo Il Dottore González tuvo que pasar el peor de los 10.256 días que llevaba como presidente del Consejo General de Enfermería de España. Y miren que los ha tenido malos, cada vez que los medios de comunicación o la propia policía ‒UDEF‒ le han implicado en tantas corrupciones, corruptelas y conspiraciones que estadísticamente alguna tendrá finalmente que concretarse en sede judicial.

Ninguna de las 1.465 que llevaba en el cargo, como la semana que cerraba el mes de octubre, Il Dottore había estado tan débil, deprimido y vulnerable, después de pasar el fin de semana como Prometeo desatado, desbarrando, amenazando, insultando, mostrando su frustración y perdiendo la compostura: dejando patente, en fin, ante todas las enfermeras y enfermeros de España que, pese a su arrogancia, su prepotencia, sus abrigos tan apañaos y su férrea mano contra los débiles, era un don nadie absoluto para los fuertes de verdad: esos que no necesitan decir lo fuertes que son para que se sepa que lo son. Y para demostrarlo cuando hace falta sin necesidad siquiera de levantar la voz.

Lo sorprendente es que la oposición enfermera no entendiera que las estrellas estaban por fin alineadas, que era el momento esperado y propicio para asestar el golpe definitivo al dinosaurio. Que era necesario agrupar en una sola voz a toda la profesión partiendo del conglomerado de colegios, sociedades, asociaciones, sindicatos y líderes de opinión que abominan del impuesto e ilegal liderazgo de Il Dottore. Que había que abandonar el síndrome de cabeza de ratón y conjurarse mezclando el poder legal y mediático del brazo institucional con la fuerza agitadora de las bases profesionales en pleno proceso de organización. Con visión, generosidad y unidad.

Eso se llama política. Y las cosas solo se cambian con política.

Pero no, no ocurrió: una vez más no se supo hacer política.

Por eso, cuando despertaron el dinosaurio aún seguía allí.


Esta es la primera entrada sobre contexto, efectos y protagonistas de la regulación sobre 'prescripción enfermera'.
Si le gustó, tal vez quiera echar una ojeada al resto:





7 comentarios:

  1. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Mejor no añado nada más, de tanto que diría.

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    1. Muchas gracias, habrá sin duda mucho más que decir y mucho más que hacer y más pronto que tarde. Saludos

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  2. totalmente de acuerdo,suscribo al 100% todo lo q dices,mejor imposible.Muchas gracias x tu apoyo.

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  3. Muy Clarita la explicación Juan, y la necesidad de que las enfermeras nos comprometamos con la profesión pero también de forma política, no sólo con nuestra abnegación angelical.
    Nuestras élites, no han conseguido en 30 años cambiar la imagen de medichachas, más aún han profundizado en ese lamentable rol, cuando la profesión en algunos ámbitos había partido hacia otros mundos...
    Es verdad, que ahora la mayor parte de la profesión se ahoga como náufragos de un barco cuyo capitán cambió la bandera de la profesión por una negra con dos tibias y una calavera...
    Abordar el tema de la prescripción con un curso de acreditación es una de las mayores humillaciones que ha sufrido la profesión, y venía de dentro!!!!

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    1. Gracias, Esteban, ya me has oído/leído decir, y llevo haciéndolo al menos (desde la primera vez que recuerdo haberlo dicho en público) cuatro años y medio, que el principal problema de la enfermería en España no es disciplinar, ni competencial, ni laboral, ni etc., todos estos problemas se derivan del principal problema que es de orden político. A ver si los que venís empujando con ganas dais por fin una patada a las mafias locales (que sustentan a las estatales) y ya puestos un toquecito de atención a una oposición democrática-progresista un tanto esclerotizada y amedrentada. Un abrazo

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