Claudicación

El próximo día 8 de octubre, es decir, en menos de una semana, se celebrarán elecciones en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona [Coib]. Un proceso electoral que, al margen de su desenlace, se ha convocado y se está desarrollando con unos estándares de calidad democrática que chocan ‒con pocas pero dignas excepciones que también hay que reconocer‒ con la habitual zafiedad mafiosa de una buena parte de los colegios de enfermería.

Las experiencias más recientes (al menos de las que han trascendido: Granada, Cádiz, Lugo, Cáceres, León, Palencia... y el propio Consejo General) demuestran que el principal objetivo de las juntas directivas colegiales, concretado a través de una fraudulenta ingeniería electoral ya bien rodada, no es fomentar una sana competitividad entre candidaturas y una ‒no menos sana‒ participación masiva de los colegiados.

Lo que en realidad se pretende es tratar de evitar tener que acudir a la que ya se conoce, dada la sofisticación y excelencia alcanzadas en su aplicación en el pasado, como Solución máxima: el fraude masivo en el voto por correo, último recurso de los manazas que han hecho mal las cosas en la convocatoria, dejando que se presente una candidatura subversiva que amenaza con echarles de la poltrona (como pasó en Cádiz, a pesar de convocarse la votación para un 26 de diciembre).

Si se hace, por ejemplo y por citar el caso más reciente, con la finezza de la Junta Directiva del Colegio de Palencia (se convoca en pleno agosto, no se comunica a los colegiados por ninguna vía y se da un plazo de ocho días naturales, siete de facto,  para presentar candidaturas), la Solución máxima, más arriesgada judicialmente, no será en absoluto precisa. Claro que para eso hay que haber recorrido con buen aprovechamiento un largo camino de degradación democrática y tal vez moral. Y eso no está al alcance de muchos (¿o sí?).

Como si se tratara de otra dimensión espaciotemporal, el proceso de Barcelona ha sido formalmente ejemplar, respetando unos plazos democráticamente sensatos para facilitar la existencia de diferentes opciones entre las cuales los colegiados puedan optar. Como consecuencia, se han presentado tres candidaturas, de las cuales solo una saldrá electa tras la jornada del día 8 de octubre.

Estoy, profesionalmente ‒y personalmente, pero eso no viene aquí al caso‒, muy unido a Barcelona. Además de una larga serie de colaboraciones con empresas y entidades como consultor o asesor, en un plazo temporal más lejano, he sido invitado hasta en cuatro ocasiones en los últimos 30 meses para participar con un papel relevante en congresos y jornadas de Enfermería (justamente la última en que he participado hasta ahora tuvo lugar en San Boi de Llobregat el pasado mes de abril). 

Por eso, a pesar de un ambiente político y emocional muy turbio que reconozco que ha ocasionado en mí un doloroso desgarro personal-afectivo (y que jamás pude imaginar que llegaría a experimentar), me siento feliz y quiero felicitar a todos los contendientes, y muy en especial a la Junta saliente, por el ejemplo cívico que está dando en un medio dominado por la podredumbre moral.

Querría, sin embargo, comentar dos cosas. La primera, que los programas electorales son, en realidad, muy parecidos (no se me alboroten, que mis horas me ha costado el análisis comparativo y desde fuera se desbroza mejor el trigo de la paja). Quitando alguna propuesta que se me asemeja un tanto excéntrica y un variable nivel de detalle en los qué, nunca en los cómo, la verdad es que si uno tuviera que decidir su voto en base a programa-programa-programa lo tendría muy, muy complicado. Puede comprobarse en los enlaces a los respectivos programas (en el mismo orden que en la web del Coib).

Calculando a ojímetro, el 70% de las propuestas con mayor sustancia profesional de las tres candidaturas queda fuera del ámbito territorial y político de un colegio provincial, es decir, fuera de su alcance y posibilidades individuales. Son medidas que dentro del actual marco político-legal solo son alcanzables a través de órganos superiores (los Consejos), sea en el ámbito autonómico o estatal.

Por lo que respecta al ámbito autonómico, la representación ponderada de los cuatro colegios en el Consejo catalán sí permite, como lo viene haciendo históricamente, que sea Barcelona quien lo dirija de facto y ello supone que en el ámbito profesional de negociación en Cataluña el Coib sí tenga mucho que decir. Sucede, sin embargo, que en los aspectos de ordenación profesional, estatutarios, competenciales y corporativos, el ámbito autonómico, a día de hoy, está muy limitado por la legislación catalana, incluida la ley de colegios profesionales, una legislación amplia e importante, pero con evidentes limitaciones: todo aquello que a día de hoy, insisto, forme parte de la normativa básica política y corporativa.

Y sin embargo el poder central colegial (Consejo General de Enfermería), con una acumulación de poder sin duda desproporcionada en relación a los ámbitos político y sanitario del país y con una escasísima desconcentración territorial en términos políticos, es una realidad negada, simplemente no existe: ni para amarlo ni para odiarlo; ni para proponer romper relaciones (algo que sí se ha propuesto en el ámbito político catalán y ha recibido un gran apoyo popular) ni para proponer cambiar sus políticas desde dentro haciendo valer la influencia del segundo colegio de enfermería más grande del estado por sus 35.000 colegiados en activo, solo superados por los casi 41.000 de Madrid (colegio, por cierto, enfrentado frontalmente al Consejo y uno de los cinco que en su momento decidieron dejar de pagar su diezmo). Ni para hacer el amor ni para hacer la guerra. Y aunque las tres candidaturas coincidan en fingir que el Consejo no existe, ¡claro que existe y no solo como autoridad difusa, más o menos molesta a ratos, sino con reflejo en el día a día de los colegios!

Los colegios catalanes están aportando al Consejo General de Enfermería 5,31 euros por colegiado y mes, es decir [5,31 x 12 x 43.000] 2.740.000 (sí, dos millones setecientos cuarenta mil) euros, de los cuales 2,2 millones son aportados por el Coib. Dos millones doscientos mil euros son mucho dinero y permitirían hacer muchas cosas... Y sin embargo, no existe la más mínima referencia a este dinero, que supone la cuarta parte de las cuotas colegiales, en los programas electorales. Es una realidad negada de la que no va a poder uno zafarse cuando llegue el momento de gestionar los recursos de todos.

Pese a lo que escribí antes, sí existe un aspecto diferencial entre los programas opositores y continuista: los dos primeros prometen una rebaja de las cuotas colegiales si llegan al poder, algo que no propone el tercero. Y ahora entra en escena el contexto.

Históricamente, los colegios provinciales abonaban su diezmo al Consejo General como un porcentaje de las cuotas recaudadas, de manera que si las cuotas bajaban o subían, el diezmo también lo hacía. Pero, ¡ah!, las cuotas obligatorias eran fijadas con carácter general para los 52 colegios oficiales por la Asamblea General de la Organización Colegial.

De repente cambia la legislación y se prohibe a los consejos de colegios establecer el importe de las cuotas colegiales, ni siquiera con carácter orientativo (prohibición que el Consejo General se pasa por el forro cada año, pero a quién le extraña ya). Y cuando tuvieron libertad para hacerlo, algunos colegios empezaron a congelar, incluso bajar, unas cuotas claramente desproporcionadas para los servicios efectivos que recibían los colegiados, especialmente por parte de un Consejo con una tesorería a reventar con sus cuotas.

Consciente de este problema para los intereses de la Corporación que preside, Il Dottore llamó a rebato a todos sus balantes y la Asamblea General decidió que en vez de un porcentaje pasaría a ser una cantidad fija:

Baje usté las cuotas a los parados, a los precarios o a los EIR, si le sale de los chinchulines, pero a mí, oiga usté, me va a abonar sí o sí los 5,31 euros por colegiado y mes o le llevo a los tribunales. ¿Capito?

Aunque he sido incapaz de encontrar en la web del Coib (en los 15 minutos que he perdido haciéndolo) el importe de la cuota ordinaria de colegiación, he podido establecer de manera indirecta (ingresos por cuotas / colegiados) que debe estar en torno a 228 euros anuales (19 mensuales). De ellos, 64 se van para el Consejo General, lo que significa que el Coib funciona con 164 euros anuales de la cuota ordinaria de cada colegiado.

Supongamos que una candidatura opositora ganadora decide, como prometió, rebajar las cuotas; y supongamos que lo hará de manera significativa, por ejemplo dejándolas en 15 euros mensuales, es decir, 180 euros al año. De ellos, el Consejo General se lleva igualmente sus 64, claro, y al Coib le quedan por tanto... 116: baja la cuota a cada colegiado 48 euros y el colegio pierde 1,68 millones de euros al año de presupuesto frente a 0,00 euros de pérdida en los presupuestos del Consejo General. Todo muy solidario y ejemplar.

Al parecer, nada se puede hacer contra esta situación injusta e inmoral; todos los abogados que puedas consultar te dirán que los colegios que se han negado a pagar a sus consejos generales han acabado, o acabarán, perdiendo en los tribunales antes o después (dependiendo de lo peor o mejor pagados que estuvieran sus asesores jurídicos), siendo obligados a unos plazos de devolución de la deuda que supusieron en casos la ruina y/o la intervención por parte del Consejo General.

(Por cierto, los Vecinos del Sur siguen resistiendo: aunque parezca que se trata solo de dinero, son los últimos románticos en tiempos de claudicación).

Y además el Coib está doblemente agarrado por donde más duele, ya que mantiene una incómoda posición de deudor con el Consejo, gracias al préstamo que en su día le fue concedido para levantar la nueva sede colegial.

El Col·legi de Barcelona se ha alineado sin fisuras (que se sepa) con el bloque independentista: apoyó el manifiesto intercolegial en que se apoya el "derecho a decidir", que fue presentado en un acto organizado por Òmnium Cultural, una de las fuerzas cívicas catalanistas que participan en la candidatura Junts pel Sí que, como se sabe, defiende no sólo el "derecho a decidir", sino la independencia de Cataluña. También ha firmado el manifiesto de los colegios profesionales sanitarios en el que de manera más sutil, se declaran dispuestos a "asumir los retos de excelencia en todos los ámbitos que plantea el nuevo espacio político dentro del marco europeo".

Sin embargo, dentro de su ámbito natural de competencias como corporación de derecho público, entre cuyos fines esenciales está la "defensa de los intereses profesionales de los [¡sus!] colegiados" y entre cuyas funciones, la de "organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios necesarios", no existe la más mínima mención reivindicativa o meramente propositiva frente a un poder colegial central omnímodo, absolutista, codicioso y arbitrario que, entre otras cosas que tienen más que ver con las dimensiones ética y moral del buen gobierno, amenaza claramente la suficiencia y el alcance de dicho "sostenimiento económico".

¿Eso no supone en realidad aceptar que no se puede hacer nada contra el poder central (colegial) y hacer como si el problema no existiera para no pasar la vergüenza de reconocerlo, justo cuando se están planteando desafíos rupturistas y de desobediencia civil de muchísimo mayor calado y riesgos? ¿Es más de temer  ‒y esto le encantaría, si sus censores le dejaran leerlo‒ Máximo Antonio González Jurado que Mariano Rajoy Brey?

¿Que el Consejo General no es tema de campaña en Barcelona? Ah, ya...