jueves, 21 de abril de 2016

El hatillo


Cuando llegamos al mundo suele decirse que "traemos un pan bajo el brazo". Yo diría más bien que cuando el jodido azar nos pone en el disparadero de enfrentarnos a la vida que nos toca nos equipa con un hatillo de bienes necesarios para nuestro tránsito, eso sí, exigiendo en el "contrato de suministros" que los administremos bien para que no se agoten, porque una vez dilapidados no hay forma de recuperarlos. En el hatillo van salud, energía, lucidez... y también honorabilidad. El honor es tremendamente importante para nuestra configuración mental como personas cuya vida merece la pena y también para nuestra reputación, nuestro "buen nombre".

Hay gente, los vemos desfilando cada día en los medios de comunicación, a la que su "buen nombre" parece no importarles lo más mínimo. Ponen por delante muchas otras cosas, generalmente la famosa tríada dinero-codicia, poder-manipulación, placer-lujuria; para obtener estas utilidades dilapidan en un pispás el hatillo de honorabilidad con que fueron equipados al nacer. Y cuando ves que en su corrupción han arrastrado a su familia y que sus hijos forman parte como accionistas, directivos, testaferros, apoderados... de las tramas empresariales que han montado para corromperse, te dices "¿cómo es posible que uno corrompa hasta a sus propios hijos, por Dios?". Pues hay gente que lo hace y cuando ves su selfie en el Palco del Bernabéu, con esas sonrisas prepotentes, solo te dan ganas de llorar. Los hijos son  -deberían ser- sagrados.

A otros, supongo que a la mayoría de la gente, nuestra honorabilidad nos importa mucho; por nosotros mismos, en primer lugar, para poder respetarnos, y también porque no tenemos muchas cosas más que dejar a nuestros hijos que nuestros valores y nuestro ejemplo. Mi padre lo hizo conmigo y yo trato de hacerlo con mis hijos. Me importa mucho, no niego que quizás sea un poco neurótico, que mis hijos se sientan orgullosos de su padre; no de su inteligencia, su riqueza, su poder... sino del balance completo de su paso por la vida. Con sus errores, claro: todas esas cosas, generalmente reactivas, que haces a lo largo de tantos años (y yo tengo ya 60) de las que uno no se siente precisamente orgulloso, pero de las que tratas de aprender para no reincidir.

Pero también, cuando rebuscas en tu hatillo, encuentras aún unas migajas de honorabilidad y te dices: "hice caso a la vida y administré tan bien mi dote que aún, después de todos estos años, me quedan estas migajas".

Por eso, cuando el otro día encontré mi nombre ligado a una Circular del Consejo General de Enfermería que contenía en su "Asunto" la palabra honor me sentí indignado. TAN indignado que comprendí que no tengo otra cosa más urgente e importante que hacer en la vida (al menos en su dimensión moral, social y política) que defendernos a las personas honorables frente a lo que considero un epítome del deshonor, compendio de todo aquello que odio en la vida cuando la observo desde mi humilde mirada ética.

Lo que debía seguír en esta entrada, porque estaba escrito pero no aparece, ha sido censurado (en realidad, autocensurado) porque, como probablemente sepan, esos individuos han presentado una querella criminal contra mí, por la que anteayer tuve que prestar declaración ante el juez. ¿Y saben lo que sentí al llegar a casa después de hacerlo? Que mis hijos y mi mujer, a pesar del apelativo ("criminal"), pudieron mirarme a los ojos y decirme lo orgullosos que estaban de mí; y que cuando aquellos, los malos, se sienten en el banquillo bajo el mismo apelativo (lo cual, no les quepa duda, sucederá más pronto que tarde) no creo que puedan escuchar ni sentir lo mismo.

Porque han dilapidado su hatillo antes de tiempo.

Las personas decentes damos importancia al honor, por eso estamos juntos en esto. Muchas gracias a todxs, un inmenso abrazo, vamos a barrer juntos toda esta porquería. (Y no se me peleen por chorradas, que estamos llamados a hacer algo grande, siempre importante, ahora ya urgente).


martes, 5 de abril de 2016

Al Tribunal de lo Penal por defender a la Enfermería

Ayer, lunes 4 de abril de 2016, tuve que acudir al Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria (ciudad en la que resido) para que me hicieran entrega de una querella criminal por presuntos delitos continuados de calumnias e injurias. La querella ha sido formulada por D. Máximo Antonio González Jurado, en su propio nombre y como presidente del Consejo General de Enfermería.

El querellante solicita al Tribunal que "libre oficio a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial para que proceda al cierre y clausura de los siguientes blogs" (aquí, los dos blogs que mantengo, este que está usted leyendo y otro en la plataforma Medium). Y que se me requiera, de manera cautelar (es decir,previamente a cualquier juicio), para la "cancelación y borrado de los tuits (...) y, en general cuantas publicaciones haya practicado es internet que supongan ofensa, de forma directa e indirecta, contra Don Máximo González Jurado". Y, de no acceder yo voluntariamente a hacerlo, que se requiera a la Policía que lo haga.


El delito de calumnias está castigado (art. 205 del Código Penal) con penas de prisión de seis meses a dos años y el de injurias (art. 209), de seis a catorce meses, así que no me tomo la cosa como una broma o un juego sino como una amenaza real, tangible y concretada contra mi persona y mi familia, y por ende mi conciencia moral y mis derechos fundamentales. Amenaza, además, ejercida desde un poder institucional, pertrechado con todos los recursos económicos y jurídicos (pagados por el conjunto de los colegiados españoles, con o contra su voluntad, incluso con su indiferencia), contra un particular, profesional liberal, de economía además muy modesta.

Una batalla desigual que, no obstante, estoy dispuesto a entablar:
  • Porque de ninguna de las maneras voy a ceder motu proprio a las exigencias del querellante ni voy a disculparme por llevar cinco años denunciando los (aparentes, documentados o presuntos) abusos de poder, opacidades, irregularidades contables, negativas a la rendición de cuentas, incumplimientos de leyes en vigor, ocultación del destino de fondos públicos, infracción de derechos políticos de colegios y colegiados y un largo etcétera de conductas, no sé si punibles porque para eso están los tribunales, pero sí denunciables e investigables.
  • Porque el artículo 206 del Código Penal establece que "El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado."
  • Y el artículo 210, que "El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas" (cualidad de funcionario público que reclama para sí en la querella González Jurado).

Por otro lado, las acusaciones, casi clamores, como demostraré en su momento, sobre hechos presuntamente delictivos se podrían haber disipado, simplemente contestando a las preguntas que de manera sistemática y con carácter anual se le han venido formulando, a través de los votos particulares a las actas de las asambleas generales, por parte de determinados colegios "opositores": ya es sabido que "al enemigo, ni agua", pero también es lógico que las opacidades manifiestas y las negativas a rendir cuentas por parte del Consejo General de Enfermería, entidad de derecho público incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de acceso a la información, buen gobierno y transparencia, hacen razonable pensar que "algo debe esconderse" cuando se sustrae tan celosamente una información que por su propia naturaleza (y por tratarse de la gestión de fondos colegiales) debería ser escrupulosamente publicada y actualizada. Y en atar esos cabos para demostrar que se incumple la ley estoy dedicado los últimos años, con mayor intensidad  -oh, casualidad-  estos últimos meses, con la tarea prácticamente finalizada.



Hace seis años tuve que documentarme para cumplir un encargo profesional, la redacción de lo que luego sería mi monografía "La enfermería frente al espejo: mitos y realidades". Durante el proceso de documentación, lo que podríamos llamar  -que no se me moleste nadie por esta reivindicación: también los científicos sociales hacemos estas cosas-  la fase de diagnóstico del problema, asumí tres realidades:
  • Que, dados los graves problemas y retos de carácter demográfico, político, social, económico, sanitario... que se están presentando a las sociedades avanzadas, los servicios de salud no podrían seguir desarrollándose bajo la hegemonía política y el dominio cultural de la Medicina sin llegar a colapsar: es preciso un cambio de paradigma que debería descansar como pilar básico en los cuidados, es decir, en la Enfermería, profesión sanitaria del futuro por excelencia.
  • Pero que, al margen de la inevitables resistencia por parte de las organizaciones médicas, tampoco está hoy en día la profesión enfermera suficientemente preparada para convertirse en ese activo esencial del Sistema Nacional de Salud, aquejada también de graves problemas de carácter interno (ensimismamiento, falta de autoestima, liderazgos tóxicos, victimismo, falta de cohesión y solidaridad...), por lo que se hacía necesaria una pequeña "revolución moral" interna basada en una mayor y mejor presencia social.
  • Finalmente, que el principal problema para esta refundación lo constituía el inmenso poder y la absoluta desprofesionalización (venenoso cóctel) de la oligarquía que accedió al poder colegial hace casi 30 años y sigue gobernando con mano férrea, en medio de un desprecio generalizado por los derechos e intereses de los súbditos, el cotarro. Una representación legal de la profesión absolutamente desprestigiada y a la que no se respeta, con presencia constante en los medios de comunicación asociada a tramas presuntamente corruptas y actividades presuntamente delictivas, algo que no digo yo sino los propios medios de comunicación. Por tanto, si quería aportar mi granito de arena a esa revolución moral tenía que convertirme en activista.
Algunos luchan contra las corridas de toros, a favor de los refugiados y migrantes, contra la homofobia o la violencia de género o a favor de las energías renovables. Son activistas que sin beneficiarse directamente, de manera particular, de los resultados de sus luchas, dedican su tiempo y su dinero y arriesgan su confort y sus derechos personales, a veces incluso sus vidas, en beneficio de la sociedad. Mi lucha, mi causa, es la enfermería, conseguir que se movilice y se libere de ataduras y superestructuras políticas desmovilizadoras. No quisiera sentirme parte del problema cuando, como sucede ya por ejemplo con la crisis ambiental, se diga que hemos actuado demasiado tarde para asegurar la sostenibilidad de nuestros queridos servicios de salud.

Lo que hoy se me imputa en sede judicial es precisamente ese activismo. Y lo que se persigue es callarme y, a ser posible, castigarme duramente por mis denuncias de los abusos y mi compromiso con la democracia, la libertad y la decencia, pilares sin los cuales jamás podrá desarrollarse un colectivo profesional adulto, solidario, comprometido, autoexigente y decidido a ocupar su papel en la sociedad.

Y que nadie se llame a engaño, esto no va solo contra mí, sino contra toda la profesión. Yo soy únicamente una excusa para intentar atemorizar a todas las enfermeras y enfermeros que están luchando por un recambio generacional, por liderazgos limpios y transparentes y están denunciando comportamientos impropios por parte de la actual cúpula dirigente. Quizás por que pueda tener algo de símbolo, precisamente por no ser de la profesión, han ido a por mí para ejemplificar. Sólo les pido que no se dejen atemorizar y que juntos digamos ¡NO! a este intento de cercenar nuestros derechos y libertades.

Acabo: lo único que me pregunto es "¿por qué ahora, si la decisión de perseguirme, como consta en autos, es de diciembre de 2012?" Cuando lo sepa se lo cuento, palabra de honor.


martes, 22 de marzo de 2016

Aterr(or)iza como puedas

A estas alturas, todo el mundo sabe que el Real Decreto 954/2015, que llamamos de prescripción enfermera (en adelante RD), solo trata precisamente de eso: de la prescripción de medicamentos y productos sanitarios por parte de las enfermeras/os. O sea:
a) De su indicación por la enfermera/o.
b) Del uso de la orden de dispensación por las enfermeras.
c) De la autorización por parte de la enfermera de su dispensación, bien en la oficina de farmacia, bien por los servicios de farmacia hospitalaria.
No tiene por tanto nada que ver con el uso normal durante la actividad laboral de medicamentos y productos sanitarios, que es lo que se está haciendo creer al personal.

Quienes afirman lo contrario, sea porque lo creen realmente, sea solo porque tienen estas instrucciones, son básicamente:
a) Los dirigentes del Consejo General de Enfermería [CGE] y los directivos y asesores de los colegios afectos al Régimen.
b) Los dirigentes del Sindicato de Enfermería-Satse y sus cuadros, liberados y asesores.
c) Los que solo leen o escuchan lo que escriben o dicen a) y/o b). 
Para c), todos mis respetos, espero que algún día consiga llegar a su limitado mundo alguna voz o algún eco desinteresados que opinen libremente y les hagan reflexionar.

Y sobre a) y b) poco hay que hacer: no es que no lo sepan, es que no les interesa saberlo, menos aún, que se sepa.

Y exclusivamente en defensa de sus intereses, créanme (Satse perdió su alma por el camino, no sé si de manera irreversible), han acudido a la estrategia del miedo. Miedo que descansa sobre tres pilares:

Si usted, alma de cántaro, no respeta exactamente como yo se lo dicto el RD 954/2015, sepa que está:
a) Cometiendo un delito de intrusismo, lo que podría llevarle a la cárcel.
b) Incumpliendo el código deontológico, lo que podría llevarle a la inhabilitación profesional.
c) Desprotegido por el seguro de responsabilidad civil que su colegio (o su sindicato) amablemente han suscrito en su nombre, lo que podría llevarle a la ruina económica.
Cárcel, inhabilitación, ruina... ¿acojona, verdad? De eso se trata: aterroriza como puedas.

Sobre esta estrategia, sus antecedentes, contextualización y justificación, poco puedo añadir a lo que ya dije el pasado mes de enero. De hecho, no pensaba incidir nuevamente en el tema (del que ya estoy, sinceramente, algo más que un poco aburrido), pero resulta que ha arreciado estos días la campaña del CGE y de Satse, esta vez poniendo el énfasis en la pérdida de cobertura del seguro de responsabilidad civil para los díscolos que continúen con su actividad normal, es decir, para la inmensa mayoría de las enfermeras/os.

La escasa incidencia en el día a día de los centros sanitarios de su irresponsable huelga competencial, reflejo solo de su incapacidad para movilizar a las enfermeras o convocar con éxito una huelga de verdad, parece que comienza a causar exasperación en sus convocantes, que han decidido de manera sinérgica redoblar sus amenazas sembrando el miedo en los sectores más sensibles a este estímulo, tratando de que sigan su juego.

Como no lo tienen fácil contando solo con sus (ingentes) medios, ya que el personal se ha dado cuenta de que su discurso se basa en medias verdades, cuando no en mentiras, han decidido utilizar su capacidad de presión sobre la aseguradora con quien, por lo que se ve o según deduzco yo, tienen contratadas las respectivas pólizas del seguro de responsabilidad profesional [SRP] que protege a sus colegiados/afiliados. (Algunos colegios desafectos al Régimen tienen contratadas sus propias pólizas y la aseguradora mayoritaria, AMA, ya ha aclarado que sus coberturas no han sufrido la más mínima variación con la entrada en vigor del RD, ni lo sufrirán al menos hasta que se resuelvan los recursos ante el Tribunal Supremo.)

Así, el pasado día 14 de marzo, la publicación del CGE, Diario Enfermero, ofrece el titular que pueden ver al lado de este texto: en la "noticia" se nos "informa" de la solicitud del CGE a la aseguradora (Zurich)  de su criterio al respecto y de que esta responde algo tan poco concreto y definitivo como lo siguiente:
“Consideramos que cualquier responsabilidad profesional que provenga de una actuación realizada de forma deliberada a pesar de su prohibición por las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la profesión de enfermeros/as, no quedaría amparada por las coberturas de esta póliza”
Y finaliza diciendo que lo que cubre esta compañía es la...
"responsabilidad civil profesional de los colegiados en el ejercicio de su actividad como enfermeros responsables de cuidados generales y como enfermeros especialistas, tal y como se define, entre otras normas, en las Directivas Europeas y en la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias y en la vigente Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y en el Real Decreto 954/2015 de 23 de Octubre, por el que se regula la indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, que motiva su adscripción a cualquier Colegio Oficial de Enfermería de España”
Es evidente que aunque el SRP es sufragado por los colegiados a través de sus cuotas, quien lo administra, y por tanto posee capacidad para contratarlo con una u otra compañía, es el CGE; más en concreto, su Comisión Ejecutiva, que ya obtuvo una delegación de competencias por parte de la Asamblea General para administrar a su antojo, es decir, sin tener que someter las decisiones a ningún criterio superior, este sustancioso contrato mercantil (Circular 53/2014 del CGE, de 11/12/2014).

Y no es menos evidente que todos los proveedores, entre ellos la compañía con quien está contratado el SRP, deben "tener en cuenta" esta enorme capacidad de maniobra de su cliente, si quieren defender su legítimo interés en continuar siendo el proveedor del servicio. Y que, por tanto, si su contratador y pagador le dice "échame una mano, prima", pues... qué les voy a contar.

Precisamente por ello me llamó la atención que la respuesta no me pareciera todo lo contundente o explícita que cabría esperar de un proveedor forzosamente solícito. (Además, el diario no enlazaba el escrito de la aseguradora, cosa que, razoné, hubiera hecho de mil amores si dicho escrito respondiera mejor a las exigencias).

Así que, aprovechando las enormes posibilidades que ofrecen las redes sociales, decidí preguntarle al proveedor si su criterio coincidía con el titular y contenido de la "noticia".



La compañía aseguradora respondió amablemente que trasladaba la pregunta a los órganos correspondientes y que por favor les dejara algo de tiempo. Así lo hice.


Mientras aguardaba la aclaración, Satse entraba también en la campaña publicando en su web cuatro días después (18 de marzo) la "noticia" que encabezaba el titular que pueden ver aquí al lado y en cuyo cuerpo podemos leer lo siguiente: "la compañía aseguradora Zurich es clara y tajante. No cubrirá a ningún profesional enfermero que incumpla el Real Decreto que regula la prescripción enfermera".

Se nos informa también algo tan poco sensato/creíble como que:
Zurich ha elaborado un informe en el que coincide, punto por punto, con lo que ha afirmado desde el primer momento la Mesa de la Profesión Enfermera (SATSE-CGE) y desmiente a los distintos gobiernos autonómicos que han asegurado a los profesionales de sus servicios de salud que estarán cubiertos en caso de incumplimiento del Real Decreto.
Asímismo se nos dice que...
la compañía aseguradora también sostiene que si un profesional usa e indica algún medicamento sin la correspondiente acreditación emitida por el Ministerio de Sanidad no será cubierto por el seguro de responsabilidad civi,
por lo que...
SATSE entiende que el resto de compañías aseguradoras que tienen pólizas de responsabilidad civil con servicios autonómicos de salud deberían también pronunciarse al respecto.
Sucede que en esta ocasión Satse sí adjunta la carta de Zurich y que en ella no puede leerse ni una sola vez nada de lo anterior. Por eso publica en las redes estos carteles (derecha) donde es imposible leer nada, dado el tamaño diminuto de la letra, leyéndose únicamente los resaltes interesados y falsarios.

Ni se habla de coberturas del seguro, ni de gobiernos autonómicos o servicios autonómicos de salud, solo de una interpretación, a mi juicio absolutamente superficial y errónea por parte de Zurich, del Real Decreto 954/2015, diciendo lo que, a la luz de esta norma "no podrá hacer" o "deberá hacer" un enfermero. No se habla en ningún momento de las consecuencias que pudiera tener con respecto a la protección que proporciona el SRP.

Y, en fin, el día 21 de marzo Zurich me contestó, con el siguiente correo electrónico de su departamento de comunicación:































 ¿Hace falta añadir algo? Creo que el criterio de la compañía Zurich se comenta por sí solo y muestra de manera descarnada el inmenso propósito manipulador de la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera y de las dos organizacionres a la deriva que la componen: el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería-Satse. Que aterricen como puedan.

Para quienes piensan que el manipulador soy yo y no dejan de decírmelo, faltones ellos, en las redes sociales, lo siento, pero los hechos que yo muestro son simplemente eso: hechos.


No estaría bien dejar de resaltar y agradecer la profesionalidad del departamento de Comunicación de Zurich, que ha mostrado una gran amabilidad y competencia en la gestión de un asunto sin duda problemático.

Y, por supuesto, destacar la honestidad del "departamento competente" de la compañía aseguradora, esperando que su defensa de los verdaderos clientes (los colegiados protegidos por su póliza) no tenga repecusiones negativas para sus intereses comerciales.

(Aunque según noticias por confirmar existen movimientos orquestales en la oscuridad en este tema, lo que explicaría esa extraña "delegación" de la Asamblea General a la Comisión Ejecutiva para la "contratación de una nueva Póliza de Responsabilidad Profesional para los colegiados", maniobras que algunos sitúan cerca de una pequeña colonia... de maleducados y pendencieros monos. Sintomático).


Nota final.- Justo hoy me publican un breve (sí, breve) artículo de opinión sobre el RD, titulado Crónica de una muerte anunciada.
Amén.
Y cuando ganemos, que eso es seguro, no dejemos que los culpables se apunten el tanto, habremos sido nosotros, el pueblo.


lunes, 14 de marzo de 2016

De informes secretos, truhanes y caballos de troya

Desde diferentes ámbitos, no solo dentro de la enfermería, se ha venido insistiendo en el enorme fraude político, por no mencionar el colosal disparate jurídico, que representa el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros.

[Si me permiten, para no aburrir(nos/me), utilizaré la abreviatura IUAD para referirme a la Indicación, Uso y Autorización de Dispensación, sea de Medicamentos y/o Productos Sanitarios]


Como es bien sabido y argüido, la ley del medicamento [en realidad, Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios] realiza una encomienda de desarrollo al Gobierno; es cierto, pero este mandato se refiere exclusivamente a la IUAD de medicamentos sujetos a receta médica ("el Gobierno regulará..." de los incisos tercero y cuarto del artículo 79). Porque en ningún caso se realiza encargo alguno al Gobierno en lo relativo a la IUAD de medicamentos sin receta y productos sanitarios, que la propia ley considera una actividad autónoma propia de los enfermeros (y los fisioterapeutas) y deja resuelto directamente el asunto. Punto y final:
Los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación.

No voy a entrar (¡de momento!) en la interpretación intencionada y torticera del término "uso" que algunos quieren ver en el citado Real Decreto 954/2015, ya que la Ley deja claro que se refiere únicamente al uso de "la correspondiente orden de dispensación". Porque, al margen de esto, el desarrollo reglamentario que ha realizado el incompetente ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es un completo desatino que ataca frontalmente su espíritu, e infringe directamente parte de la letra de la ley y que por tanto será vapuleado en el Tribunal Supremo si es que antes no es anulado por el Gobierno, lo que en algún momento del largo proceso judicial puede darse por seguro. Y más pronto que tarde, debiera.

[Hasta la fecha, el RD 954/2015 ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por el Consejo General de Enfermería (BOE 28 de enero) y el Sindicato de Enfermería-Satse (4 de febrero), al parecer solo en lo referido al ya famoso inciso segundo del artículo 3.2 de la norma. Tambien, por los colegios de enfermería de Murcia (3 de febrero) y Badajoz (20 de febrero), así como el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (29 de febrero). Por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT (20 de febrero) en recurso conjunto. Y por los gobiernos de las comunidades autónomas de Extremadura  (13 de febrero), Baleares (29 de febrero), y Aragón (12 de marzo). Se ha anunciado algún otro recurso, por ejemplo por parte del Gobierno de Canarias, pero hasta la fecha no ha sido publicado el correspondiente anuncio del TS en el BOE]. Actualización 15 de marzo: hoy se anuncian en BOE recursos de las CA de Canarias, Navarra y País Vasco y Colegios de Enfermería de Baleares, Cataluña y Navarra. Actualización 23 de marzo: se anuncia en BOE recurso del Colegio de Pontevedra.
.
Por mi parte, he decidido implicarme en la lucha contra esta ignominia aportando una serie de informes que forman parte del expediente pero se mantenían celosamente guardados en el ministerio de Sanidad. Comencé en mi anterior entrada, El informe que ocultó el ministro Alonso (y algo más), desvelando un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, en el cual se instaba al ministro a no incluir los productos sanitarios en la norma o, en todo caso, a no exigir ningún tipo de acreditación para la IUAD de los mismos. Un informe que a pesar de su timidez conceptual y argumental ha suscitado un inaudito interés, ya que ha sido visto, hasta el momento de redactar estas líneas, más de 11.500 veces, seguro que en buena medida por el intento de ocultación por parte del Ministerio de Sanidad, que solo lo hizo público cuando fue obligado a ello por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Pero, como diría el castizo, agárrense, que vienen curvas. Lo que hoy les presento es el informe que con fecha 14 de enero de 2014 presenta la Dirección General de Ordenación Profesional [DGOP] del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que al final de esta entrada reproduciré. Se trata de un informe de 18 páginas, en el cual se realiza una pomenorizada  –y muy crítica– revisión del proyecto de RD.

Témgase en cuenta que la citada DGOP es el centro directivo responsable de las siguientes competencias:












Es decir, el máximo responsable directivo en todo lo relativo a la normativa sobre ordenación del ejercicio de las profesiones sanitarias, incluyendo lo relacionado con su formación (excepto aquellas competencias que recaigan en el Ministerio de Educación), acreditación y desarrollo profesional.



Comienza la DGOP manifestando su contrariedad ante el hecho de que la ley del medicamento estableciera la necesidad de una reglamentación específica en lo relativo a protocolos y guías de práctica clínica y acreditación de profesionales, ya que, de acuerdo también con la Abogacía del Estado,
las competencias del enfermero en materia de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios sujetos o no a prescripción médica deben adquirirse a través de los estudios universitarios de grado.
Para continuar asegurando que a partir, tanto del dictamen del Abogado el Estado como de una interpretación "integrada y armónica" de la ley,
la acreditación individual de enfermeros por el Ministerio de Sanidad para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos solo es necesaria en el caso de los medicamentos sujetos a prescripción médica.
Y por si quedaran dudas sobre la necesaria diferenciación entre estudios de grado o diplomatura, se descarta añadiendo lo siguiente:
La habilitación de los enfermeros en la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, que no requieren prescripción médica (...) se obtendría directamente a través de los estudios universitarios de grado/diplomado, debiendo limitarse el proyecto a reiterar la habilitación general que otorga la ley 29/2006 para el ejercicio autónomo de dichas competencias por todos los Graduados/Diplomados en enfermería sin requerir acreditación especifica del Ministerio de Sanidad.
...dado que, expresado en términos coloquiales...
las citadas competencias se refieren a medicamentos que al no estar sometidos a prescripción médica pueden ser adquiridos por todos los ciudadanos en cualquier oficina de farmacia por lo que no sería lógico que al enfermero se le requiriera una acreditación específica para el ejercicio de dichas competencias cuando su formación universitaria garantiza con creces su adecuado ejercicio.
Y por tanto, dicho de forma taxativa:
Referido a las competencias en la indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica para cuyo ejercicio el artículo 77 de la ley otorga autonomía total a los enfermeros (...) no sería necesaria una acreditación individualizada de cada uno de ellos, debiendo limitarse el proyecto a reiterar la habilitación general que otorga la ley para el ejercicio autónomo de dichas competencias para todos los Graduados/Diplomados en enfermería sin la citada acreditación.

Por lo que respecta a medicamentos sujetos a receta médica, la DGOP entiende que sí son precisas tanto la acreditación individual como la aprobación de protocolos. Con respecto a estos últimos, se prefiere no opinar dado que es una competencia de la dirección general de Salud Pública, Calidad e Innovación.

Pero con respeto a la acreditación se realiza en el Informe una interesante disquisición, proponiendo que la acreditación, en realidad, no sea de carácter genérico, para todo el colectivo o ciertos subgrupos, sino específico, caso a caso, ya que las universidades poseen un "amplio margen de flexibilidad en la configuración de los distintos planes de estudios". La formación necesaria para la IUAD de medicamentos, sean o no con receta, se incluye dentro de los 60 créditos de "formación básica común", pero en dedicación específica variable. De ahí que sea necesario, en primer término, establecer el número mínimo de créditos que garantizarían una adecuada formación del enfermero en la IUAD de medicamentos, que el propio decreto establece en 6 créditos ECTS o 150-180 horas.

Aquellos profesionales, por tanto, que hubieran obtenido el grado o la dipomatura en universidades cuyo plan de estudios contuviera ese mínimo de 6 créditos se estima que han obtenido mediante esa exclusiva vía las competencia profesionales necesarias para la IUAD de medicamentos, también de los sujetos a receta médica. Incluso, recomienda la DGOP, no deben mirarse exclusivamente las cargas lectivas directas de las materias de "farmacología", sino también las que se imparten "transversalmente" en las áreas especializadas ("enfermería comunitaria, de la mujer, salud mental, del anciano, de la infancia y adolescencia, etc..."). Por tanto la "acreditación" sería automática cuando la universidad donde ha obtenido el grado/diplomatura el profesional certifique, partiendo de esta concepción amplia y transversal, que el plan de estudios cursado contenía los citados 6 créditos ECTS:
Habría que ajustar el apartado 2 de este artículo a las consideraciones antes expuestas previendo que solo en el supuesto de que de la certificación antes citada se desprendiera que la formación del interesado no se adecua a las competencias exigidas en el Anexo del proyecto, se requeriría al interesado para que realizara la formación complementaria que en cada caso resultara pertinente.
Y otra cosa muy importante que recomienda el Informe es que, en aquellos casos en que durante la formación de grado/diplomatura no se hubieran adquirido las competencias, la formación necesaria para la acreditación corriera a cargo de las comunidades autónomas o, mejor aún, de las universidades (ya que conceptualmente se trataría de ampliar la formación de pregrado en competencias no impartidas) y no del Consejo General de Enfermería u "otras entidades profesionales enfermeras que promuevan su desarrollo profesional continuo"

Por si le faltara poco al presidente del Consejo General de Enfermería [CGE], la DGOP realiza un alegato rotundo contra el papel que el proyecto de RD pretende adjudicar al organismo colegial en el procedimiento de acreditación individual, con unas prerrogativas de carácter administrativo incompatibles con la legislación, es decir, ilegales:
Este artículo atribuye a los representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos [esta corporación desaparecerá en el siguiente borrador, a propuesta del CGE] la capacidad, entre otras, de recabar la información y documentación necesaria, funciones de carácter administrativo que no pueden tener atribuidas, ya que la participación de estas organizaciones en el procedimiento de acreditación en ningún caso puede suponer que se les reconozcan competencias administrativas, ejercicio de funciones públicas o atribución de potestades para adoptar acuerdos.


Como ya he argumentado anteriormente, los hechos señalan que el CGE, con el concurso necesario de sus patrocinadores internos, pretendía ser el eje central sobre el que girara todo el proceso acreditador. Es decir:
  • Estar presente (ser parte) en el procedimiento administrativo de resolución de las solicitudes de acreditación, con el objetivo de validar los cursos de prescripción que, anticipándose a los contenidos que habrían de establecerse por real decreto, estuvieron promocionando e impartiendo el Consejo y Satse, bajo la promesa  –infundada = ilícita– de que servirían como formación de cara a la acreditación estatal. Téngase en cuenta que si finalmente se estableciera que la formación para la acreditación fuera impartida por las comunidades autónomas y/o universidades, como se recomienda en el informe, o finalmente no fueran homologadas para su pretendida finalidad administrativa, las actividades formativas impartidas por el CGE y Satse a decenas de miles de enfermeras/os no podrían ser convalidadas individualmente, lo que eventualmente podría conllevar la presentación de denuncias, demandas o querellas en vía civil o penal.
  • Una vez acreditada la parroquia, ser la entidad que impartieran los nuevos cursos de acreditación para aquellos desagradecidos que no hubieran sucumbido anteriormente a los ganchos de precio (sin pago directo o muy pequeño), plazo (mínimo), condiciones (a distancia) y resultado (acreditación estatal). En definitiva, ser los acreditadores urbi et orbi de la enfermería española, una actividad económica de ocho cifras.
"Curiosamente", aunque la mano del director general que emite el informe, Javier Castrodeza, se deja ver en ciertas partes del RD aprobado (por ejemplo, en la disposición adicional primera, relativa a las peculiaridades de las matronas, clavada de la propuesta del informe), sus obervaciones no son atendidas en lo esencial, es decir, ni en lo relativo a la acreditación, o no, de profesionales, ni en el papel como co-acreditador e impartidor de formación del Consejo General de Enfermería.


Ello le lleva a presentar su indignada oposición a este papel estelar del CGE mediante unas alegaciones (9 de junio de 2014), presentadas motu proprio y bastante duras y rotundas ("este centro directivo manifiesta su DISCONFORMIDAD [mayúsculas en el original] con el texto con respecto a la redacción del artículo 10 y a la disposición transitoria única") que son finalmente escuchadas a regañadientes por el responsable del texto (el director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero) o más probablemente por sus superiores, como puede apreciarse en la redacción definitiva del RD.

Ello supuso que el presidente del CGE, en uno de sus habituales exabruptos/desahogos descalificara a Castrodeza; lo curioso es que, a pesar de que las posiciones de este en su informe fueran absolutamente contrarias a las pretensiones de los representantes médicos, la descalificación fuera a su papel como caballo de Troya de la Organización Médica Colegial.

Cosas de la política... de cierta política, quiero decir.

La verdad es que el CGE lo tiene fatal. Si la formación que exige la acreditación en el RD se considera formación continuada, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que las competencias en esta materia corresponden a las comunidades autónomas, por tanto los aspirantes a acreditadores tendrían que ir negociando con cada una de las 17 CCAA la homologación del curso y su propia acreditación como entidad docente.

Y si, como opina el Abogado del Estado (cuyo informe verá la luz en breve), no se trata de formación continuada, entonces, como dice la DGOP...
Si la formación complementaria que pueda exigirse para obtener la acreditación tiene la finalidad de completar la que no se ha adquirido en el grado/diplomatura, esta deba canalizarse en todo caso a través de la universidad.


Por cierto, el pulso, conocido y notorio, entre Castrodeza y Rivero  –auténtico caballo de Troya, este sí, del CGE en el Ministerio de Sanidad–  se resolvió  con la salida del primero mientras que el segundo continúa siendo director general de Cartera Básica (en funciones).

Les dejo con el informe original de la DGOP y las alegaciones finales a que me acabo de referir. Primero, el informe original:




Y ahora, las alegaciones finales:





viernes, 11 de marzo de 2016

Cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas





"Hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso."

lunes, 7 de marzo de 2016

El informe que ocultó el ministro Alonso (y algo más)


¿Qué nos dice el Informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que quiso ocultar el ministro de Sanidad, al que me referí en mi anterior entrada? Tres cosas, bastante obvias (para mí y para muchos) pero muy interesantes en general por provenir de la principal autoridad técnica en la materia (los énfasis son de la propia Agencia):

#PrescripciónEnfermera: la música y la letra

Volvemos en PSXXI al tema estrella del último semestre: el malhadado decreto de prescripción enfermera o, en términos más exactos, Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Como ya he tenido ocasión de describir y analizar extensamente, no se sabe muy bien si el Gobierno de la Nación, con su ectoplasmático presidente y su inepto ministro de Sanidad como estrellas del show mediático, deberían abochornarse más del qué (haber aprobado un decreto, políticamente absurdo y técnicamente infumable, que no solo no resuelve los problemas existentes, sino que ha conseguido crear otros nuevos) o del cómo (el propio proceso de negociación simulada y publicación en diferido de la norma). A pesar del unánime, notorio y transversal clamor a favor de la anulación del decreto, o de una suspensión de su aplicación como mal menor, el mensaje de Rajoy a su ministro parece que ha sido claro: "sé fuerte, Alfonso".