lunes, 15 de enero de 2018

Alquimia


Había escrito un montón de líneas, pero creo que esta ingeniosa alquimia se explica mejor mediante una presentación.



Alquimia de Juan F. Hernández Yáñez


PS.- Al menos hasta el domingo 14 de enero de 2018, la Memoria Anual 2016 de Codem estaba colgada aquí (ver páginas 111-112).
Y el Convenio, a cuyos protagonistas vemos en el solemne acto de la firma, puede descargarse aquí (ver páginas 7 a 9).



 

jueves, 21 de diciembre de 2017

Transición



 (I)

Empezaré alto y claro: hace falta tener más cara que espalda para mantener judicialmente acosada a la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Murcia por convocar elecciones coincidiendo con Semana Santa y, mientras, convocar elecciones a la Presidencia del Consejo General de Enfermería un viernes, coincidiendo además con el puente del Pilar y dejando únicamente hábiles cuatro de los ocho días de presentación de candidaturas.

Lo mismo, mismito, que se reprocha a Murcia, con la diferencia de que en este caso se hizo exactamente a los cuatro años de la anterior convocatoria y en el caso del Consejo no existieron razones de calendario ni de especial urgencia para adelantar o atrasar la convocatoria un par de semanas a fechas más convenientes.

Pero hace falta tener la cara aún más dura que larga para seguir adelante con el acoso a pesar de que la Junta de Murcia, para despejar las dudas que pudieran subsistir sobre manipulación o ilicitud en la convocatoria, volvió a convocar elecciones un año después con todas las garantías de limpieza y transparencia posibles.

Porque eso fue exactamente lo que hizo la Comisión Ejecutiva del Consejo General en 2011: una vez suspendidas las elecciones de 2006 por sentencia firme del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2010 —que declaró nula la candidatura del anterior presidente por no reunir los requisitos exigibles para ser candidato—  las volvió a convocar. Recurrida la convocatoria, puesto que el candidato seguía sin reunir el requisito legal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Auto de 11 de mayo de 2011, avaló la convocatoria de elecciones hecha por la Comisión Ejecutiva, con el siguiente argumento:
«Lo que en modo alguno parece que pueda ponerse en duda es que la apertura de un proceso electoral nuevo (...) con plenas garantías para quienes tengan interés en participar en él, es una respuesta auténticamente democrática a un problema planteado en relación con la legitimidad de un órgano representativo
Pues eso: que hace falta tener una visión utilitaria (conveniencias) de términos como democracia o derecho, en lugar de haber interiorizado los valores cívicos que transmiten (convicciones), para negar  —y siquiera mencionar, como si no recordándolo no hubiera existido—  que la convocatoria y realización de las elecciones del 18 de mayo de 2017 a la Junta de Gobierno del Colegio de Murcia no fue sino «una respuesta democrática a un problema planteado en relación a la legitimidad de un órgano representativo». Como en 2011.

Y si se nos dice que el problema es que al haber sido cesada la Junta de Murcia por Resolución de parte (del Consejo General) no tenía legitimidad para convocar elecciones, les recordaré que la destitución por el Supremo de Máximo González como presidente del Consejo General conllevaba automáticamente el cese de la Comisión Ejecutiva, en virtud del artículo 29.8 de los Estatutos Generales de 2001:
«El cese del Presidente por renuncia, por moción de censura o por cualquier otra causa acarreará el cese de los miembros de la Comisión Ejecutiva designados por él.»
Por tanto, cesada la Comisión Ejecutiva, carecía asimismo de legitimidad para convocar el nuevo proceso electoral. ¿Lo que entonces valió, porque al Consejo le interesaba que valiera, ahora ya no vale, porque no interesa que valga para Murcia?


 (II)

En la Asamblea General de presidentes colegiales celebrada el pasado día 14 de diciembre (a la que, por cierto, no asistió el presidente de la impostora Junta de Edad de Murcia), el nuevo presidente, Florentino Pérez Raya, prometió un estilo participativo y dialogante, habló de "transversalidad", de contar con todos los colegios... Parece que sus palabras fueron muy bien acogidas y causaron un impacto muy positivo entre los presidentes colegiales.

Ahora tiene la oportunidad de demostrar que se acabó la época de acoso y derribo del rival político, de la manera más efectiva: dialogando y negociando con el Colegio de Murcia una solución a los problemas bilaterales. Porque el contencioso de Máximo González con Amelia Corominas no tiene su origen, ni de coña, en problemas de democracia o legalidad, sino en el hecho de que desde el Colegio de Murcia se hayan presentado recursos contencioso-administrativos en los tribunales contra los dos últimos procesos electorales a la Presidencia del Consejo General: el de 2015, en el que resultó elegido Máximo González frente a su rival, Florentino Pérez, y el de hace apenas dos meses, en el cual resultó proclamado este último como único candidato que consiguió ser propuesto por más de 15 colegios.

El objetivo de cargarse a la Junta de Murcia no parece ser otro  —no se me ocurre nada más en este contexto— que hacer que la Junta de Edad, extralimitándose en sus funciones ya que su única competencia estatutaria sería convocar nuevas elecciones, retire el apoderamiento del Colegio en ambos contenciosos y se allane (retire) de los mismos. Porque si Máximo González incumplía los requisitos, el caso de Florentino Pérez ya es de traca, puesto que llevaba (desconozco si sigue) desde el 1 de abril de 1991  —¡más de 26 años!—  de alta y en nómina del Consejo Andaluz de Enfermería. Y no precisamente como enfermero de empresa (supongo).

Si el Consejo General ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el Colegio de Madrid, que le adeudaba más de 17 millones de euros; y con los tres colegios de la Comunidad Valenciana, con una deuda conjunta superior a los 30 millones de euros, ¿no va a ser capaz de llegar a un acuerdo con un Colegio que ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones económicas con el Consejo General? ¿Va a resultar que para que se entable una negociación es necesario antes haber dejado de pagar? ¿Sólo se puede negociar si hay pasta por el medio? ¿Dónde queda el nuevo estilo participativo y dialogante que se proclama? ¿En meras palabras o también en los hechos?


 (III)

Según el Consejo General de Enfermería (Circular 38/2017), la denuncia ante la Fiscalía que presenté junto con otras personas responde a una campaña de «acoso, falsedades y manipulaciones», dirigida a salvar mi pellejo ante la querella penal interpuesta contra mi persona por Máximo González. (Quien por cierto no se presentó el pasado día 13 de diciembre ante el Tribunal, motivo por el cual hubo de posponerse el juicio hasta el próximo 29 de mayo de 2018).

Lo cierto es que no es así. Denunciar la corrupción en este País es demasiado arriesgado, como estoy comprobando desde que el 19 de noviembre de 2012 el Consejo General me dedicara mi primera circular, en la que quien me acusa a mí de injurias en los tribunales me tildaba de aprendiz de Goebbels, «ministro de comunicación del democrático gobierno nazi alemán»  —por cierto, dentro de su delirio conspiranoico, en connivencia con «el sindicato enfermero de siempre», qué vueltas da la vida—. Lo cierto es que mis pesquisas comenzaron seis meses antes de recibir la citación para comunicarme la querella, en base a abundante documentación que me fue entregada anónimamente por alguien sin duda de dentro y seguidor o conocedor de mis denuncias en este querido y maltratado blog.

Pero lo que quería decir en este momento es lo siguiente: me he ganado una notable fama de extremista, incluso entre quienes me han mostrado su apoyo y cercanía personales. Al parecer, hay formas y formas de decir las cosas y sobre todo de callarlas cuando conviene. De ahí que estén, por un lado, los glamurosos  —permítanme que los llame así— y los salvajes, entre los cuales al parecer me cuento, como otras personas o grupos dentro de la enfermería, porque la información/documentación que nos llega y que demuestra la existencia de presuntas corruptelas en el seno de la organización colegial la publicamos, enlazamos y explicamos, no importa el cabreo soberano de los padres de la patria.

Pero permítanme sostener que hemos sido los extremistas o salvajes quienes hemos hecho progresar al Consejo General y a la organización en su conjunto. Queda mucho que hacer, pero no me negarán que se ha ido caminando...

  • Máximo González no cumplió, por apenas un par de meses, su 30º cumpleaños como Líder Eximio de la Mejor Enfermería del Mundo. Tuvo que abandonar el puesto. Nadie cree que fuera  —únicamente, al menos—  por motivos familiares. Hasta aquí puedo leer... perdón, escribir.
  • La Comisión Ejecutiva, el órgano que gobierna el Consejo General, antes estaba formado por siete hombres y una sola mujer y actualmente han alcanzado la paridad: cuatro y cuatro. Es un avance hacia el dos y seis, no me lo negarán...
  • Hay tres miembros, frente a cero antes, que son cuarentones o cincuentones, entre ellos el segundo de a bordo. Unos chavales entre tanto sexagenario (o más).
  • Por primera vez en la historia, el abusivo alquiler que pagaba el Consejo a la Fundación privada dueña del edificio, como denuncié aquí, ha sido menor que el del año anterior. Vean, para resumir, la evolución en los últimos cinco años disponibles:
    • 2012 = 406.000 euracos.
    • 2013 = 412.000.
    • 2014 = 413.000.
    • 2015 = 435.000.
    • 2016 = 415.000.
Este (2016) es el último ejercicio con las cuentas cerradas. Pero si para 2017 se aprobaron hace ahora un año nada menos que 470.000 euros, para 2018 se ha aprobado hace una semana un presupuesto de solo 415.000.
  • Y a raíz de la información desvelada en este blog, el expresidente del Consejo confirmó en rueda de prensa que la Comisión Ejecutiva  —saltándose, eso sí, a la Asamblea General, que era el órgano competente para aprobarlo, un hecho por el que el nuevo presidente pidió perdón, pero justificó la urgencia porque era un chollo... de 2,2 millones—  aprobó la compra de un solar y está construyendo una sede propia que le permitirá por fin librarse de sus codiciosos arrendadores. Desde luego, si los aproximadamente siete millones que se ha embolsado la fundación privada de Máximo González y Pilar Fernández en concepto de alquileres (un 300% superiores a  los más caros de la zona, según tasación de 2016) se hubieran destinado desde 1997 a pagar una hipoteca, el Consejo tendría hoy una magnífica sede propia. ¿Más vale tarde que nunca?
  • Last but not least, en la última Asamblea General la Comisión Ejecutiva recibió unos muy asombrosos 15 votos en contra de sus cuentas y presupuestos, más tres o cuatro abstenciones, algo sin precedentes en la historia reciente del CGE. Ello demuestra que el conocimiento de la denuncia presentada ante la Fiscalía, por mucho que haya sido archivada hasta que reabra la causa un órgano judicial, pero sobre todo el hecho de que esta información no fuera puesta en conocimiento de los potenciales votantes, ha causado una grave crisis de legitimidad de la Comisión Ejecutiva que solo podrá ser enfrentada con más democracia y transparencia. O con los tanques, como se pretendió durante la Transición democrática española.
Parece que en el Consejo General miran más hacia una nueva Constitución  —Estatutos Generales post-Maximistas— que hacia los tanques de La Brunete. Las cosas, es cierto, están cambiando; si Florentino Pérez Raya quiere jugar a ser Torcuato Fernández Miranda y Diego Ayuso Murillo (secretario general desde hace algo más de un año), a ser Adolfo Suárez, tienen un vasto campo de actuación. Pero mientras no lo hagan, los salvajes seguiremos denunciando.

Y es que, créanme, los salvajes hacemos más por el progreso y las reformas que los remilgados que nos miran, no sé si con prevención o con grima por nuestro poco glamour, mientras miran para otro lado y se ofrecen como salvapatrias sin haber movido antes un solo dedo ni haberse arriesgado a recibir un solo golpe. Les espera honor y reconocimiento porque presentarán como propios los cambios que los salvajes  —asociaciones como ANE, AME, AEA y tantos de a pie que sería imposible citar—  estamos forzando. No les crean a los glamurosos, ni a sus cuentos de hadas cuquis: hay estructuras que solo cambian a hostias.

Y eso es lo que está pasando de manera incipente, pero esperanzadora, con el Consejo General de Enfermería. Que den un paso adelante tendiendo la mano al Colegio de Murcia sería un primer paso explícito, una muestra de buena voluntad.

Disculpen por el lenguaje y por el rollo (y por el poco glamour).




jueves, 2 de noviembre de 2017

Primera lectura del nuevo borrador de decreto de Prescripción Enfermera




He escrito en tantas ocasiones sobre la prescripción enfermera que hace unos pocos meses opté por reunir las entradas del blog sobre el tema en un libro (de descarga gratuita). En la última de ellas, hace unos ocho meses,analizaba bastante en profundidad las razones que recomendaban olvidarse del Real Decreto 954/2015 (es decir, derogarlo) y reformar directamente las leyes “del medicamento” (avalando la capacidad prescriptora de las enfermeras de la misma manera que las de odontólogos y podólogos, 'dentro de sus propias competencias') y de ordenación de las profesiones sanitarias (regulando los temas formativos y competenciales que se entendieran necesarios).
Sin embargo, como es sabido, se está a punto de tropezar por segunda vez en la misma piedra, eso sí, una piedra que ha perdido algo de volumen y consistencia. Analizo ahora el borrador que se ha conocido, si bien de manera menos densa, ya que solo se trata de un borrador y quienes se supone que llegaron a este acuerdo no han ganado, a lo largo de estos últimos ocho años, mucha credibilidad...

Antecedentes.- El borrador de Real Decreto que al parecer se ha pactado soluciona algunos de los tremendos errores del publicado en diciembre de 2015. Solo eso. Pero un Real Decreto solo es una norma de desarrollo de una Ley y la Ley que desarrolla este Real Decreto fue, no solo mal desarrollada, también mal planteada. Se fundamentó mucho más en no pisar los callos de La Caverna médica que en un análisis intelectualmente exigente de las necesidades del Sistema Nacional de Salud. O sea, comme d'habitude.
El meollo.- Las enfermeras no quieren recetar para jugar a los médicos. De hecho, muchas no tienen el más mínimo interés en hacerlo y hasta diría que hay muchas, más de las que se piensa, que lo que quieren es precisamente no poder hacerlo para no tener que hacerlo. Pero la mayoría de quienes reivindican esta competencia lo hacen para que aquellas enfermeras que para hacer bien su trabajo necesiten realizar diagnósticos de enfermería y prescribir tratamientos, sean farmacéuticos o no, puedan hacerlo sin tonterías (como pasar la receta a un médico, que la firma sin mirarla cuando confía en la enfermera). Unas lo necesitarán más, otras, menos y el resto, nada. Pero este borrador de Real Decreto, como el anterior, solo da respuestas generales que no dan solución a necesidades específicas. Por ejemplo, las enfermeras domiciliarias, las que atienden determinados dispositivos sociosanitarios o las de emergencias, entre otras, necesitan mucha más libertad para adoptar decisiones terapéuticas que no pueden encajar dentro de protocolos generales. O, más grave aún, que corresponden a sus competencias específicas y por tanto es absurdo que tengan que depender del criterio de médicos que apenas tienen nociones sobre temas en los que nunca se han formado o lo han hecho de manera muy genérica, y hace muchos años.
Controles.- La prescripción de medicamentos es un tema muy delicado desde el punto de vista técnico, con efectos adversos mucho más frecuentes de lo que se piensa, que a día de hoy son ocasionados en su inmensa mayoría por decisiones clínicas adoptadas por médicos. Que son quienes prescriben y recetan. Ocúpense principalmente, pues, las organizaciones colegiales y científicas de médicos de establecer los controles necesarios para ir mejorando los hábitos prescriptores de sus colegas. Porque la realidad de la prescripción de fármacos es la que hay, la que han consagrado las leyes y las costumbres. Y va por libre porque, todo hay que decirlo, los controles no existen o no funcionan.
¿Un médico especialista en Cirugía Plástica, Anatomía Patológica o Medicina Nuclear debería poder prescribir un antidepresivo de última generación? Probablemente sí, se responderá, en según qué casos o circunstancias; pero de hecho pueden hacerlo en todos los casos y en todas las circunstancias que libérrimamente decidan (hablo de medicamentos de despacho en farmacias) porque les basta con firmar una receta con su nombre y su número de colegiado. Tampoco a los podólogos se les dice en la ley qué pueden y qué no pueden recetar, solo se dice que lo harán “dentro de sus competencias”; y no parece que se estén produciendo desmanes al respecto. Pues eso es lo que necesitan, y a lo que aspiran, muchas enfermeras: que, cuando lo necesiten, se les permita prescribir “dentro de sus propias competencias”. Punto. Competencias, dicho sea de paso, que no pintan nada en una ley de garantías y uso racional de medicamentos, sino en la de ordenación de las profesiones sanitarias, la famosa LOPS.
El absurdo.- El anterior Real Decreto ponía al mismo nivel productos sanitarios, como pañales; medicamentos sin receta, como paracetamol; y medicamentos que sí necesitan receta obligatoria, como antibióticos. El absurdo era pedir una acreditación para los dos primeros (productos y medicamentos sin receta); y eso está en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. De ahí que para no tener que modificar una ley tan estúpidamente redactada como políticamente intocable se otorgue a las enfermeras la acreditación gratis total (excepto a los cuatro ATS que deben quedar sin haber convalidado su título por el de diplomado).
¿Qué cambia el borrador de Real Decreto?.- Exactamente, cinco cosas:

  • El artículo 3.2: Donde antes ponía que un médico (concreto) tenía que haber realizado (personalmente) el diagnóstico y ordenar el tratamiento, ahora solo se trata de aplicar un protocolo.

  • En el artículo 5 se subsana una barbaridad, que era mezclar “indicación”, “uso” y “autorización de dispensación” al referirse a la Orden de Dispensación (o sea, la “receta enfermera”). “Uso”, en este contexto, no pintaba nada pero se repitió el mantra indicación-uso-y-autorización-de-dispensación para evitar usar los términos prescripción y receta y que La Caverna médica no se enfadara por tener que dar acceso a las clases populares sanitarias a su sanctasanctórum.

  • También el artículo 5 se refiere en concreto a la "orden de dispensación" (receta de enfermería) en el ámbito de la prescripción farmacéutica pública (a cargo del Sistema Nacional de Salud), cosa que antes ni se refería. Este es, para mí, el aspecto más resaltable en términos políticos-legales, sin duda influido por el desarrollo andaluz de la prescripción enfermera.

  • Se da vía libre (art. 3.2) a uno de los principales puntos de conflicto, la vacunación por parte de las enfermeras sin necesidad de “prescripción” de un médico, dado que son usos en los que “no es necesario determinar el diagnóstico médico y la prescripción médica individualizadamente”.

  • Y la más importante, solo los enfermeros que no hubieran convalidado su título de ATS o Practicante por el de Diplomado tendrán que realizar la formación adicional para obtener la acreditación estatal como enfermera prescriptora. Todos los que estén en posesión del Grado o la Diplomatura quedan automáticamente (cuando se publique el Real Decreto en el BOE) acreditados. No obstante, quienes deseen solicitar una acreditación personalizada podrán solicitarlo.

Por lo que respecta a las enfermeras andaluzas, que llevan a partir de 2009 y años sucesivos como prescriptoras, podrán seguir siéndolo en su comunidad autónoma sin mayor requerimiento (salvo que sean ATS y deseen ser prescriptoras a nivel estatal, en cuyo caso tendrán que aportar un certificado de que llevan tres meses como prescriptoras autorizadas en Andalucía).
El papelón del Consejo de Enfermería.- Mienten como bellacos cuando afirman que siempre defendieron que el Grado en Enfermería era suficiente para ser acreditados. Informaron favorablemente el real decreto anterior, como queda constancia en el dictamen del Consejo de Estado, y solo se desmarcaron cuando se publicó con el famoso párrafo segundo del art. 3.2, porque quedó en evidencia que su fanfarronamente publicitada capacidad de influencia política era (una vez más) mera pose de cara a la galería: eran, son y serán, mientras continúen los mismos casposos al cargo, unos mindundis con ínfulas.

Su propósito básico durante la negociación del RD 954/2015 siempre fue que hubiera que realizar sus cursitos de prescripción para obtener la acreditación, no solo como negocio, sino como manera de blanquear los fondos que los colegios balantes estuvieron aportando como “derecho de uso de la plataforma tecnológica” asociada. Quienes hicieron el cursito jamás recibieron lo prometido: la acreditación prescriptora urbi et orbii y los créditos ECTS (en unos sitios se dice que son seis, en otros que 12).



Comentario adicional.- Ha hecho falta que cambiaran cuatro de los cinco interlocutores fundamentales (presidentes del Consejo General de Enfermería, la Organización Médica Colegial y el Sindicato de Enfermería-Satse, más el director general de Farmacia), para que este acuerdo de mínimos, tras dos años de parón (el anterior se aprobó el 23 de octubre de 2015, aunque no se publicó hasta el 23 de diciembre) viera la luz. Los tres cordobeses, por lo que se ve, se pusieron de acuerdo en un pispás.

Comentario final.- Por cierto, he estado meses tratando de averiguar quién en concreto (qué persona o cargo) dio la orden en octubre de 2015 de dejar metida en un cajón el RD 954/2015 dos meses, hasta que se hubieran celebrado las elecciones generales del 20-D, pero en el Ministerio no me lo han querido decir; dieron la callada como respuesta. Con la bendición apostólica, claro, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que avaló con su Resolución 0317/2017, de 25 de septiembre (pendiente de publicación en la web del CTBG, si es que se siguen publicando; desde abril 2017 no existe enlace a los textos de las resoluciones), este silencio administrativo que sin duda protege la conducta claramente prevaricadora del “probo servidor público” que lo hizo. Shit!



martes, 31 de octubre de 2017

El 'holding' del Consejo General de Enfermería (1)



La semana pasada publiqué unos hilos en Twitter, en los que contextualicé y empecé a desarrollar las causas y consecuencias de la denuncia del diario El País sobre la presunta red de corrupción en el Consejo General de Enfermería y la investigación que está efectuando la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Provincial de Madrid. La dimisión del presidente de la Corporación se ha querido presentar como un asunto particular, pero ya saben... no se fíen de las versiones oficiales.

Les paso por aquí estos breves comentarios ilustrados, que es más cómodo (especialmente para los no usuarios de la red social del pajarito). También doy algunos apuntes, muy para principiantes (con perdón), del 'holding' de empresas y fundaciones que pulula en torno a esta Corporación de Derecho Público que se comporta más bien como un emporio privado. Financiado, eso sí, con fondos procedentes en un 99,8% de la cuotas forzosas que pagan las enfermeras/os a través de sus colegios. Que según aclara la jurisdicción penal  -que será la que finalmente se aplique-  son sin duda alguna "caudales públicos", aunque se dispendien como su procedieran de los bolsillos de quienes llevan 30 años manejando impúdicamente este cotarro.



miércoles, 18 de octubre de 2017

La Gran Mentira, segunda parte



(I)
Como dije de pasada en la primera entrega de esta entrada, y amplío ahora la información, desde el CGE se fue forjando un holding societario; en ocasiones participa directamente como accionista; en otras, lo hace indirectamente, como accionista de alguna de las otras sociedades que sí participan
Como algunas de sus piezas se fueron quedando en el camino, a día de hoy este holding está  compuesto por dos fundaciones (Salud y Sociedad, 1995; ISICS, 1999) y cinco sociedades mercantiles (Cofunsalud SA, 1995; Enfermundi SA, E-Network Salud SAU y Redvya SL, todas ellas en el año 2000; y Serprocol, 2008). Hasta su despedida el pasado día 16 de octubre, Máximo Antonio González Jurado era el presidente, además del CGE, de todas y cada una de las fundaciones y sociedades.
Todas estas entidades, a excepción de Enfermundi SA, que trasladó en 2007 su sede social a Córdoba, comparten  sede. Sede que, como ya les conté en la primera parte, no es propiedad del CGE, sino de la antigua Fundación Salud y Sociedad (hoy denominada Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, FICSSALUD), una fundación perfectamente privada de la que el CGE (representado por el actual presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya) formó parte como Vocal hasta que salió del Patronato, en abril de 2015. El secretario (no patrono) de FICSSALUD es Julio Manuel González Jurado, hermano de Máximo.
Ya, desde la primera Memoria Económica que hemos podido obtener (2005) queda constancia de que la FSS tiene arrendado el 64,77% de la superficie del edificio y anexos. En aquel entonces, solo tenía una sede. Hasta aquí parece estar claro, pero resulta que en estos entornos las cosas nunca fueron muy sencillas.
Porque en 2008 “aparece” una nueva “sede”, denominada “Edificio Majadahonda”, como contraposición a la sede principal, referida indistintamente como “Edificio Aravaca” o “Edificio Fuente del Rey”. Dicha “sede” de Majadahonda fue construida sobre un solar de 1.000 m2, con una superficie habitable de 295 m2, más otros 36 m2 del garaje. La inversión de la Fundación fue de 1.748.030,73 €. 
Diremos, para no extender más la descripción de los hechos, que el “Edificio de Majadahonda”, ubicado en la calle Homero nº 1 de dicha localidad, no era la adusta “sede” que se imaginan, sino un chalé de lujo con piscina. Comprado y reformado con fondos de la Fundación «del CGE». Y que sus usuarios tampoco eran serios y formales empleados y empleadas, sino que se construyó y reformó para convertirse en el domicilio familiar del secretario y gerente de la FSS, cuyos apellidos probablemente les suenen: Julio González Jurado.
En fin, a partir de 2008, las memorias económicas explican que ambas “sedes” están arrendadas, en las siguientes proporciones:


(II)
Nos olvidamos de la “sede” de Majadahonda y nos centramos en el edificio de Fuente del Rey. De la primera parte de esta entrada pudo haberse deducido que el CGE era la entidad que, con sus pagos en concepto de arrendamiento, sostenía la actividad mercantil de la Fundación (y por tanto “pagaba las hipotecas”), pero ello dista mucho de ser cierto. Analizamos las cuentas de FSS-FICSSALUD para cada año disponible (2004-2015) y comprobamos que los ingresos declarados por arrendamientos son mucho mayores de lo pensado (o más bien, intuido); en los últimos 12 años disponibles, ascienden a 13,6M€, un promedio de 1,13M€ al año, con un máximo histórico de 1,5M€ en 2014. En 2015 se produce una caída considerable que trataremos de investigar.
Como disponemos de los pagos declarados por el CGE, podemos suponer que la diferencia la abonan estas terceras partes. Pues bien, del total de los ingresos declarados en concepto de arrendamientos por la Fundación, como promedio de estos últimos 12 años el CGE ha abonado menos de una tercera parte (31,3%):



El resto de los ingresos, por tanto, son abonados por el resto del holding societario. Aunque es imposible detallar las cantidades y superficies arrendadas que corresponden a cada una de las entidades de este entramado societario, porque en las cuentas depositadas quedan englobadas bajo “Otros gastos de explotación” o “Servicios exteriores”, no existe ningún género de duda de que la fundación privada FSS-FICSSALUD viene cobrando en concepto de arrendamiento de sus oficinas, no solo los más de 400.000 euros que le abona el CGE, sino también en torno a un millón de euros más al año que le abonan las empresas participadas por el entramado societario del CGE.
Al analizar las series temporales, hubo algo que nos llamó poderosamente la atención: durante el año 2010 los ingresos por arrendamiento se incrementan de una manera totalmente desligada de las lógicas de mercado, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y hundimiento de las rentas. Los ingresos totales de la Fundación por este concepto se incrementan nada menos que en 450.000 € (cifra sospechosamente redonda), o sea, un 41% en un solo año; las rentas que abona el CGE se incrementan en 89.000 €, un 27%; y las que abonan el resto de sociedades, en un 55%. La FSS lo explica de la siguiente manera en la Memoria de las cuentas de 2009:


Así, nos enteramos de que el contrato de alquiler es por un período… ¡de 12 años! Ello quiere decir que el CGE, así como el resto de compañías participadas, tiene comprometidos los costes de arrendamiento de su sede hasta 2021.
Pero además, cruzando informaciones, descubrimos que las «nuevas obligaciones por hipoteca» no son otra cosa que la ampliación en 10,2 millones de euros del capital social de una de las empresas del holding, COFUNSALUD SA (de la que FSS-FICSSALUD posee, y tiene que aportar por tanto, el 75% del capital, o sea, 7,6M€), para financiar una fallida y ruinosa operación especulativa que cuando sea pertinente será desvelada, y que fue financiada mediante una re-hipoteca de la sede de Fuente del Rey. Como el 25% restante del capital lo poseía el CGE, ya tienen una pista para saber quién aportó los otros 2,6 millones que faltan. Volveremos sobre ello.
A partir de lo expuesto, se entiende perfectamente que los supuestos contratos de arrendamiento inmobiliario no serían realmente contratos mercantiles entre partes independientes con capacidad de negociación sino una simulación jurídica muy lucrativa para la fundación privada, que implica a la corporación de derecho público CGE.
(III)
Hemos dicho con bastante relajo que los cobros por los alquileres están “desligados de las lógicas de mercado” y que por tanto son una presunta “simulación jurídica”. Podemos asegurarlo (y documentarlo).
Para el último año disponible en el momento de realizar los cálculos (2013; las cuentas de 2014 y 2015 las hemos obtenido hace solo unos días, tras solucionar las pegas que les había puesto el Patronato de Fundaciones), la FSS declaró unos ingresos de 1.443.588,03 € en concepto de arrendamientos. Restando a precios de mercado (10 €/m2 x 295 m2 = 2.950 € x 12 meses = 35.400€/año) la renta que se pudiera percibir, en todo caso, del arrendamiento del 100% del chalé de Majadahonda, obtendríamos unas rentas por el arrendamiento de Fuente del Rey 2 de 1.408.188 € anuales. Si dividimos esta cantidad entre los 2.094 m2 que corresponden a la parte arrendada de Fuente del Rey, el 64,77% de 3.233 m2, dividiendo luego el resultado entre 12 mensualidades, obtenemos una renta mensual conjunta de 56 €/m2.
En la zona de Aravaca-Pozuelo, donde está ubicado el edificio, la renta mensual normal viene a situarse entre 7 y 12 €/m2; no hemos encontrado ninguna oferta de alquiler de oficinas de alto standing que supere los 18 euros por metro cuadrado y mes (y eso en 2016, que fue cuando se realizaron los cálculos y tasaciones, con un encarecimiento medio de un 15% en el alquiler de oficinas en Madrid con respecto a 2013, según la firma especializada Savills Research Global). Incluso a día de hoy (literalmente: 18 de octubre de 2017), no llegan a 20 €/m2 .

Es decir, que:

a) Las rentas de alquiler impuestas estarían hinchadas en torno a un 300%, con respecto a lo que pagarían a un arrendador independiente, guiadas ambas partes únicamente por lógicas empresariales; teniendo en cuenta que en estos 12 años el CGE ha abonado 4,2M€, eso hubiera supuesto un ahorro total de 2,8 millones de euros.

b) Si los dirigentes del CGE de 1997no hubieran antepuesto sus intereses personales a los colectivos, hubieran impulsado desde la titularidad del CGE la compra o construcción de la nueva sede, no impuesto esta suerte de ingeniería contable depredadora.


c) Y por tanto no tendría, como desvelé el miércoles pasado y el propio González Jurado no tuvo más remedio que “anunciar” antes de ayer para salvar la cara, que comprar una parcela y edificar sobre ella su sede, ahora, en 2017: un pastón que… ¿adivinan quiénes lo van a pagar de seguir las cosas así?
Efectivamente.
Por cierto, habría que saber, aunque fuera a efectos meramente documentales, en qué Asamblea General se aprobó dicha inversión y en qué Presupuestos anuales aprobadosse autorizó la liberación de los fondos para financiar la compra de la parcela de Sierra de Pajarejo 13, en la zona residencial más cara de Madrid, La Florida, en el distrito de Aravaca (que si no estoy confundido ha costado 1.057.322 euros).

PS.- Aunque en el blog suelo utilizar la primera persona del singular, el lector atento observará que cuando me refiero a informaciones o documentos siempre lo hago en primera persona del plural ("hemos conseguido", por ejemplo). Aunque de momento se ha considerado más seguro que no se sepa quiénes son, hay un equipo de seis personas detrás de este trabajo. Si bien la única identidad conocida en este momento es la de un servidor, cuando sea posible saldrán a la luz las otras, para que podamos todos agradecerles personalmente el esfuerzo y eficacia empeñados en esta necesaria tarea de denuncia.