Lo que siempre quiso saber sobre prescripción enfermera (y nunca se atrevió a preguntar)

No se engañe: este post es un refrito (inteligente, creo; no es un corta-y-pega) de varias entradas que llevo editadas en este blog y en su antecesor desde hace ya... ¡uf, cinco años! sobre el culebrón de la prescripción enfermera. Solo trato, antes de actualizar la información  -porque la opinión se mantiene inalterada-  servir como entrante un resumen de los laaaaaaargos antecedentes para los más jóvenes o nuevos o con mala memoria. A estas alturas, un déja vù porque de nuevo, cuando hace una semana me desperté... el dinosaurio todavía estaba aquí.

Lo de la 'prescripción enfermera' es uno de los asuntos más kafkianos que está viviendo este país. En este post, al margen de mi opinión, resumo el proceso hasta la fecha (30 de marzo de 2015). Tomen nota, porque es de libro:

El proceso legislativo (luego veremos el reglamentario) de reconocimiento de la prescripción enfermera fue azaroso, ya que necesitó de tres intentos y tuvo incluso su interludio kafkiano. El primer intento se produjo durante la tramitación y aprobación, en 2006, de la Ley de garantías y Uso racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y el segundo, mediante una proposición no de ley presentada por CiU en julio de 2006 y que fue desestimada por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, también con el rechazo del grupo socialista, como contundentemente lo expresó su portavoz en la comisión el 22 de noviembre de 2006: “Pues bien, señorías, les decía que estoy firmemente convencida de que acertamos todos cuando, al aprobar la Ley del Medicamento en los aspectos que hacen referencia a la prescripción de los medicamentos, acordamos que la prescripción de los medicamentos estuviera única y exclusivamente en manos de médicos, odontólogos y veterinarios”.

Si ahora se tiran el folio, recordémosles sus orígenes. Rectificar es de sabios... equivocados.

El segundo (y medio) intento tuvo lugar casi dos años después de la aprobación de la Ley del Medicamento, en febrero de 2008, cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo trataba de desarrollar una supuesta disposición adicional decimosegunda de la Ley del Medicamento tal como fue publicada en el BOE.

Porque fue así aunque parezca de Pepe Gotera y Otilio. Sigue, sigue leyendo:

En un momento dado, el Consejo de Estado -alertado por el entonces presidente de la OMC, Isacio Siguero, que se descojonó unos 15 meses mientras las mesas técnicas trabajaban- advierte y comunica al Gobierno que el texto de la disposición adicional duodécima de la Ley del Medicamento publicado en el BOE hacía casi dos años no se correspondía con el definitivamente aprobado por el Congreso de los Diputados, sino con el de una de las enmiendas aprobadas por el Senado pero que fue rechazada en el Congreso (por tanto, no aprobada) y que al parecer fue incluida por error en el texto enviado al BOE.

Una vez comprobado en el Diario de Sesiones que se trata efectivamente de un error, el BOE del 25 de abril de 2008 publica casi dos años después de su aprobación una corrección de errores que finalmente deslegitima al Gobierno para regular la prescripción por parte de enfermeras y podólogos. El Ministerio de Sanidad y Consumo (socialista) estuvo, por tanto, trabajando casi dos años para desarrollar una disposición legal que no sólo no se había aprobado, sino que el propio Grupo Parlamentario Socialista había rechazado en el Congreso por dos veces. Incluso las enfermeras participantes en los grupos técnicos de trabajo, incluidas las designadas por el CGE, se vieron sorprendidas por este desenlace después de más de un año de trabajo.

Si se me permite, ello resultó providencial para la enfermería, ya que, congruentemente con la posición hostil frente a la prescripción enfermera mantenida hasta entonces por el gobierno socialista, con la anuencia del Consejo General de Enfermería y copiando casi literalmente la normativa francesa, el borrador de orden sólo reconocía la capacidad de las enfermeras para indicar productos sanitarios, en ningún caso medicamentos: ni una aspirina.

El tercer y definitivo intento comienza con otra proposición, esta vez de ley, del grupo parlamentario de Convergència i Unió, presentada el 20 de febrero de 2009, cuya impulsora fue una diputada enfermera, Contxita Tarruelles, a quien se debe, para bien o para mal, el tratamiento legal actual de la 'prescripción enfermera'. Sólo unos días después, el 2 de marzo, el Grupo Socialista del Congreso presenta su propia proposición de ley, que en su parte dispositiva reproduce casi por completo, aunque con algún matiz más restrictivo pero no muy relevante, la redacción de la iniciativa catalana. El giro en la posición del PSOE fue tan radical que sólo puede explicarse por dos motivos. Por un lado, las negociaciones parlamentarias para el apoyo a un Gobierno en minoría que ha optado por no establecer pactos de legislatura y trabajar con “geometría variable”, lo cual incluía de forma muy privilegiada los 10 escaños de CiU con vistas a las medidas anticrisis y la Ley de presupuestos generales para 2010. Y por otro lado, la aprobación apenas unos meses antes, por parte de la Junta de Andalucía (socialista también), de su propio decreto de prescripción enfermera. En definitiva, la Ley fue aprobada el 22 de diciembre de 2009, casi al tiempo que los niños de San Ildefonso cantaban El Gordo, y publicada en el BOE el 31 del mismo mes, entrando en vigor el 1 de enero de 2010.

Lo cierto es que durante los años ochenta y noventa del pasado siglo la 'prescripción enfermera' nunca le importó demasiado a las élites enfermeras. Las élites docentes e investigadoras no tenían ningún interés, porque 'eso' era 'medicina' y ellas, almas enfermeras puras. Las élites corporativas -o sea, el Consejo General de Enfermería [CGE] que dirige desde hace más de 27 años con mano de hierro en guante de piedra Máximo Antonio Il Dottore González Jurado- tampoco, porque no tenía (entonces) valor de mercado. Si acaso confirman algo las hemerotecas es que el único agente que realmente movilizó a las enfermeras a favor de la prescripción desde principios del siglo XXI fue el entonces odiado enemigo  -hoy amiguito del alma-  del CGE, el Sindicato de Enfermería-Satse. El presidente del CGE, en todo caso, en lo que sí debió influir fue en el acceso de los podólogos, única profesión asistencial, la podología, que ha desempeñado Il Dottore, a la élite prescriptora autónoma, junto a médicos y odontólogos (y conste que a mí me parece bien que todo el que tenga pacientes pueda recetarles medicamentos dentro de su ámbito).

Como hemos visto, las dos iniciativas legislativas corrieron a cargo de Convergència i Unió, a quienes no cabe suponer que estuvieran a tiro de la titánica actividad lobbista del CGE o en nómina. Eso sí, una vez aprobada la legislación Il Dottore se tiró el folio de mala manera para anotarse el tanto: "Las hemerotecas de toda España son testigos de que la regulación de la prescripción enfermera ha sido concebida, negociada y luchada por el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado", como lo vendieron sus hagiógrafos a sueldo.

Chiquito morro...

Bueno, en el momento en que se publicaba esta exultante declaración (octubre de 2011), ya habían transcurrido casi dos años después desde que se aprobara en las Cortes Generales, el 22 de diciembre de 2009, la lotería de navidad enfermera. Pero el susodicho se frota las antenas dando por hecho que el Real Decreto de desarrollo de la Ley del Medicamento, en lo concerniente a la 'prescripción enfermera', iba a al Consejo de Ministros para ser aprobado.

Cachissss... No, no fue.

Acababa la legislatura y a pesar de la promesa de Leire Pajín y Pepe Martínez Olmos... pues no fue al Consejo de Ministros.

[¡Caramba, qué coincidencia! ¿No acaba de prometer el flamante Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que "antes de fin de año" (lo que no ha dicho es de cuál) el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto de Prescripción Enfermera? ¡Como hace justo cuatro años, agonizando la legislatura! En fin, no adelantemos acontecimientos, porque aún queda mucha historia: casi cuatro años.]

Durante dos años, simplemente no pasa nada (a nivel legal, me refiero).

Pero...

El día 22 de mayo de 2011 se celebraron elecciones autonómicas en Baleares, hasta entonces gobernado por una coalición de centro-izquierda liderada por el partido socialista. A pesar de estar envuelto en múltiples tramas de corrupción (que ya han llevado a la cárcel al expresidente Matas), la candiatura del Partido Popular fue bendecida por el pueblo con el 60% de los votos emitidos, una amplia y cómoda mayoría absoluta con la que gobierna desde entonces, con José Ramón Bauzá, boticario de profesión, como Presidente.

15 días después de las elecciones y solo 12 antes de que tomara posesión el nuevo Gobierno, el Boletín Oficial de las Islas Baleares del 6 de junio publica el Decreto 52/2011, de 20 de mayo, por el que se regula la actuación del personal de enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público (descargar). Vagamente inspirado en el decreto 307/2009, de 21 de julio, por el que se define la actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía (descargar), aunque sin llegar tan lejos (de hecho, es tan corto que diríase improvisado deprisa y corriendo), el Govern saliente decidió que el tema era suficientemente importante como para forzar la máquina; y lo cierto es que el actual gobierno no ha derogado ni sustituido el decreto en estos ya casi cuatro años.

Es curioso: cuando la Junta de Andalucía publicó su decreto, el presidente (en funciones) del CGE expresó su alegría de esta solemne manera:

La sanidad española hoy ha conseguido un importantísimo avance en Andalucía ya que con esta iniciativa legal se va a dotar de seguridad jurídica a miles de actos enfermeros que conllevan prescripción farmacológica y que son realizados diariamente en los hospitales y centros sanitarios (como son los centros de salud, centros y residencias sociosanitarias, asistencia a colectivos específicos, etc.)

Ello, a pesar de que el decreto andaluz, a diferencia del balear, no solo regulaba la indicación y uso de medicamentos no sujetos a receta médica, sino que abría la puerta también a otros medicamentos solo dispensables bajo receta médica (a partir de entonces, orden enfermera de dispensación)... a cargo de la prestación farmacéutica del Servicio Sanitario Público, naturalmente, cuando corresponda.

Dos años después, el CGE, en vez de reaccionar de la misma manera, es decir, alegrarse y apuntarse el tanto, impugnó el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares [TSJIB], el cual dictó en mayo de 2013 sentencia desestimatoria de las pretensiones del Consejo. ¿Qué pretensiones eran estas?

Básicamente, que se anulara el decreto por no ser conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (descargar el texto actualizado), que prevé que el Ministerio de Sanidad y Política Social acredite, con la participación de las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y con efectos en todo el Estado, a los enfermeros para poder indicar y usar los medicamentos no sujetos a receta médica y los productos sanitarios. Dicho en román paladino: que para que las enfermeras baleares puedan aplicar en la práctica la praxis que les reconoce el decreto, tengan que ser previamente acreditadas o "habilitadas" por el propio Consejo General de Enfermería.

¡Pasar por caja, vamos!

Escribí en este blog, hace ya año y medio, esto:

Probablemente tengamos una pista más en el hecho de que la ley siga repitiendo una y otra vez su conocida salmodia, "el Ministerio, con la participación de las organizaciones colegiales correspondientes, acreditará con efectos en todo el Estado a los enfermeros" (y ahora, fisioterapeutas). Y, claro, solo se nos ocurre relacionar todo esto con el afán del Consejo General de Enfermería por convertirse en el ente acreditador exclusivo a nivel estatal de la profesión a través de una de sus numerosas líneas de producto, en este caso la joint-venture (con la empresa Mibox) de nombre Proyecto Gradua-2 [los enlaces ya han sido eliminados en Internet], cuya "primera fase" persigue acreditar urbi et orbii como "prescriptoras de cuidados generales" a las enfermeras españolas.

Ello, a pesar de que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (STC 1/2011) establece de manera inequívoca que la competencia para acreditar actividades y programas de formación continuada de los profesionales sanitarios es exclusiva de las comunidades autónomas, eso sí, conjuntamente con las organizaciones colegiales de ese mismo ámbito.

Y ello, en fin, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares acaba de tumbar un recurso del CGE contra el decreto 52/2011 del Gobierno balear, en el que se regula la prescripción de medicamentos no sujetos a receta médica, reclamando para sí la competencia acreditadora de la competencia prescriptora enferra, y confirmando el TSJIB que se trata de una competencia autonómica.

Por lo que se ve, ni legislación ni jurisprudencia amilanan a un organismo colegial que tan claros tiene sus intereses y funciones y el orden de prelación entre ellos. Lo demás, todo lo demás, simplemente no parecería importar, aunque gracias a esa actitud de defensa numantina de los propios intereses sea ya hoy más preciso empezar a hablar de proscripción, que de prescripción, enfermera.

Desgraciadamente, al menos desde el punto de vista de quienes creemos que cualquier alternativa global de salida de esta ponzoñosa crisis crónica del sistema sanitario público deberá pivotar necesariamente, entre otros factores críticos, sobre las aportaciones de una enfermería moderna, de práctica (más) avanzada. Y que, precisamente para poder avanzar en este sentido, necesitaría poder contar con el aval, el apoyo y la confianza del regulador sanitario. Pero, si ni siquiera cuenta con el aval, el apoyo y la confianza de una representación corporativa que piensa que hay que exigir a cada enfermera una acreditación previa para poder recetar con garantías paracetamol o almax, entonces no es de extrañar que, para el regulador, la profesión enfermera siga siendo solo un cromo para intercambiar.

Por cierto, ¿a cambio de qué?

Como es habitual en su biografía, después de agarrar el dinero que dio aquello Il Dottore salió tarifando con sus socios de Mibox, los otros golfos apandadores, que le han presentado una denuncia por estafa y ahora todo esto está en los tribunales. Muy probablemente si usted, querido lector/a, es enfermera/o colegiada, le tocará una vez más contribuir con sus cuotas a pagar los chanchullos de Consejo General de Enfermería.

En fin... estamos ya finalizando marzo de 2015, han pasado cinco años y unos meses desde que se aprobó la regulación legal de la proscripción enfermera. Como es bien sabido, desde entonces no se ha procedido, ni por el anterior Gobierno de la Nación, socialista, ni por el actual, popular, a su regulación reglamentaria. Pero el culebrón continúa. En el marco de unos acuerdos firmados por el Ministerio de Sanidad con el CGE y Satse, estos días vuelven a marear la perdiz.

Seguiremos informando.