"Operación Coiba"

En 2010, el candidato conservador a la presidencia del Colegio de Enfermería de las Islas Baleares fue derrotado en las urnas por la candidatura progresista presidida por Rosa María Hernández Serra [me comentan que es la tercera vez seguida que palma este gran candidato en unas elecciones democráticas del Colegio].
Hasta aquí, todo normal, es lo que tiene la democracia cuando no se amaña (y deja de ser democracia, ejemplos hay miles). Pero ayer todo esto acabó con la denuncia de un intento de golpe antidemocrático para arrebatarle la dirección del Colegio a la candidatura que votaron mayoritariamente los colegiados. Como esto tiene que ver con confusos vericuetos jurídico-burocrático-administrativos y tras oír las noticias supongo que muchas enfermeras (y otras gentes de bien) querrán entender un poco lo que pasa, voy a tratar de exponerlo en lenguaje llano: ¡no se crean que es fácil! En fin, me pongo a ello sabiendo que, como explicó Max Weber hace más o menos un siglo, la neutralidad no es posible en las ciencias sociales, pero sí lo es, y deseable, la objetividad. Y a ella me encomiendo...

Antes de celebrarse las elecciones, que tuvieron lugar en diciembre de 2010, la candidatura que finalmente resultó perdedora, encabezada por el candidato oficialista, Miguel Reynés Ligero, impugnó la de su rival porque, según él, determinados miembros de esta última candidatura no reunían todos los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y los estatutos. Para ajustarse a estos requisitos, la candidatura de Hernández Serra realizó diferentes cambios en su composición, de manera que fue admitida por la Comisión Electoral (que a su vez había sido nombrada por la Junta Directiva saliente).

En definitiva, se celebraron las elecciones y ganó la candidatura progresista, con la consiguiente frustración de Reynés y de su mentor, el presidente del Consejo General, Máximo González Jurado.

Y la candidatura derrotada decide impugnar la legalidad de la candidatura ganadora en base exclusivamente a defectos de forma: unos que pudieran parecer razonables, aunque de efectos bastante limitados, imaginarios, delirantes o cómicos, los otros. Básicamente (si no lo he entendido mal), la impugnación se realiza al entender que estos cambios que realizó la candidatura ganadora antes de las elecciones, para sustituir a candidatos que no reunían las condiciones para ser elegibles, no suponen una renovación, sino una novación (es decir, una nueva candidatura que obviamente no se presentó en el plazo legal inicial). La impugnación se presenta ante el órgano que la ley y los estatutos estipulan, que no es un órgano colegial sino una Comisión de Garantías (órgano mixto Colegio-Administración), como dispone el art. 25 de la ley de colegios profesionales de las Illes Balears.

Esto fue en enero de 2011, un mes después de las elecciones. En Mayo de ese mismo año, el Colegio comunica a la Consejería de Presidencia del Gobierno balear el nombre de las tres personas que deberían integrar, por la parte que implica al propio Colegio, esta Comisión. Y...

Y desde entonces hasta hace bien poco, como veremos seguidamente, un absoluto desierto administrativo... Nada de nada...

Hasta que más de tres años después, con motivo de otro recurso  -diferente-  que presenta Reynés Ligero, la Consejería le contesta que, dado que en estos tres años y medio no se ha constituido la Comisión de marras, pues... casi, no sé... mire... a ver... ¡venga!, presente usted la reclamación al Consejo General de Enfermería [CGE] a ver qué pasa. Esto sucede el 12 de agosto de 2014, es decir, hace poco más de dos meses.

Así que (una vez finalizadas las vacaciones estivales), exactamente el 8 de septiembre, el reclamante dirige escrito al CGE solicitando que resuelva las reclamaciones, da igual que la primera (de la Junta Electoral admitiendo la candidatura ganadora) solo pueda ser resuelta en los tribunales de justicia y que para la segunda (la proclamación de la Junta Directiva electa) el CGE sea un órgano estatutaria y legalmente incompetente.

Y, claro, cuando Il Dottore recibe tan provechoso encargo, de manera tan providencial que cuesta no imaginar una mano política detrás de la administrativa en el Gobierno balear (de hecho, este nunca le comunicó al Colegio la decisión, de la que solo pudo enterarse cuando el propio Consejo General de Enfermería apareció súbitamente personado en el proceso), se frota las manos y pone en marcha ágilmente su intendencia para cargar de munción los tanques de La División Acorazada Brunete y enviar a sus golpistas para cambiar por la fuerza bruta lo que no se pudo conseguir en las urnas: aliviarse encima de la voluntad democrática de los colegiados baleares y dar un golpe de estado para tomar el poder en un bastión disidente, muy convenientemente a tiempo para contar con un voto más (y otro menos en contra) en su sexta reelección (que toca el año que viene) y asegurar la supervivencia de la corrupta red de intereses que lleva más de dos decenios con la profesión secuestrada y maltratada (con la aquiescencia cobarde de sus cómplices y colaboradores necesarios).

Resumiendo, el 6 de octubre se reciben las alegaciones del Colegio de las Illes Balears y apenas una semana después, el 15 de octubre, sin más dilatación, que diría el castizo, se dicta, firma y comunica la Resolución 6/14, que (sé que no me van a creer...) ¡es a favor de la candidatura oficialista!

Para quienes no somos juristas, es muy difícil navegar en estas procelosas aguas y distinguir si realmente el CGE es un órgano competente para resolver los dos recursos (incluso para un profano, el primero, el que recurre la decisión de la Junta Electoral, parece evidente que es exclusivo de órganos jurisdiccionales, no administrativos), pero lo que sí está claro es que en un estado de derecho no es aceptable que pueda resolver un conflicto un órgano de parte. Quiero decir, un órgano con intereses evidentes  -y pestilentes-  en que las reclamaciones sean aceptadas; el golpe de estado, ejecutado; y, rendida y desarmada la actual Junta del Colegio de Baleares, los últimos objetivos políticos, conseguidos.

Y lo que ya es incompatible con mi medicación antihipertensiva es que una Comisión Ejecutiva del CGE conformada por dos mujeres y seis hombres (25% - 75%) en una profesión que es 86% - 14% condene una candidatura que es 80% - 20% aludiendo a legislación supletoria (electoral y de igualdad) que ha sido creada, precisamente, para que la representación de mujeres y hombres responda a la realidad sociológica del cuerpo electoral.

Por no decir, el cinismo (y el morro) de citar como razón para descalificar la candidatura completa, la existencia de miembros que no son enfermeras asistenciales, sino docentes, en base a una sentencia del Tribunal Supremo (de 3/11/2010) referida precisamente... a Il Dottore. En ella, se anulaba su candidatura a la presidencia del Consejo (y por tanto, se lo cesaba de facto), pero el artista consiguió de manera aparentemente mágica que el tribunal ejecutor de la sentencia del Supremo (la ya famosa Sala 1ª del TSJ de Madrid) le aceptara, a saber cómo y sobre todo por qué, una serie de certificados de trabajo como enfermera absolutamente inexistentes durante los tres años que duró el pleito y que de repente, simplemente aparecieron.

(Pleito, por cierto, iniciado  -como tantos otros- por el presidente del Colegio de Badajoz, en su tiempo jefe Vercingetorix de una remota aldea pacense que se resistía con uñas y dientes al indigno invasor, pero que acabó rindiéndose en los acomodados brazos de Il Dottore, sabe dios en base a qué cambalache...)

¿Cuántos miembros de la Comisión Ejecutiva del CGE practican la profesión? Hasta donde yo sé  -artificios leguleyos aparte-, ninguno: a la p... calle. ¿Cuántos presidentes de colegios provinciales? Probablemente menos de la mitad, estando una buena parte jubilados: a la p... calle también. Y si el CGE lo conoce y les permite presentarse una y otra vez a las elecciones y mantenerse en los cargos, simplemente está prevaricando: a la p... calle también.

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Aquí lo que se dirime no son temas jurídicos, que para eso están y estarán los tribunales, sino aspectos políticos. La relación entre Reynés y el Consejo es muy estrecha, no solo porque aquel sea uno más de los mandaos de Il Dottore o porque compartan letrado. Reynés pertenció a la Junta del Colegio de Baleares siendo presidente el hoy Secretario General del CGE, González Cabanes, mano derecha fáctica de González Jurado. Y aunque ambos fueron recusados y la recusación se desestimó, también ambos decidieron  -conocido es su gran ardor democrático-  ausentarse de las deliberaciones, lo cual les ha venido de miedo para fingir que no han tenido nada que ver con la resolución y no aparecer en su firma.

Pero lo que hay de fondo, más allá de lo personal  -y de todos es conocido el irascible carácter de Il Dottore-, es un factor político-ideológico, de concepciones de la profesión. La presidenta de Baleares forma parte del Fórum Mediterráneo (conformado por los colegios de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Murcia y Valencia), hoy por hoy el núcleo duro opositor al Consejo. Sus posiciones ante el innoble pacto firmado por el CGE y Satse con la ministra de Sanidad, bajo la apacible mirada de un Mariano Rajoy que al día siguiente comparecía en el Congreso para explicar los sueldos en sobre B y los finiquitos en diferido, han sido de una oposición bastante radical.

Sus posiciones frente al estúpido modelo de prescripción enfermera que celebró el CGE como logro propio cuando fue aprobado por las Cortes Generales el día de los inocentes de 2010 también han sido muy radicales.

En octubre de 2012, la presidenta de Baleares se posicionó públicamente (en el boletín colegial, para más inri) en contra del apoyo de Il Dottore a la decisión del gobierno de Rajoy de expulsar a los inmigrantes no regularizados (y de paso a otros miles de españoles sí regularizados) de la cobertura sanitaria. Ello le costó una Circular, de esas que tanto le gustan, en la cual le exigía rectificar en público y postrarse de rodillas ante su majestad (hay una entrada en mi antiguo blog que relata de forma bastante sarcástica esta situación).

Y, lo que probablemente es peor, se atrevió en febrero de este mismo año a escribirle censurando su manipulación de las convocatorias que realiza a los presidentes de los colegios y diciéndole lo siguiente:

La gota que colma el vaso y la puesta en marcha de la Operación Coiba a cargo de La Brunete colegial.

Il Dottore es refrenado por sus asesores jurídicos, por eso no presenta las querellas con las que amenaza (y si las presenta, las pierde), pero en su trastorno narcisista nunca olvida. Y es pródigo en amenazas: ha amenazado (sin contar las innumerables veces que lo hizo con los presidentes de Satse y del Colegio de Badajoz, ahora socios y amigos políticos), que yo sepa, al Secretario de la Organización Médica Colegial, a la rectora de la Universidad Europea de Madrid, al presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria, a la presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, a los "colegios morosos"... incluso a mi humilde persona. ¿Propio de un delirio paranoide? Probablemente, pero sobre todo fruto de la defensa numantina de una forma cesarista de entender el poder y de ponerlo al servicio de los propios intereses.

Confío en que la resolución sea paralizada judicialmente y que lo que dieron los votos no lo consigan los tanques.

Nota para los más jóvenes: la División Acorazada Brunete era una agrupación militar acuartelada en las afueras de la ciudad de Madrid, cuyos tanques esperaba en el Congreso el general Armada para definir definitivamente el golpe de estado del 23-F de 1981. Afortunadamente, nunca salieron del cuartel gracias a la firmeza de su máximo jefe militar y a pesar de la traición de algunos subordinados.