martes, 4 de julio de 2017

Las trampas de Alonso que Montserrat encubre (2ª parte)

Comenté la semana pasada que me he empeñado en saber quién en concreto tomó la decisión de esconder en un cajón el Real Decreto 954/2015, conocido como "de prescripción enfermera", durante dos meses, hasta que pasaron las elecciones generales del 20D.

Estoy empeñado porque, de ser así, estaríamos ante un hecho de corrupción cualitativamente equiparable a la financiación ilícita de un partido y en el Popular (el partido, quiero decir), con permiso de algún otro también de chapeau, han elevado este oficio a la categoría de arte: todo ello va destinado a favorecer de manera ilícita su posición electoral, bien teniendo más fondos para impacto sociomediático (lo que ahora se llama competir "dopado", es un buen símil), bien no enemistando más de lo posible a colectivos como el de enfermeras, con más de un cuarto de millón de votantes potenciales. Aunque dudo mucho de que les mereciera la pena arriesgarse a que les pillaran haciendo trampas, en mi experiencia no se trata, más allá de sus sectores más lúcidos, de un colectivo especialmente corporativista o sensible a los insultos (que es en realidad lo que estaba haciendo el ministro Alonso y parece que ahora quiera seguir haciendo la ministra Dolors Montserrat encubriéndole: insultar a su inteligencia, si es que no más).

Insisto, de ser así, como todo indica que lo es, no resultaría injurioso hablar de desviación de poder o prevaricación, es decir, de hechos delictivos y de corrupción política.

Ya sabemos que la causa (principal) estuvo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se embargó durante 46 días una norma que había sido aprobada por el Consejo de Ministros (tampoco es que en el BOE estuvieran muy diligentes, la verdad).

Así que, como ya conté, quise preguntar al Ministerio de Sanidad si era normal esta demora, si existían antecedentes. El Secretario General del Ministerio, Sr. Carvajal Álvarez, muy transparente él, me inadmite la pregunta, primero por la «indeterminación absoluta del período temporal»; eso es tan cierto como que el Sr. Carvajal o alguno de su administrativos podrían haberme pedido que delimitara ese período en vez de agarrarse a esta «indeterminación temporal» como lapas.

Por otro lado, la inadmite también por exigir «una acción previa de reelaboración» por parte del Ministerio  –y aquí se agarra al artículo 18.1.e) de la ley de transparencia y a una sentencia de la Audiencia Nacional, como suelo decir, como un borracho a una farola: no para iluminarse, sino para no caerse–.

Así las cosas, de manera tan transparente por parte del Ministerio que dirige Dolors Montserrat, y antes de presentar Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (cosa que ayer mismo dejé hecha y ya tengo el acuse de recibo), decidí acometer con mis pobres medios esta «acción previa de reelaboración», acotando el período a los cuatro años que llevaba este Ministerio en manos del Partido Popular hasta la publicación del RD de marras: es decir, desde el 21 de diciembre de 2011 (a efectos prácticos, 1 de enero de 2012).

La ardua «acción previa de elaboración» que los servicios de documentación del susodicho Ministerio no pudieron acometer me llevó exactamente 48 minutos usando el buscador del BOE y un poquitín de Excel®. Véase la extremada complicación:



En estos cuatro años se publicaron 38 normas con rango de Real Decreto (exceptuando en su caso nombramientos de altos cargos), que son estas de aquí (CM = Consejo de Ministros):





Como pueder verse, los dos siguientes RD que más se demoraron (34 y 26 días) en su publicación en el BOE desde la aprobación por el Consejo de Ministros lo fueron en agosto, lo cual puede parecer razonable estar toda la administración a ralentí.

De manera que como se ve en la tabla el siguiente equiparable en sus condicionantes tardó 25 días, es decir, que el RD 954/2015 se demoró un 144% más que el siguiente en tiempo de demora. Y dado que el tiempo medio (excluido del cálculo el propio RD 954/2015) es de 10,2 días, este se demoró un 498% sobre la demora "habitual". Por cierto, la "moda" estadística (el valor más frecuente), es 1 día.

Es evidente que desde el Ministerio de Sanidad se guardó el RD en un cajón. Solo nos resta saber quién o quiénes, exactamente, fue o fueron. Porque detrás de las decisiones administrativas están la ley y el derecho, pero detrás de las decisiones políticas hay personas: personas concretas con nombre y apellidos.

Bueno, ahora a esperar los tres meses (ojalá sean menos como acostumbran) que tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para responder a mi Reclamación. Tal como está regulado en España, buscar la transparencia de unas administraciones públicas con inercia hacia el lado oscuro es sobre todo un ejercicio de muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha paciencia.



PS.- Si no ha descargado libre y gratuitamente aún mi última publicación sobre el tema, "La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur", aún pude hacerlo. Creo que merece la pena.


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