jueves, 20 de abril de 2017

"In vigilando"




I. Los de dentro.

Dicho de manera extremadamente resumida, puesto que es suficientemente conocido para quienes suelen asomarse a esta bitácora, los colegios oficiales de enfermería españoles, existentes como tales desde 1978, han tenido una existencia muy agitada en la que difícilmente se ha podido tener una vida interna relajada, constructiva y proyectada hacia el futuro. No ha sido especialmente por circunstancias del entorno exterior (aunque es cierto que este no ha sabido siempre acompañar a la Enfermería en su crecimiento emancipatorio) sino lamentablemente por la intención, por parte de una élite autocrática y desprofesionalizada, de imponer sus criterios, decisiones e intereses al conjunto de la organización colegial.

Las dinámicas perversas que se generaron como consecuencia han dejado una organización colegial fracturada, con una sólida mayoría, es cierto, de colegios aliados a esa élite que decidieron jugar su juego y beneficiarse de él (y seguirán su misma suerte); unos pocos colegios desaparecidos, con un perfil deliberadamente bajo; y un pequeño puñado de colegios manifiestamente disidentes de estas políticas y actuaciones de la élite gobernante, lo que les ha condenado a una existencia convulsa, absolutamente judicializada y sometida a las malas artes políticas y los inagotables recursos financieros de la élite en el poder.

Todas estas “guerras internas”, aunque provocadas de manera perfectamente deliberada y planificada por solo una parte, trajeron rápidamente como consecuencia la desmovilización primero, y la plena desafección después, de la inmensa mayoría de los colegiados con respecto a la vida colegial, traducida sistemáticamente en porcentajes de asistencia ridículos a las asambleas o juntas generales donde se deciden los aspectos más importantes de la vida colegial, como la aprobación de las cuentas y los presupuestos generales. Por otro lado, los amaños electorales y los recursos judiciales −manipuladores o defensivos−  ante los procesos electorales colegiales (empezando por los del propio Consejo General, que lleva desde 2001 sin una sola Presidencia validada en firme por los tribunales) acabaron por alejar masivamente a los colegiados, también de los procesos electorales.

En consecuencia, se produjo rápidamente un deterioro dramático del principal principio legitimador de las corporaciones profesionales: la democracia colegial, intrínseca a este tipo de asociaciones de pares. Simplemente, no hay colegios en los cuales (sin artificios, amaños o circunstancias excepcionales) acudan a las asambleas o juntas generales más del 1%-2% de sus colegiados. Ni en los que acuda a votar, cuando se tercia, más del 10% del censo.

Por eso en la gran mayoría de los casos, a los procesos electorales para elegir a los equipos directivos solo acude una candidatura: la oficialista. En ocasiones, como es bien conocido, porque nadie se entera de la convocatoria más que cuando ya ha caducado y se ha renovado el mandato de los delincuentes habituales (el "método del notario"). Pero incluso cuando el proceso electoral es limpio y publicitado, lo normal es que no haya candidaturas alternativas: debido a la “indiferencia mortal” o “apatía”,  de la que hablaba Wright-Mills; a que el personal más inquieto ha escarmentado en cabeza colegial ajena; o simplemente a que es difícil acceder a sacrificar tu vida sabiendo que es muy poco lo que realmente se puede cambiar a mejor en este ecosistema en el que es el lobo quien cuida a las ovejas ante la mirada paternal y permisiva de gobiernos e instituciones de todo pelaje político.

Ello se traduce sistemáticamente en una extraordinaria anemia democrática que no justifica en este momento la existencia de estos colegios como corporaciones de derecho público para la auto-organización de los profesionales, dado que se acaban convirtiendo en clubes privados, selectos desde luego, que no deberían tener en pleno Siglo XXI el respaldo de la ley y de los gobiernos. Si hacen falta los colegios, se trata sin duda de otros colegios, no de esta jungla envenenada. Por mucho empeño que pongan algunos directivos honestos y abnegados que no se han pasado al lado oscuro de la fuerza y han sabido permanecer en el lado de la ley y de la ética.

Como condición sine qua non para el éxito de estos tejemanejes (porque siempre hay cuatro o cinco tocapelotas que insisten cada año en ir a la asamblea y te preguntan cosas incómodas, realmente difíciles de responder con verdades sin tener que ir luego a los juzgados a entregarte), se teje una red de opacidad que solo puede justificarse porque explicar el destino verdadero de los fondos significaría evidenciar que en ciertas corporaciones profesionales el poder ha sido tomado por verdaderos gánsteres.

Por eso la inmensa mayoría de los colegiados ya no percibe a los colegios como sus colegios. Pedirles a estas alturas, pues, que se impliquen y defiendan algo que no asumen como suyo es irreal (y culparlos de la situación, simplemente un chiste), aunque permanezcan unos cuantos quijotes que siguen en esta lucha. Larga vida a gente tan necesaria.

Este catastrófico deterioro de una institución tan importante, reconocida singularizadamente en la Constitución Española (art. 36) para diferenciarla del resto de asociaciones privadas, es plena y conscientemente consentido por las administraciones públicas, probablemente para «no meterse en líos»: permitir estos desmanes en instituciones anacrónicas tan desligadas de la vida de la gente no quita votos; tocarle las narices al poderoso lobby profesional... mejor no tentar a la suerte.


II. Los de fuera.

Nadie (con autoridad) parece que tenga nada que decir, menos aún que hacer, ante esta intolerable prostitución de las instituciones democráticas. ¿Será que lo ignoran? A estas alturas del partido no parece muy probable salvo que seas imbécil (que todo puede ser). Pero en todo caso, si aún quedan responsables políticos que realmente ignoran este esperpento, desde la modestia de este medio les pido que se informen. Yo mismo me ofrezco a informar y documentar gratis et amore dentro de mis modestas posibilidades (y de mi interesante fondo documental).

Y como no hay peor ciego que el que prefiere no mirar para poder decir «yo no vi nada», el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), última esperanza de aquellos administrados que se desesperan ante la connivencia de los supuestos defensores del Estado de Derecho con sus pervertidores, repite en sus resoluciones como un papagayo una jurisprudencia del Tribunal Supremo (anterior a la aprobación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por cierto) que le sirve como al borracho la farola: no para iluminarse, sino para agarrarse. A pesar de que se le ha advertido de que el Consejo General y la gran mayoría de los colegios (de enfermería, me refiero ahora, ignoro sobre el grado de distrofia en otras profesiones) están en situación de insumisión legal, ya que se niegan a acatar la ley (mejor dicho, las leyes):
  • Por un lado, se niegan a acatar la ley de colegios profesionales, que les obliga desde 2010 a publicar una Memoria Anual detallando información relevante (no solo referida a su faceta de corporación pública o "derecho administrativo", señora Arizmendi; vea el cuadro algo más abajo), y hacerla accesible a través de la web. Cuando los colegiados exigen esa información que las corporaciones profesionales están obligados a proporcionar proactivamente por ley, el Consejo General y los colegios se la deniegan; y cuando se reclama al CTBG, este echa balones fuera y se apoya en la farola de la ley de transparencia… que en este caso resulta de carácter supletorio frente a la de colegios profesionales, al menos en cuanto a la información que deberían publicar anualmente Consejo y colegios en virtud de su propia regulación sectorial. Obligación legal que increíblemente se les permite que se pasen por el arco del triunfo y solo deja un mensaje algo más que subliminal: «saque usted del banco sus ahorros, si los tiene, contrate letrado y procurador y váyase a los tribunales (pringao)». 

  • Pero es que además se niegan a acatar y obedecer… la propia ley de transparencia. Muy especialmente el Capítulo II del Título I, denominado “Publicidad activa”, que obliga a Consejo y colegios a hacer pública («como mínimo») una abundante información económica, presupuestaria y estadística (art. 8) «relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria». Siquiera, en el caso de estas corporaciones públicas, "solo" en lo relativo a sus «actividades sujetas a Derecho Administrativo»… que no son pocas ni secundarias. Algo que tampoco hacen, con la connivencia de nuevo de un decepcionante CTBG que en un principio despertó tantas esperanzas, hasta que se encontró con un lobby con el que probablemente no contaba. Pida usted, señora Arizmendi, que sus técnicos buceen por las procelosas aguas de las webs colegiales enfermeras a ver si encuentra usted, siquiera un sutil rastro o aroma de publicidad activa en el 90% de ellas. Empezando por las del propio Consejo General.



III. Lo más alucinante de todo esto es que no pasa nada. Nada.

¿Unas instituciones (públicas cuando interesa; privadas cuando más conviene) que gozan de la prerrogativa legal de obligar a cientos de miles de profesionales a colegiarse y abonar las cuotas que engrasan sus maquinarias no son controladas por los poderes públicos? ¿No existen, como en cualquier democracia adulta, contrapoderes que eviten la perversión de los fundamentos del Estado de Derecho y de la obligación constitucional de las corporaciones profesionales a tener un «funcionamiento interno democrático»?

Porque tal vez en otros sectores profesionales todo funcione como la seda y esta prerrogativa de auto-organización sea positiva para profesionales, administraciones y ciudadanos −dudo de que sea la norma, por eso admiro tanto a los que parece que lo logran−. Pero está claro que existe la posibilidad de que se adueñe de estas instituciones gente sin escrúpulos (¡ya es mala suerte que hayan caído tantos de este lado!), pero resulta que ninguna administración pública, ningún gobierno, ningún consejo de transparencia, ni siquiera ningún partido político o sindicato sirven de contrapoder efectivo contra estas situaciones de malversación de la democracia y de los caudales públicos.


IV. ¿«Caudales públicos»? Sí

 El Tribunal Supremo está harto de decir que tienen carácter de fondos, efectos o caudales públicos no solo «los dineros de titularidad estatal, autonómica, local o de institutos autónomos», sino también «los depositados por particulares en entidades públicas» (entre otras, SSTS 5-2-93, 13-11-02 y 18-9-06).

Parece innecesario a estas alturas volver a recordar que los colegios (y consejos de colegios) son «corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines». Es decir, que forman parte de esas «entidades públicas» a las que se refiere el Supremo. Por tanto, los fondos depositados por particulares (colegiados) en estas corporaciones de derecho público tienen el carácter de caudales públicos y por tanto entra dentro del espíritu y la letra (art. 13) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la obligación de explicar el destino de hasta el último euro. Y no solo a los colegiados, sino a cualquier ciudadano, sin más limitaciones que las tasadas en la propia ley (art. 14 y 15).


V. "In vigilando"

Si usted que está leyendo esto −y ese es el propósito último de este concreto escrito− es un representante político con cierta capacidad ejecutiva o un servidor público con cierta influencia ante los anteriores, solo le pido que se documente, si es que realmente «no tenía ni idea de esto que usted me cuenta». Y una vez que compruebe que su inocencia democrática ha podido llegar a ser pervertida hasta estos extremos inauditos, que mueva ficha y haga algo dentro del límite real de sus posibilidades.

Y si por el contrario está, como supongo en la mayoría de los casos, solo tuerto de un ojo y «mire usté, algo de esto... ya me suena», vaya con cuidado: hoy es un buen día para recordarle que a los malos siempre los trincan antes o después y que una vez que se encuentran en situaciones “tensas” tienden a largar de lo lindo. Y algunos intentaremos con todas nuestras fuerzas que entonces se les pueda preguntar: «¿quiénes, exactamente, estaban al tanto de todo esto y lo toleraron mirando para otro lado?».

Preguntaremos, por ejemplo, quién estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el Colegio de Enfermería de Madrid. Cuesta creer que el Consejero de Sanidad, enfermero a la par que médico, miembro él mismo de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería en sus años mozos, y que acaba de condecorar al presidente de esta institución como prócer y ciudadano ejemplar, orgullo de la Comunidad, no esté al cabo de la calle de las fechorías que se están relatando y documentando casi a diario en el colegio de su ramo (Sanidad), su co-profesión (Enfermería) y su ámbito (Madrid).

La pregunta de la certeza (Schutz) que habrá que hacer cuando todo esto devengue la sanción social y jurídica que merece es la siguiente: ¿cómo fue posible que esto pasara durante tantos años y nadie con autoridad política o administrativa dijera nada?¿Cómo es posible que la democracia carezca de contrapoderes efectivos cuando grupos de interés organizados −que en términos puramente sociológicos podríamos denominarlos mafias−  consiguen apropiarse de lo público en beneficio propio?

Sí, sin duda parte de la culpa la tienen los profesionales que han permitido que estas mafias se adueñen de sus instituciones y las conviertan en su cortijo. Pero, como dije ayer, esta apatía no es tanto la causa como el efecto de la podredumbre.

Por eso la culpa "in eligendo" de "los de dentro" no es nada comparable con la culpa "in vigilando" de "los de fuera", ese mirar para otro lado para poder decir «yo no he visto nada» que están exhibiendo todas las administraciones e instituciones ética y legalmente implicadas en esta gran perversión consentida de la democracia y el Estado de Derecho.





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