Algo hay de cierto en una conclusión genérica que a veces surge como legítimo mea culpa y otras, como mera coartada moral para justificar la pasividad que ampara y explica la impunidad de esta organización cautiva: que deberían ser los propios colegiados quienes alzaran su voz y su voto contra quienes han ocupado y prostituido su ágora profesional y expulsar a los mercaderes de este sagrado templo democrático.
Pero entonces no tengo más remedio que recordar dos cosas: una, que es cierto que el colectivo enfermero (si es que existe tal sujeto sociológico) muestra una preocupante indiferencia mortal (Wright-Mills) o anomia (Durkheim) ante los problemas de su profesión; pero no es menos cierto que es más resultado o consecuencia, que causa o condición, de este perverso ecosistema de intereses creados.
Y dos, que sí hay colegiados que luchan por cambiar este estado de cosas, por lo general empeñando más tiempo, esfuerzo, dinero y riesgos de los que serían razonables; en asociaciones de base, colegios disidentes, candidaturas zancadilleadas o simplemente yendo en absoluta soledad, pero con absoluta dignidad, a las asambleas de sus colegios a manifestar su disconformidad votando en contra y pidiendo la información que se escamotea. Gente que lo pasa mal, especialmente cuando comprueba el atronador silencio de los corderos por parte de sus compañeras y la complicidad de los dirigentes de sus colegios, que deberían estar a favor y no en contra, como lo están de hecho, de su propia gente. Son personas y grupos valientes que reciben un apoyo nulo por parte de los gobiernos e instituciones -solo a veces la vía judicial aporta algo- que deberían actuar como contrapoder en una democracia seria.
Por ejemplo: hoy, probablemente mientras usted lee esto, una enfermera madrileña, Alda Recas, ha sido citada a declarar ante el instructor del expediente que le ha incoado su colegio, a petición escrita del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, por denunciar unos hechos deplorables: que con motivo de la última asamblea general del Colegio de Enfermería de Madrid, al menos 170 liberados sindicales del Sindicato de Enfermería-Satse se afiliaron en el citado colegio, a pesar de que vivían y “trabajaban” en otras provincias españolas, para poder asistir a la asamblea y votar a favor de los intereses de su cúpula colegial que casualmente -más bien causalmente- está conformada por miembros prominentes del Sindicato de Enfermería-Satse. Es decir, para pervertir la voluntad democrática de los colegiados madrileños, refrendar los tejemanejes antidemocráticos de su cúpula dirigente y aprobar el golpe de estado soft que supone modificar los estatutos a golpe de votos fraudulentos. Entre estos atípicos votantes estaban el propio presidente del Consejo General y varios otros dirigentes de esta corporación.
Desde la Asociación Madrileña de Enfermería (así como desde otros ámbitos) denunciaron este fraude antidemocrático y se ve que los señoritos se han enfadado. Que se han enfadado mucho. Y por eso se vengan tratando de inhabilitar a sus dirigentes para el ejercicio de su profesión, empezando por Alda que es la que estaba más a mano o la más conocida o a la que más ganas tenían, no lo sé. Un recurso fácil si tienes la moral encallecida.
Dicen estos energúmenos, a través de sus palmeros escondidos en el anonimato de las redes sociales, que lo que persiguen Alda y sus compañeros realmente es conquistar el poder. Claro, para echar a corruptos y delincuentes y devolver los colegios a sus legítimos dueños: las enfermeras y enfermeros.
Y yo les pregunto a estos: ¿dejaréis a Alda al pie de los burros?
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