viernes, 11 de septiembre de 2015

Sociedades científicas y actividades alimenticias

Es todo un clásico entre los más afamados actores y artistas de todo pelaje distinguir entre sus trabajos "artísticos" y sus, menos brillantes, a veces realmente humillantes, producciones "alimenticias". Como también entre ilustres deportistas, a quienes no les importa salir en gayumbos o con cara de memo en anuncios "alimenticios". Por no hablar de periodistas que, tras haberse curtido en trabajos dignos, probablemente no muy bien pagados, deciden que ha llegado el momento de aceptar encargos "alimenticios" en los que no existen límites éticos ni estéticos.


Este es un tema que me parece fundamental en los difícilmente circunscribibles terrenos de lo sanitario y cuya crítica dentro, sobre todo, de la profesión médica -para qué engañarnos, la enfermería aún no tiene un significativo "valor de mercado-  va en aumento ante lo que muchos consideran -consideramos, si se me permite- claros desmanes con signos y síntomas de creciente inmoralidad y deterioro de los códigos deontológicos: la deriva que están siguiendo muchas sociedades científico-médicas que, cada vez con más fuerza, son criticadas por diferentes motivos, especialmente por lo que diríase que constituye el leit-motiv principal de su interrelación actual con la sociedad civil y mercantil, al menos para algunas de ellas: ordeñar y ser ordeñadas, una suerte de simbiosis en la cual la industria alimentaria parece estar tomando un protagonismo sustancioso en un medio hasta ahora casi monopolizado por la industria farmacéutica y de las tecnologías sanitarias.

Claro: la receta de farmacia, al menos entre los médicos de la sanidad pública, se controla absolutamente, ítem a ítem (qué, cuánto, quién, a qué coste...) desde los colegios de farmacéuticos, una información muy permeable y muy útil que permite retribuir el qué, el quién y el cuánto, en función de parámetros individuales y con recompensas individuales. A quienes se dejan, naturalmente, que son muchos sin duda, aunque sin duda no son menos quienes tratan de mantenerse al margen del sistema clientelar característico de las industrias que pululan desde siempre en torno a la profesión médica.

Por el contrario, la industria alimentaria  -y aledaños- lo tiene más complicado para individualizar los "incentivos" (imposible saber quién recomienda a sus pacientes galletas dinosaurus, omega 3, lactófilus...), así que recurre a las sociedades científicas que entran dentro del target y se dejan querer.

La Asociación Española de Pediatría es, últimamente, un crack. Bajo el sello de Empresa Colaboradora de la Asociación Española de Pediatría, (antes aún más melífuo, En colaboración con...) se guardan las formas para no "recomendar" alimentos "no recomendables" en la ingesta diaria de niños y adultos, una fórmula (producto/alimento recomendado por...) mucho más directa, a la que acuden mejor la Sociedad Española de Cardiología/Fundación Española del Corazón y otras especialidades fetén. Simplemente, se recuerda que la empresa alimentaria en cuestión "colabora" con la Sociedad o Fundación... y cada cual que describa tan bien como pueda su asociación de ideas.

Esto no es honrado ni ético, no importa si, como se alega entre circunspectas alharacas mediáticas (muy recientemente lo hacía, de forma muy agria y poco inteligente, el secretario de la AEP), gracias a esos patrocinios se salvan vidas en Níger o en Guatemala, como si esto no fuera la coartada y sí el fin principal de las altruistas firmas, por lo general poderosas multinacionales; incluso aunque sí lo fuera de sus cooperadores necesarios, que algún caso habrá. Porque cuando engañas, pierdes el alma y la credibilidad. Y tampoco se puede decir que exista un entorno informativo precisamente cristalino para comprobar realmente que aquellos polvos patrocinadores por los que vendes tu alma están trayendo realmente algunos lodos cooperativos sanitarios que salvan vidas y traen salud a los más desfavorecidos.

Punto y aparte merecen las interesadas notas de prensa que ante cada comienzo de verano, por poner solo un ejemplo, distribuyen los incentivados de las multinacionales del sector, recomendando litros de agua (envasada), refrescos (envasados; y con generosas dosis de azúcares añadidos), gazpacho (envasado), etc (siempre que esté envasado). O las propiedades salutogénicas y hasta curativas de determinadas moléculas que se asocian a no menos determinados alimentos, aditivos o complementos.

[Casualmente -¡lo juro!-, hoy mismo, la entrada de Miguel Ángel Máñez (@manyez en twitter) en su blog Salud con cosas habla de la pretendida relación entre consumo de tomates (licopeno) y disminución del riesgo de ictus. Pero también hay contribuyentes en la denuncia de estas prácticas desde la medicina; me permito recomendar, porque creo que nunca lo he hecho, al archiconocido Vicente Baos (@vbaosv en twitter y su blog El supositorio), quizás porque, contradiciendo la sabiduría médica que advierte de sus peligros, a mí me gustan los radicales libres.]



Las sociedades científicas, dentro del entramado corporativo médico, tienen la triple misión de revisar y difundir los contenidos científico-técnicos de la especialidad, establecer guías o protocolos específicos de actuación clínica y promocionar –frente o incluso contra otros ámbitos especializados dentro de la medicina– el rol específico de su respectiva especialidad. Pero es evidente que también han desarrollado otras funciones “informales”, intermediando entre los médicos especialistas y el “mercado” (especialmente la industria farmacéutica), en beneficio, se supone, mutuo.

Lo primero que hay que destacar es la gran opacidad de este entramado de organizaciones. Las sociedades científicas se crean con base jurídica en el artículo 22 CE y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación; es decir, se trata de asociaciones voluntarias de derecho privado, por lo que sus estatutos y reglamentos no se diferencian demasiado de las asociaciones de cazadores o las peñas de fútbol, por poner sólo un par de ejemplos. Lo cual resulta, sin duda, chocante. Ello significa, básicamente, que carecen de legitimidad regulatoria, representativa o negociadora, lo cual no excluye que las administraciones públicas y entidades privadas puedan firmar convenios con ellas, siempre con objetivos o fines tasados.

En julio de 2007 realicé una exhaustiva revisión, a través de sus páginas web, de las sociedades científicas exclusivamente formadas por médicos (o, excepcionalmente, de otros titulados superiores como físicos o biólogos) y seleccioné un total de 71, de entre las 147 sociedades relacionadas en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo. (Evidentemente, la situación de 2007 no puede extrapolarse sin más a 2015, pero no he encontrado ninguna otra revisión de estas características y no dispongo de tiempo para reproducir la tediosa búsqueda nominal, web por web, con datos actuales).

En 46 casos (65%), constaba que estaban patrocinadas por empresas, prácticamente siempre del sector correspondiente (laboratorios farmacéuticos, pero también empresas de suministros médicos, del sector alimentario, etc.); 19 de ellas (el 41% de las patrocinadas) lo eran por una única empresa; y 32 de ellas (70%) exhibía el banner de esta empresa en su página de inicio.

Al menos 22 de estas sociedades científicas (31%) habían creado fundaciones que permiten aprovecharse legalmente del más favorable régimen fiscal aplicable a las fundaciones, como alternativa al menos atractivo de las asociaciones puramente privadas. Sólo 20 (28%) disponían de alguna acreditación como webs médicas; y sólo 5 de ellas (7%) estaban dirigidas por mujeres.

Hoy en día son muy pocas la sociedades científicas que mantienen algún tipo de canal de comunicación con la sociedad civil, si exceptuamos alguna comparecencia esporádica con ocasión de un congreso, presentación de un libro blanco, etc. El resto permanece totalmente al margen de la vida social, como clubes cerrados que sirven únicamente a los intereses de sus socios. Lo que no es criticable, de hecho es su razón de ser principal, la de servir de nexo de unión entre los profesionales asociados.

He sugerido anteriormente que este entramado corporativo, además de su importante labor de desarrollo profesional, ejerce al tiempo como "recaudador y redistribuidor de rentas” procedentes de la industria, mediante ensayos clínicos (o pseudo-ensayos clínicos), artículos en la prensa médica, patrocinios, presencia en congresos y eventos, actividades formativas, publicidad en las web, patronazgo en fundaciones y un largo etcétera.

El problema es que estas asociaciones escapan a cualquier marco regulador, a pesar de su importante impacto social y sanitario. Ya conocemos de sobra el “marchamo de mercado” que supone que una sociedad de especialistas (nutricionistas, cardiólogos, pediatras, endocrinos, oncólogos...) recomiende un producto alimentario mediante la inclusión de su recomendación (directa o por asociación de ideas) en un envase que se vende en supermercados. De hecho, no es rara la existencia de sociedades científicas (o paracientíficas, "observatorios" y similares) o fundaciones que han sido “montadas desde fuera”, ligadas de manera directa a los intereses de la industria, con el aval personalizado de un puñado de ilustres mesócratas (jefes de departamento/servicio, cátedros, cuadros de sociedades, etc.) a sueldo.

La capacidad de influencia, en beneficio propio y de terceros, de las sociedades científicas sobrepasa con mucho su modesto rol institucional y su laxa regulación. Probablemente haya legado el momento de un desarrollo legal y reglamentario más estricto de las sociedades científicas sanitarias, básicamente en dos áreas: económica y científico-técnica.
  • La primera, con una regulación que: a) establezca la legitimidad y legalidad del origen de los fondos captados fuera de los ingresos ordinarios, como las cuotas; b) obligue a la publicación en sus web, para consulta libre, de sus cuentas de ingresos; c) delimite unas “reglas del juego” muy precisas para las relaciones entre sociedades e industria; y d) tase los destinos lícitos de estos recursos, teniendo muy en cuenta el interés profesional y social. En definitiva, es esencial terminar con la actual opacidad económica que caracteriza a este importante sector de la organización corporativa de la profesión médica.
  • La segunda área regulatoria es de carácter puramente científico-técnico. Es preciso probablemente ampliar las competencias del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (establecidas en la LOPS) para poder diseñar un marco científico-técnico y deontológico estable de las sociedades científicas, especialmente mediante tres instrumentos: a) el establecimiento de códigos de buena práctica a los que deberán ajustarse las sociedades en todas sus actuaciones, recursos y relaciones; b) la acreditación periódica de las sociedades científicas, una sola por especialidad reconocida más las correspondientes asociaciones de subespecialidad, siempre en dependencia, o como ramas orgánicas, de la sociedad científica de la especialidad matriz; y c) la rendición de cuentas, que justifique, además de su adecuación a los ya citados códigos de buena práctica, una auditoría científico-técnica valorada en términos de su aportación real al desarrollo profesional de la especialidad.
Hay que reconocer, y de buen grado, que existen sociedades científicas que están haciendo un esfuerzo de legitimación profesional y social y que tratan de intervenir activamente en la educación sanitaria de la población y de participar en acciones de cooperación sanitaria, además de las tareas básicas de desarrollo científico y profesional de su especialidad. Sin embargo, el mantenimiento de la situación actual de “barra libre” sólo lleva consigo, en el mejor de los casos, una extraordinaria dispersión de esfuerzos y una extensión de los targets de la industria; naturalmente, siempre será posible fundar asociaciones de especialistas al amparo del derecho constitucional de libre asociación, pero el “marchamo de calidad” (que dé, por ejemplo, acceso a subvenciones públicas o a ser acreditados como entidades formativas o certificadoras a los efectos que señala la LOPS en su artículo 35, debería ser aportado por una agencia independiente y, de manera natural, esa agencia debería ser un Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud reconvertido en agencia, en el cual deberían poder participar, de derecho o consultivamente, los agentes profesionales implicados (como la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, los consejos de colegios, etc) y representantes de la "sociedad civil" ("lay members"), incluidas las asociaciones de pacientes y la industria.


5 comentarios:

  1. Una entrada genial. Muy buena, el dedo en la llaga. Enhorabuena, me ha encantado.

    ResponderEliminar
  2. Muchas gracias, Pepa, el tema es importante y un tanto "subterráneo", que salga a la luz. Saludos

    ResponderEliminar
  3. Juan te ¿olvidabas? de las páginas de las asociaciones de pacientes, otro nicho de mercado para multinacionales farmacéuticas y de alimentación por ejemplo: europa colon ( farmacéuticas), fundación para la diabetes con la mermelada sin azúcar...

    ResponderEliminar
  4. No me olvidaba, Rosario, de hecho había un inciso "eso sí, en competencia con las asociaciones de pacientes, verdadero nuevo target de la industria", pero lo eliminé porque el párrafo ya tenía bastantes subordinadas y se había vuelto muy confuso. Probablemente me equivoqué al no referir el tema en algún lado porque, efectivamente, es algo muy relevante. Gracias por tu acertado comentario, un cordial saludo

    ResponderEliminar
  5. Buenos dias.
    Queria saber si conoce alguna sociedad cientifica médica que tenga un código ético y de conflictos de intereses que le parezca justo o acertado y que pueda consultarse.
    Muchas gracias

    ResponderEliminar