lunes, 26 de agosto de 2013

viernes, 23 de agosto de 2013

Ley de colegios: ¿oportunidad perdida o paso adelante? (II)

Nota.- Existe una 'Guía de análisis e interpretación del Anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales', primera parte de un informe encargado por algunos colegios y mancomunado en resultados y costes, que está a disposición de colegios y otras asociaciones a través de este enlace.
Acababa la primera parte de esta entrada haciéndome eco de las importantes exigencias de orden democrático, ético, financiero, administrativo y de control que, de ser aplicadas y controladas de verdad (o sea, todo lo contrario que ahora), darían la vuelta como a un calcetín a este opaco mundillo de las corporaciones colegiales.

Reproduzco el artículo 41 del Anteproyecto, elocuentemente titulado "Buen gobierno de las organizaciones colegiales":

martes, 20 de agosto de 2013

Ley de colegios: ¿oportunidad perdida o paso adelante? (I)

El Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto aprobó, tras darle más vueltas que un hámster a su rueda, el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Con agosticidad y alevosía, por lo cual el trámite de audiencia pública previo a su aprobación como proyecto (ya sin el ante) y consiguiente remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación, finaliza el próximo 15 de septiembre. El anteproyecto suma 54 artículos, más 11 disposiciones adicionales, 6 transitorias y 16 finales, con un total de 56 páginas. ¿Demasiados deberes para el verano? Para algunos, sí.

martes, 13 de agosto de 2013

La promesa de aprender, la obligación de actuar

Una vez más, una sentencia anunciada en los medios de comunicación (pero hasta el momento no publicada), dictada por la sala segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, vuelve a situar en primer plano el problema de la seguridad asistencial. Según la información periodística, hace unos ocho años una farmacéutica que debió leer mal (muy mal) la orden de dispensación hospitalaria, preparó una dosis diez veces superior a la indicada (nueve viales, frente a uno solo) para un medicamento a administrar en un ciclo de quimioterapia; la auxiliar de enfermería realizó el traslado de medicamentos y orden hasta el servicio de oncología; y, una vez allí, dos enfermeras suministraron la dosis tóxica a un paciente que falleció al cabo de pocos meses, según la sentencia a causa del grave error en la admninistración del medicamento. La sentencia condenaría a las cuatro implicadas, tres de ellas (la auxiliar, es condenada solo a una multa) a penas de prisión.

lunes, 5 de agosto de 2013

El botín

Esta entrada ilustra perfectamente el contenido de las dos entradas anteriores del blog. En la primera, Proscripción enfermera, denunciaba la permanencia en la revisada ley del medicamento de un modelo de prescripción enfermera absurdo, dañino y que, auguraba, solo tenía sentido para beneficiar a ciertas élites enfermeras (y a la caverna médica).

En la segunda, Quid pro quo, recuperando el castizo género de la astracanada, reflexionaba sobre la foto del Palacio de la Moncloa, en la que un Presidente del Gobierno tocado y prácticamente hundido, que tanto daño premeditado ha hecho al Sistema Nacional de Salud, se reivindicaba como benefactor y defensor del servicio público, arropado por unas élites profesionales a las que no había más que ver sus caritas para entender que si estaban allí era porque por fin había llegado el momento de exigirles el pago de los servicios prestados.

En la entrada, centraba esos servicios prestados en la colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios al servicio de las administraciones públicas (algo que la disposición adicional primera del anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, como era previsible mantiene), dado que era el factor común a ambas burocracias colegiales, enfermera y médica. Pero ahora, con una lectura más pausada de los contenidos del Acuerdo con las organizaciones enfermeras, no tengo más remedio que rendirme definitivamente ante la inigualable capacidad manipuladora -en el sentido más neutral, descriptivo, del término- del líder del Consejo General de Enfermería, il Dottore  González Jurado, de quien no me cabe duda de que si en su día no hubiera optado por poner sus innegables capacidades al servicio del lado oscuro de la fuerza, sus más de 25 años de liderazgo profesional hubieran podido conducirle a realizar una aportación magnífica, definitiva, al progreso de la enfermería española y al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Son opciones de vida, cada cual elige las suyas. Pero es una lástima tanta capacidad puesta al servicio de valores e intereses tan dudosos.

(I)

Fíjense en el botín que, como ya preví en la primera de las entradas citadas (y siento haber tenido tanta razón), se ha traído de La Moncloa bajo el brazo, ante la beatífica mirada del equipo ministerial y con la firma de la mismísima Ministra, si finalmente -que no puedo ni imaginar semejante desatino, por muy firmado que esté- lo acordado se plasma en el anhelado decreto de desarrollo del artículo 77.1 de la ley del medicamento. Para que se entienda mejor el calibre del botín, he extractado gráficamente algunos puntos del Acuerdo del Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería-Satse con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en lo referido a la 'prescripción enfermera':


  • En primer lugar, se mantiene la diferenciación teórica entre los dos ámbitos de la prescripción enfermera, según se trate de medicamentos sujetos, o no, a receta médica (que, respectivamente, referiremos como medicamentos de receta médica, MRM, o medicamentos y productos de libre dispensación, MPLD).
  • Pero, en segundo lugar, la acreditación de ámbito estatal exigible no se circunscribe a los MRM, sino también a la indicación, uso y autorización de MPLD; es decir, que desde el momento en que entrara en vigor el real decreto de desarrollo de la ley, todos los profesionales de enfermería tendrían que solicitar la oportuna -y tanto, según para quién- acreditación.
  • ¿Y cómo se consigue esta acreditación? Siempre según la letra del Acuerdo, tendremos, al respecto, tres clases de personal:
    • Los graduados en enfermería (sea por haber cursado el Grado o por haberlo convalidado).
    • Los diplomados (y ayudantes técnicos sanitarios, que haberlos, todavía haylos) que posean el título de enfermero especialista (sea adquirido mediante la vía reglada de la formación sanitaria especializada-EIR o por homologación siguiendo la vía excepcional prevista en el decreto 450/2005 sobre especialidades de enfermería).
    • Los diplomados (y ATS) no especialistas.
  • A la primera y segunda clase de personal, como el valor en la mili, la competencia prescriptora se les supone por el mero hecho de haber cursado/homologado el grado o la especialidad. Pero el resto... forman parte del botín.
  • Para los DUE sin especialidad, da igual los créditos sobre el tema que hayan podido obtener durante su diplomatura, "las universidades, el Consejo General de Enfermería y otras entidades profesionales enfermeros [sic] que promuevan su desarrollo profesional continuo [sic]" realizarán una "oferta formativa" para, en un plazo de cinco años, poder obtener las competencias prescriptoras que permitan acceder a la acreditación estatal. Según unos cálculos más bien conservadores, el colectivo afectado será de entre 125.000 y 140.000 efectivos.


  • Es decir, que el Consejo y Satse -a través, se supone, de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud y de Fuden Formación, respectivamente, a ninguna de las cuales se exigirá al parecer más respaldo académico que el de sus respectivas matrices colegial y sindical- se repartirán el pastel de los cursos semi-presenciales para obtener la acreditación prescriptora.
  • Finalmente, un aspecto esencial de este contubernio es que la posesión de la acreditación prescriptora podrá "ser valorada como mérito para la provisión de puestos de trabajo, cuando así lo prevea la normativa correspondiente". Como es bien sabido, tanto el Consejo (a través de la empresa Mibox) como Fuden (a través de su Campus Virtual) han desarrollado sus propios cursos de formación en prescripción enfermera; supongo que lo que ahora esperan es que esos cursillos sean homologados como modalidad de obtención de la acreditación prescriptora de carácter estatal, de manera que representen una ventaja laboral -o al menos pueda venderse como tal- de los colegiados (en los colegios-dirigidos-por-gente-de-orden, naturalmente) y afiliados sindicales. Para apreciar la extremada importancia que este asunto, aparentemente tangencial, tiene para los propósitos de il Dottore, baste señalar que, de los 13 aspectos que destaca el documento Líneas generales del acuerdo entre el MSSSI y la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera que el Consejo ha enviado a los presidentes colegiales, este el el segundo:



Todo esto, en primer lugar, es un montaje, cuyo objetivo no es cualificar y potenciar a la enfermería como profesión, sino el puro mantenimiento y financiación de sus acomodadas élites extractivas. En todos los países y sistemas sanitarios existen mecanismos de acreditación de la competencia prescriptora enfermera, pero lógicamente ello siempre se refiere a medicamentos y productos que requieren algún tipo de autorización facultativa. Así se reguló, sin ir más lejos, en Andalucía hace cuatro años, al parecer, a plena satisfacción de todos los agentes implicados (por cierto, dice el Acuerdo que se establecerá "una regulación excepcional" para las enfermeras prescriptoras andaluzas; es el único punto en el que a los firmantes les han temblado las piernas y no se han atrevido a entrar a saco).


Meter en el mismo ámbito ambos tipos de prescripción para obligar a pasar por el aro (y por caja, de una u otra manera) de la acreditación a todas las enfermeras tiene un claro perfil de estafa política. Por cierto, de la que no solo son culpables el CGE-Satse y la ministra del PP, sino también las dos últimas ministras del PSOE, bajo cuyo mandato se cocinó un montaje cuya autora intelectual fue una enfermera diputada de CiU.

En tercer lugar, es un insulto a la profesionalidad de decenas de miles de enfermeras que YA son de hecho prescriptores autónomos de MPLD en su día a día, sin necesidad de ningún tipo de acreditación, aunque eso sí, gracias a sus nefastas élites, quizás al margen de la ley. Personalmente, estoy absolutamente convencido de que: a) esto, como tantas otras cosas  -por poner solo un ejemplo, mantener el decreto ley de especialidades de 1987 sin desarrollar durante 18 años-, solo se atreven a hacérselo a la enfermería; y b) de que ello solo es posible contando con la connivencia culposa de las élites profesionales enfermeras, más interesadas en sus poltronas que en el progreso de la profesión (y no me refiero solo a las corporativas, también a las expertas en nadar y guardar la ropa).

Uno se pregunta, necesariamente, si era tan difícil para cualquier persona con dos dedos de frente, ministro, médico, enfermera, diputado... aprobar algo similar a lo que aprobó el Gobierno andaluz hace cuatro años; tan sencillo, claro y obvio como esto:


(III)

Lo que a decir verdad no entiendo es por qué, tras tanto tiempo en una postura calculadamente ambigua, el sindicato de Víctor Aznar se ha decidido a dar este salto definitivo al lado oscuro de la fuerza en tan pésima compañía. ¿Solo por la pasta, por una oferta de reparto del negocio? Aunque no creo que la respuesta sea tan simple: debe ser algo muy complejo o complicado, demasiado sin duda para una mente simple como la mía, ya que hace solo un mes, en su diario Mundo Sanitario del 16-30 de junio, Satse nos decía que...



Me comenta un aznarólogo (no es una cita literal, sino el resumen de un largo Skype):
A mí me da la impresión de que al viejo zorro que es Víctor Aznar alguien se la ha metido doblada, que ha buscado un pésimo asesoramiento o confiado en quien no debiera. Decidido por fin a dar el salto, tantos años que si sí que si no, y tender la mano a Máximo para crear un frente enfermero conjunto, al final ha demostrado la verdadera razón por la cual, más allá de pequeñas escaramuzas dialécticas, nunca se atrevió a plantarle cara: a su lado, y menos frente a él, Víctor no es sino un aficionado y además tiene escrúpulos y límites, así que ha caído en sus garras como un inocente corderito, apareciendo como avalista de algo infumable para la profesión; porque en derecho, eso se llama 'colaborador necesario'. Como viejo zorro, hubiera hecho mejor en confiar en su instinto y esperar la dorada jubilación (la suya propia y/o la de Máximo) siguiendo, como hasta ahora, dedicado a sus cosas, con ese perfil bajo, alejado de los focos y micrófonos que le caracteriza y tanto le va, en su confortable pequeño mundo: porque cuando ha salido al alto mundo de la política de verdad, Máximo se lo ha zampado en un plisplás: lo ha anulado como potencial alternativa cuando se jubile en el CIE. Ahora, naturalmente, tendrá que explicarse ante sus afiliados y ante el conjunto de la profesión sobre la verdadera razón por la que no cree que ellos sean profesionales preparados para la indicación, uso y autorización de aspirinas, betadine, sueros nasales o antiácidos y, por tanto, deberán solicitar una acreditación para seguir haciendo a la luz del día lo que ya vienen haciendo más o menos de tapadillo.

En fin, como no todo va a ser negativo, esta vuelta de tuerca impúdica del Consejo-Satse ha provocado que, si no recuerdo mal por vez primera en muchos años, un reducido grupo de colegios provinciales haya decidido decir basta. El frente mediterráneo (Alicante, Baleares, Castellón, Murcia y Valencia) ha emitido un duro comunicado en el que manifiesta su discrepancia, tanto en las formas (el bien sabido matonismo  del boss, es decir, aplaudes o te callas) como en el fondo del Acuerdo con el Ministerio de Sanidad. En cuanto a las formas:
Estamos en total desacuerdo con las formas en que fue presentado el contenido del Acuerdo a la Asamblea General de Colegios que tuvo lugar el día 29 de julio, justo un día antes de su firma, dado que no se permitió (a pesar de haberse solicitado) el acceso al contenido del mismo hasta el citado día de la reunión de presidentes colegiales, con la dificultad que ello entraña para poder emitir una opinión al respecto de una cuestión tan importante como la señalada.
Tenemos que denunciar las amenazas que se profirieron por parte del presidente del Consejo General de Enfermería hacia todo aquel presidente de Colegio que hiciera público el contenido del documento entregado el mismo día de la Asamblea referida. Por tal motivo, las respectivas juntas directivas de los Colegios eran ajenas a lo que se iba a firmar y los presidentes de los respectivos Colegios se vieron obligados a emitir un voto crucial sin poder analizar la propuesta de forma mínimamente adecuada.
Y en cuanto al fondo:
Rechazamos rotundamente el borrador de proyecto normativo por el que se regula la indicación, uso y dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros (Prescripción enfermera) y ello en base a que consideramos que los profesionales de Enfermería tienen la suficiente preparación y formación universitaria como para dispensar aquellos medicamentos y productos farmacéuticos NO sujetos a prescripción médica que utilizan en su quehacer diario, y ello sin necesidad de hacer ninguna formación adicional que les acredite para tal menester. En este sentido, hay que recordar que nos estamos refiriendo a los productos sanitarios que cualquier ciudadano puede adquirir sin ningún problema en una oficina de farmacia. Por ende, el gasto en dicha formación sería, además de innecesario, doblemente improcedente en la situación de graves recortes presupuestarios en la que nos encontramos.
(III)

Una observación final: no resulta difícil, aunque solo fuera como accidente geográfico, echar de menos en este comunicado al Consejo catalán (y su principal ideólogo, el Colegio de Barcelona), único ámbito corporativo que en el intenso debate de 2005-2006 presentó una propuesta verdaderamente avanzada sobre prescripción enfermera. Su presencia cerraría este frente mediterráneo, pero es evidente que ya han olvidado lo que decían entonces; por ejemplo:
Para alcanzar la meta deseada, las enfermeras disponen de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas durante su formación básica y continuada, y en el ejercicio profesional de una práctica reflexiva, que permite ir aumentando el nivel de expertez y mejorando los procesos de toma de decisiones autónomas. Así, las competencias adquiridas, las capacitan para valorar y diagnosticar ciertas situaciones que afectan la realización de las actividades vitales. En estos casos, la enfermera prescribe el tratamiento más adecuado y determina quien ha de llevar a cabo las acciones y cuales son los recursos necesarios para concretarlo; es la responsable del resultado final, y es por eso que tiene la competencia y la autoridad necesarias para dirigir todo el proceso.
Expertos ya, a estas alturas, en nadar y guardar la ropa, el conseguido Consejo Enfermero Mundial (y, según me comentan, algún otro tema menor de carácter pecuniario) bien valen una misa, así que el Colegio de Barcelona, según cuenta el citado comunicado de los cinco colegios opositores, decidió no asistir a la reunión del Consejo General en la que se debatió (es un pourparler) el Acuerdo con el Ministerio de Sanidad. De esta fácil pero antidemocrática manera, los electores de su Junta Directiva no podrían recriminarles su apoyo a un acuerdo que traiciona de manera tan evidente a la profesión, pero tampoco il Dottore podría indignarse y adoptar represalias ante una posición tan hostil a sus pretensiones. Lo de siempre, conveniencias, no convicciones, etc.

Lo mismo, por cierto, que hizo al parecer el Colegio de Madrid, en manos de Satse y hasta hace un par de meses claramente enfrentado a il Dottore: no asistir era la única manera de salvar la cara sin enfrentarse a su nuevo e inesperado socio, pero sin quedar en evidencia total antes sus electores.

A fin de cuentas, lo que estaba en juego sólo era la misma dignidad de la profesión. Vaya tropa, joder...